Representantes de organizaciones sindicales y sociales,
además de legisladores y diputados nacionales hicieron una conferencia de
prensa en la sede de la CTA
(Lima 609) para poner en marcha una serie de tareas conjuntas para que el
Estado asuma la responsabilidad de reparar el daño producido en el marco de la
catástrofe social generada por las inundaciones de la región metropolitana.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz leyó el documento conjunto que es un ejemplo
de teoría y acción.
Entre las organizaciones presentes estuvieron la Federación Universitaria
Argentina, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Libres del Sur, el
Partido Obrero, el Movimiento “Teresa Vive”, COB- La Brecha , Barios de Pie,
Proyecto Sur, Colectivo por la igualdad, Partido Social, Liberpueblo,
Federación Universitaria Buenos Aires, DEUCO, además de Cicop, ATE, CTA
provincia de Buenos Aires e integrantes de la Mesa Nacional de la Central.
Aquí el texto completo:
Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos hacer
llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso solidario en estas horas
de dolor y de bronca para nuestro pueblo.
Las recientes inundaciones son acontecimientos de una
gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias,
imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos,
causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus posibilidades
de supervivencia.
Esto constituye una catástrofe, y afirmamos que toda
catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no podemos ignorar,
mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro
pueblo.
Intentando afrontar ese desafío desde el primer momento, con
nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del
Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta, y el
abandono de sus obligaciones esenciales. La reacción masiva y solidaria de los
trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de
organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este
trance, y pone de manifiesto de un modo dramático, la necesidad de que el
estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades.
La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra
día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado. La indefensión social de los
miles de afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables,
como alimentos, agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe
hacerse de un modo inmediato. Y las soluciones de fondo, que requieren la
articulación de toda la sociedad, también deben ser conducidas por el estado.
Solidarizarse es comprometerse con los derechos de las
víctima
Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer
compromiso es con los derechos humanos, individuales y colectivos, de las
víctimas. Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar claro es que
a los ciudadanos nos corresponde organizarnos y defender nuestros derechos,
dentro del marco legal, pero es el Estado el responsable de garantizar los
derechos de todos los habitantes, sin distinción.
Desde esa convicción, queremos compartir algunas reflexiones
sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar en las cosas que,
en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas, que
inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.
El modelo no es inocente
Un modelo de “desarrollo” basado en la apropiación del
territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las concentraciones
urbanas. Así, el esquema de agronegocios extiende sin límites la superficie
cultivada de soja, avanzando sobre las comunidades, los campesinos y los
pueblos originarios, destruyendo los bosques naturales y degradando los suelos.
Un modelo minero de grandes explotaciones que destruye montañas enteras junto
con su ecosistema, un modelo energético extractivista que, además de agotar las
reservas de hidrocarburos, ahora también pretende experimentar con tecnologías
altamente contaminantes de suelos y napas (fracking), y un modelo industrial
basado en sectores como el automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de
combustibles y con el desarrollo de carreteras para el transporte de personas y
mercancías, terminó alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense. A
esto se refieren los “expertos” cuando hablan de fenómenos que son inusuales
(en relación con el pasado) pero que “han venido para quedarse”.
Un modelo de desarrollo urbano “planificado” desde la
especulación inmobiliaria, con escasa regulación y control estatal, que
prioriza la construcción en altura sobre los espacios verdes, los barrios
privados construidos sobre humedales, los mega-centros comerciales, el asfalto
urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los desagües, reduciendo las
superficies de absorción del agua y, en definitiva, aumentando la posibilidad
de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de
muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que
semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en localidades como
Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas
como Buenos Aires o La Plata.
Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la
necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano que han
conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino como una
necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la
destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es
necesario cambiar el rumbo. Se necesita otro modelo económico, y otro modelo de
desarrollo urbano, que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de
las presentes y futuras generaciones.
Las administraciones Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires, de la Ciudad
de Buenos Aires y de la
Municipalidad de La
Plata no han puesto límites a estos modelos. Por el
contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones. Prueba de
ello son el dictado de normas como la reforma del código de planificación
urbana de la ciudad de La Plata ,
del año 2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura porteña en
noviembre de 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que
apoyan al gobierno de la Ciudad
y al gobierno nacional, el hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciares, el
desfinanciamiento de la Ley
de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no
convencionales, y a la instalación de plantas productoras de semillas por la
multinacional Monsanto, entre otros muchos ejemplos.
Falta de prevención
La planificación y ejecución de planes integrales de
infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las
consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal herramienta de
prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado. Denunciamos la
falsedad de los argumentos en el sentido de que “todo lo que se hace es poco”,
cuando los presupuestos de las jurisdicciones afectadas demuestran que no se
están ejecutando todas las partidas previstas en este tipo de obra.
Es deber irrenunciable de las administraciones planificar y
regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente produce.
Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia de Buenos
Aires y 6 en la Ciudad
de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que
ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, ni el de la Ciudad
de Buenos Aires, cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son
previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni centros de evacuación, ni
personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población
sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata , ya desde 2007 existen
informes elaborados por la UNLP
que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras
necesarias.
Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno
del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus
responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse
imprevisibles.
Invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones
populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, tendiente a
obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que apunten a
resolver estas cuestiones.
Sistemas de reparación inadecuados, insuficientes o
inexistentes
Resultan inaceptables, en este sentido, las líneas de
crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos
bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de
satisfacer sus necesidades más elementales.
El dictado de normas para reparar adecuadamente las
consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable, pero además, debe
convertirse en una oportunidad para que se legisle contemplando una
problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones, y a los
municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas del
área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades
metropolitanas. Las diferencias de signo político de las administraciones no
pueden estar por encima de las necesidades de los habitantes.
La única norma vigente, ya mencionada, resulta insuficiente
en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse sustancialmente. Además, la
experiencia en su implementación muestra notorios incumplimientos, habida
cuenta que aún no se han pagado totalmente los subsidios tramitados con motivo
de los desastres de 2010.
Por otra parte, está basada en la lógica del reclamo
individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar del de
reparación integral. Entendemos que tratándose de una catástrofe de las
dimensiones del caso, la norma tendiente a reparar los daños no puede basarse
en la sumatoria de los reclamos individuales, sino en una actividad organizada
por el estado, de relevamiento censal de los hogares afectados, de estimación
financiera de daños, y de provisión gratuita de toda otra asistencia médica,
social, jurídica, psicológica y laboral necesaria. Con estas definiciones,
rechazamos la idea de que las cantidades asignadas a cada solicitante puedan
tener un techo fijado de antemano. Si el sistema se basa en la reparación
integral, no puede tener un límite con carácter previo a la valoración de las
pérdidas.
Asimismo, resulta indispensable eximir del pago de impuestos
a las familias y a las pequeñas y medianas empresas afectadas, al menos por el
corriente ejercicio.
Creemos que el esfuerzo en la emergencia no puede depender
de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino, demostrada con creces en
estos días. Al Estado le corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando
por volcar al mismo una parte importante de la administración, pero también
exigir el apoyo de las grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el
país, principales beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en
todo cuanto de su producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua
potable envasada, alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.
En el caso particular del Estado nacional, que cuenta con
recursos financieros propios superiores, y con capacidad de endeudamiento con
el Banco Central y con la ANSeS ,
que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su responsabilidad en
el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige la creación
urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación integral de los
daños sufridos por la población.
Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en
este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de
la Provincia
de Buenos Aires, a que sesionen de forma inmediata para dictar las normas que
correspondan para facilitar el esfuerzo social que se requiere.
No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta
inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando
religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída
por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a
pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.
Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores,
estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos, intelectuales, a
debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen los mismos
objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.
Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que
estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos convocamos, y
convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a funcionar en
forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha
por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia,
exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus
responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.
Proponemos, para ello, desplegar actividades en tres planos:
a) Poner a disposición de los hogares afectados por esta
catástrofe la implantación territorial de nuestras organizaciones, para
asistirlos en la articulación de todas las iniciativas, reclamos,
presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones, medidas
de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de la
demanda a las autoridades de cada jurisdicción.
b) Poner a disposición de este objetivo toda la inserción
institucional de nuestras organizaciones, en particular las representaciones en
ámbitos legislativos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y
municipales, para trabajar coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de
esos ámbitos y el tratamiento urgente de las iniciativas tendientes a dar
solución a esta emergencia y a abordar los temas de fondo.
c) Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos en las acciones
de solidaridad popular, incrementando los niveles de coordinación entre todas
nuestras organizaciones, en áreas tales como donación y reparto de bienes,
asistencia jurídica, asistencia psicológica, etc., para lo cual ponemos a
disposición de todos un listado de puntos de concentración de las diferentes
tareas, en diferentes puntos geográficos.
Fuente:
La tormenta tiene causas naturales, la catástrofe no, 09/04/13, Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz. Consultado 10/04/13.
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