Desalojo, enfermedad e impunidad en Piquillín

Siguen los desalojos en la provincia de Córdoba, dos familias de la localidad de Piquillín, lo perdieron todo.

Trabajadores campesinos que vivían en el paraje “Tres Esquinas” (a 50 km de la capital cordobesa) sin cometer ningún delito, fueron desalojados de sus propiedades y despojados de su lugar  de pertenencia, derrumbaron sus casas y borraron toda huella territorial de su existencia, sin derecho alguno. Las familias Gonzales y Bulchi, son la segunda generación de jornaleros vecinos y amigos del lugar, quienes hoy están en la calle por orden de la Justicia de Córdoba.

Los hechos son consecuencia de una disputa judicial, como se denomina hoy a los arreglos que llevan adelante empresarios del agronegocio, entre el empresario de apellido Cáttaneo quien trabajaba el campo, a su vez propietario de Estaciones de Servicio en Monte Cristo, donde actualmente reside y Sara Jabase, quien se adjudica a su vez 180 hectáreas y principal denunciante penal en la posterior detención de Roque Ariel Ceballos, Agustin Elena, Nicolas Rabiolo, Eduardo Gonzalez, Jose Gonzalez, Walter Diaz, Eduardo Belelli, Pedro Pantalla, Rolando Gonzalez, Julio Gonzalez, Viviana Diaz, Aldo Diaz, Pablo Gutierrez, Nahuel Medina (menor), Gaston Olivera (menor) y Veronica Aparicio abogada del Movimiento Campesino de Córdoba, imputados por usurpación con la actuación del Fiscal Victor Hugo Chiappero.

En un acto de irregular y sospechoso manejo procesal, las familias Gonzales y Bulchi, nunca fueron avisados que detrás de su futuro corría una acción judicial que los dejaría brutalmente en la calle. Al momento de violentar las propiedades, una máquina topadora y personal policial, desalojaron a menores en ausencia de su padres. En ese momento Rolando Gonzalez uno de los damnificados, se encontraba  con su mujer en el Hospital Córdoba de nuestra ciudad, internada en terapia intensiva. El domingo 14 de abril intentaron defender su único techo, en el caso de Gonzales, asegurarle a su esposa un lugar de regreso para su pronta recuperación, pero fue detenido junto a los compañeros del MCC que se solidarizaron con las víctimas. Por la tarde y con demora policial a cargo del comisario Leonardo Gutierrez, lo dejan en libertad, debido a que el estado de su mujer se agravó. Tras pasar toda la noche en el hospital, tenemos que informar que Rolando no solo ha perdido su hogar además, a su querida esposa.

Lo que no se disputa es el agronegocio

En la zona del departamento Río Primero logramos visibilizar en los alrededores sembradío de soja, incluso el mismo campo era explotado bajo ésta actividad. En un informe de Funam del 11 de enero de 2004 se denuncia: “Los vecinos de Monte Cristo, localidad cercana a la ciudad de Córdoba, denunciaron hoy en la sede de FUNAM que la fumigación con plaguicidas “continúa indiscriminadamente” y que en el mes de enero “se agravará”.

Juan Palacios, del grupo de vecinos de Monte Cristo indicó que, el número de enfermos “sigue creciendo ante la insensibilidad de las autoridades”. Utilizando técnicas de epidemiología popular los vecinos relevaron 37 casos oncológicos de los cuales 4 son de leucemia, 29 malformaciones congénitas, 6 casos de asma, 5 lupus y 4 casos de púrpura (2003-2004). El caso de Madres de Barrio Ituzaingó, el Lupus estaba dentro de las malformaciones, leucemia y cáncer que afectó a niños y adultos, por el cual una sentencia del Juicio a la Fumigaciones en el 2012, determinó que es delito fumigar.

La mujer campesina desalojada que falleció al mediodía del lunes 15 de abril, según un parte médico, habla de un problema congénito. Hasta ayer nos comunicaba su marido, de una enfermedad en la sangre, de Lupus. Más allá de este episodio confuso, la familia ha recibido solidaridad de los vecinos del lugar y de distintos funcionarios locales, nos confirma Germán Pez y nos recuerda que el próximo sábado 20 de abril, como lo tenían previsto, se llevará adelante el encuentro “Buen Vivir: Territorio sin Veneno”  en Sebastián Elcano, en el marco del día internacional de la lucha campesina.

Desde la secretaría del Legislador Pedro Shiavoni de Unión por Córdoba, por el Deparatmento Río Primero, nos informan que el funcionario “se esta preocupando por lo social”, de hecho se acercaron al Hospital Córdoba y asistieron con ayuda económica para los remedios de la mujer campesina fallecida. Así mismo van a trabajar únicamente desde el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a las familias desalojadas con un alquiler en la zona de Monte Cristo hasta que se resuelva la situación judicial. La información que poseen de la justicia es que “el fiscal dictaminó el desalojo”, al momento de reconocer que esto es algo “impropio” porque efectivamente ellos saben que se trata de dos generaciones de jornaleros que habitaron esas tierras.

En dialogo con Ramiro Fresneda Abogado del MCC y director de Apoyo a las Organizaciones y Agricultura Familiar de la Nación nos comunica que es “obsceno” el proceder sin notificación previa, “habla de una irregularidad muy grave, que indica una gravedad institucional de relevancia en tanto y en cuanto el poder Judicial de Córdoba tiene que salir a dar explicaciones por ésta situación”. Las personas que disputan éstas tierras son empresarios y nos confirma que de un “alto poder económico”. A su vez en su preocupación se pregunta “como hicieron para soslayar la presencia y existencia de las familias” refiriéndose a la sentencia donde se le da la tenencia a una de las partes porque “los verdaderos poseedores que viven en la tierra son desalojados sin ningún tipo de notificación previa”.

Existe una ley de tierras que impulsa el Frente para la Victoria donde el mismo Fresneda nos comenta los puntos importantes de la misma y nos habla de Monsanto “Nosotros queremos que la disputa al agronegocio en términos de estado de derecho, tiene que ver con poder demostrar, mostrar y fortalecer otro modelo productivo que tiene que ver con la diversidad”. A su vez propone una política nacional y popular para el agro “Como estado tenemos que trabajar para dar seguridad a las distintas formas de seguridad en argentina, nosotros creemos y tomamos posición con respecto a este tema, por un fuerte debate de la función social de la tierra, de la soberanía alimentaria, de quien pone los alimentos en la mesa de los argentinos, alimentos sanos y que se permita construir una propuesta productiva, productivo en lo ambiental”. Al plantear un desafío habla de “no seguir expandiendo la frontera agropecuaria de esta manera donde la destrucción es muy fuerte”.

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Fuente:

Desalojo, enfermedad e impunidad en Piquillín, 16/04/13, ECOS Córdoba. Consultado 17/04/13.