Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas

La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.

Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.

Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.

Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.

El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.

Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.

Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.

La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.

En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.

La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.

La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.

El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.

La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.

En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.

Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.

En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.

Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.

Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.

No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.

La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.

De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.

Fuente:

Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas, 09/09/12, El Liberal.