La policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a
asambleístas que rechazan la megaminería. En 2012 hubo seis represiones sobre
militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a
dejar la provincia. El Estado-minero y los derechos humanos.
por Darío Aranda
Seis represiones en sólo siete meses en Catamarca, siempre
en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. Esta vez fue en Cerro
Negro, donde la policía provincial y un grupo auto denominado “pro minero”
avanzaron sobre el corte en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60, al
oeste provincial, donde se bloqueaba desde el lunes el paso de camiones de
Minera Alumbrera, el mayor yacimiento metalífero del país. “Los principales
responsables de esta represión son la gobernadora Lucía Corpacci y el gobierno
nacional que es el aliado incondicional de las corporaciones mineras”, denunció
Jorge Ramos, asambleísta de Andalgalá (Catamarca). 56 militantes fueron
forzados por la policía a dejar la provincia.
“Acampe nacional contra la megaminería”, es el nombre del
colectivo que desde el 9 de julio se instaló en la intersección de las rutas
nacionales 40 y 60, lugar estratégico de paso para los vehículos de Minera
Alumbrera -empresa en manos de las compañías Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold-,
que desde hace quince años extrae oro, cobre y molibdeno del oeste de
Catamarca. El acampe estaba integrado por militantes de Catamarca, Córdoba, La Rioja , Santa Fe, San Juan y
Buenos Aires.
Ayer a las 14 llegaron hasta el acampe 120 personas que se
identificaron como “pro mineros” (y que los asambleístas llaman “patota de
Alumbrera”). A los pocos minutos llegaron tres decenas de efectivos de
infantería (que se sumaron a los diez policías que ya estaban en el lugar). A
las 14:40, la fiscal provincial Silvia Alvarez informó que tenía orden de
permitir el paso de un camión con explosivos con destino a Alumbrera.
Ante la magnitud del operativo, las asambleas y
organizaciones sociales del acampe decidieron dejar la ruta. El camión pasó.
Media hora después, el grupo de choque comenzó a tirar
piedras y bombas de estruendo sobre el acampe. La fiscal Alvarez notificó que
(además de liberar la ruta) tenía orden de levantar el acampe. Los efectivos de
infantería -caras tapadas, escudos, bastones e itakas- dieron diez minutos para
levantar el acampe. La fiscal nunca mostró la orden de desalojo.
Para evitar mayor violencia, las asambleas levantaron el
acampe.
Cerro Negro está ubicado a sólo tres kilómetros del límite
con La Rioja. Hacia
esa provincia quisieron marchar para reagruparse, pero sobrevino lo insólito:
el micro que llevaba 56 personas del acampe fue obligado continuar camino hacia
Córdoba, seguido por la policía catamarqueña.
“Quisieron bajarse en el primer pueblo de La Rioja , pero la policía los
reprimió y los volvió a subir a palazos”, denunció Ramos, asambleísta de
Andalgalá. En el micro viajaban, entre otros, militantes de la Coordinadora de
Organizaciones y Movimiento Populares de Argentina (Compa), Quebracho, CTD
Aníbal Verón y del Movimiento Estudiantil Liberación.
A la medianoche, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) –que
transmitió los hechos todo el día desde su radio online– logró comunicarse con
los militantes del micro. Explicaron que la policía los obligó a continuar
viaje hasta Córdoba con una excusa del mundo del revés: les dijo que la patota
minera seguía el micro, que ellos (la policía) no podía garantizar su
integridad y por eso los “custodiaba” hasta Córdoba.
“Es increíble cómo la patota de Alumbrera y la policía de la
provincia articulan la represión, se complementan. Todo ante la mirada de la
gobernadora, la ceguera de los jueces y el silencio cómplice del gobierno
nacional”, denunció Martín Musarra, asambleísta de Catamarca y periodista de la
radio comunitaria El Algarrobo.
Botón de muestra
Bajo la
Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos
de cobre del mundo y entre los 15 de oro. La campaña publicitaria de la empresa
y el poder político de turno prometía la construcción de un barrio para cinco
mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas
asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó.
Alumbrera acumula denuncias por contaminación del dique de
colas (un basurero minero de 30 hectáreas y 150 metros de
profundidad), roturas del mineraloducto (un caño de 300 kilómetros de
extensión que traslada el mineral en forma de barro a presión) y el monumental
consumo de agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por
segundo, 66.000 litros
por minuto, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.
La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litros de agua por
día. La
Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere,
para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por
día agua equivalente a dos millones de personas.
A fines de 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua
Rica, un proyecto minero de oro, plata, cobre y molibdeno en manos de la
canadiense Yamana (accionista de Alumbrera) y publicitado como tres veces más
grande que el yacimiento en explotación. El agravante: se ubicará a sólo 17 kilómetros del
centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región (el
Blanco, Candado y el Minas). El nuevo yacimiento tiene permiso para usar 390 litros de agua por
segundo, casi 34 millones por día.
En marzo de 2010 se conoció que el gobierno provincial había
otorgado el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación
minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarían sus
viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. La
beneficiada era la empresa Billiton Argentina BV, perteneciente al grupo
internacional BHP Billiton.
El proyecto se llamó “Pilciao 16” y la documentación oficial
(expediente 770B2005) confirmaba la posibilidad de expropiar viviendas para que
avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el
departamento de Andalgalá pesaban 280 permisos mineros de prospección y
exploración. Sólo Pilciao 16 involucraba 4.465 hectáreas , gran
parte del casco urbano.
La movilización popular, y la lluvia de críticas al gobierno
provincial, hicieron dar marcha atrás con Pilciao 16. La voracidad minera fue
ganando voces críticas en Catamarca.
Represiones
En diciembre de 2009, asambleístas de Andalgalá, Santa María
y Belén cortaron el camino de acceso al proyecto minero Agua Rica. El 15 de
febrero de 2010, al anochecer, sufrieron una dura represión por parte de la
policía provincial. ¿El motivo? Que la maquinaria de Yamana Gold pudiera
avanzar con Agua Rica. Hubo masivas movilizaciones y el Poder Judicial
suspendió el proyecto hasta que exista “paz social”.
En enero de 2012, las asambleas catamarqueñas cortaron los
caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas en Santa
María.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y
represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas
veinte personas (entre ellas un chico de 13 años). Muy similar a la represión
de ayer.
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
El jueves 9 de febrero, en un discurso público, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó una puesta en escena con
un “trabajador” minero que reivindicó la actividad y cuestionó a los
ambientalistas.
Sólo nueve horas después, el viernes 10 de febrero a las
3.45 de la noche, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle,
donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. El mismo día, a
las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres,
mujeres y niños. Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases
lacrimógenos para todos. Fue transmitido en directa por el Canal TN (del Grupo
Clarín) y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá).
El mismo día, la
Asamblea de Tinogasta restableció el corte.
El 13 de febrero, allanaron las casas de ocho asambleístas
de Andalgalá. Por orden de la fiscal Karina Name, ingresaron a las viviendas en
busca de armas y bombas molotov. No encontraron nada.
Durante diez días, un grupo de personas vinculadas a la
actividad minera bloqueó el acceso a Andalgalá. Durante diez días, cerró la
entrada y salida a todos los que suponían eran críticos a la actividad
extractiva. En un virtual estado de sitio, cerraron el paso a asambleístas,
periodistas e incluso diputados nacionales.
El 15 de febrero, impulsado por el Gobierno Nacional, se
conformó la
Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada
por Jujuy, Salta, La Rioja ,
San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. Un claro
respaldo a la actividad minera. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM),
que reúne a las grandes empresas del sector, celebró la creación de la Ofemi (incluso firmó el acta
de conformación).
El 12 de mayo, otra vez en Tinogasta, la policía avanzó
sobre el bloque y detuvo a tres asambleístas.
El 1 de junio, la gobernadora Lucía Corpacci solicitó a la Corte de Justicia provincial
que ordene el desalojo del bloqueo selectivo de Tinogasta.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, Amelia
Sesto de Leiva, no tardó en responder: señaló que “la cárcel es la solución
para los ambientalistas”.
El jueves, en discurso transmitido por Canal 7, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que la megaminera brasileña
Vale invertirá 29.500 millones de pesos en un proyecto destinado a la
extracción de potasio en la localidad mendocina de Malargüe. El proyecto es muy
cuestionado por las asambleas socioambientales de Cuyo por el enorme consumo de
agua y gas que conlleva. Y la empresa Vale acumula denuncias de contaminación y
vulneración de derechos en Brasil, Mozambique, Canadá, Indonesia y Colombia,
todos países donde opera.
El proyecto (llamado “Potasio Río Colorado”), afectará a
cuatro provincias: Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Ante los
directores de la compañía Vale y con la presencia de los gobernadores de la Ofemi (Organización Federal
de Estados Mineros), la presidenta celebró: “Este mega emprendimiento es hoy
el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de Potasio (…) Es un
emprendimiento formidable que nos convierte en el tercer exportador mundial de
Potasio y quinto productor mundial (…) Queremos agradecer a la gente de Vale
que hayan confiado en el país. Porque hay que poner 29.500 millones de pesos,
hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un
país para poder hacer semejante inversión. Y quédense tranquilos que eligieron
bien, que no se equivocaron”.
Menos de 24 horas después, la policía de Catamarca avanzó
sobre el bloque y el acampe de las asambleas que cuestionan la megaminería.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina
de Abogados Ambientales, destacó que “no son casuales las coincidencias”. “En
febrero, la Presidenta
se burló de las luchas socioambientales y al día siguiente hubo represión. Ayer
(por el jueves), transmitido por todos los canales, se tiró flores con el
máximo directivo de Vale, una empresa muy cuestionada, incluso más cuestionada
que la misma Barrick Gold. Esas acciones públicas no son inocentes, son
espaldarazos políticos para que los gobernadores avancen, tienen vía libre”.
El modelo
Cerro Negro está ubicado a 70 kilómetros de la
ciudad de Tinogasta, donde desde enero pasado se mantiene el bloqueo a camiones
mineros en la ruta 60. En ese lugar, Paso San Francisco, hubo dos represiones
en cuatro meses (febrero y mayo) sobre la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua. Darío Moreno,
de Tinogasta y también presente en Cerro Negro, denunció que “ya son al menos
50 los activistas procesados por luchar contra el la minería en Catamarca”.
En el acampe rechazaron que se los catalogue como
“antimineros” y precisaron que no rechazan la minería. “No estamos contra la
minería, estamos en contra la megaminería transnacional, parte del modelo extractivo
de saqueo y contaminación, donde también entran la soja transgénica con
agrotóxicos, el robo del petróleo y este invento de contaminación que se llama
gas no convencional”, precisó Darío Moreno.
La asamblea de Tinogasta denuncia que, sólo en ese departamento,
existen ocho proyectos mineros en estudio, incluso un emprendimiento de uranio
a sólo diez cuadras del centro del pueblo.
Derechos Humanos
“La criminalización en países de América Latina ocurre con
el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a
actividades y proyectos extractivos”, advierte el Observatorio de Conflictos
Ambientales de América Latina (Ocmal) en su último informe “Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina”. Y aclara que la
criminalización se expresa con procesos judiciales, amenazas contra la vida,
agresiones, militarización, represión y, también, asesinatos.
El informe, de 180 carillas, resalta coincidencias que se
repiten en todos los países de la región: “Los Estados han aceptado cumplir el
rol de guardianes del sistema extractivista protegiendo sus intereses a costa
de la integridad, seguridad, y derechos de las poblaciones nacionales. La
criminalización se torna una práctica común tanto en gobiernos neoliberales
como en los llamados ‘progresistas’ (…) Cada derecho otorgado a una empresa
extractiva transnacional significa la resta de uno o varios derechos a las
comunidades afectadas”.
Enrique Viale, de la organización Abogados Ambientalistas,
evaluó que la megaminería “sólo puede avanzar así, con violencia,
criminalizando la protesta porque no hay licencia social, sólo la pueden
imponer con violencia. El Gobierno Nacional terciariza la represión con las
provincias, y éstas hacen el trabajo sucio junto a grupos de choque. Cerro
Negro es un claro ejemplo de esa represión”.
Ayer a la mañana, previo a la represión, el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez
Esquivel entregó un documento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la
violencia hacia quienes protestan contra el modelo extractivo. “Solicitamos al
máximo órgano del Poder Judicial de la Nación la adopción de las medidas peticionadas
con suma urgencia a los efectos de tutelar y proteger los derechos
fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar,
a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los
habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al
ambiente y la naturaleza”, comienza el escrito.
El documento entregado al máximo tribunal alerta que en las
provincias “se incrementa de forma notable la criminalización de la protesta
social”, denuncia que el Estado (en sus distintos niveles) “tienen como
objetivo la intimidación y el acallar las voces y acciones de resistencia de
los pueblos frente a proyectos extractivos”.
“Tal como se observa en Catamarca, respecto a la represión
de las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta no existe
un Estado de Derecho. Existe una connivencia absoluta entre el Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial, donde éste último no tiene ninguna independencia y, por lo
tanto, el derecho de defensa es de imposible ejercicio”, afirma el documento,
encabezado por Perez Esquivel y también firmado por Hermes Binner, diputados
(Jorge Cardelli, Victoria Donda, Roy Cortina, Omar Duclós, Pablo Bergel),
académicos (Maristella Svampa y Andrés Carrasco) y una decena de organizaciones
sociales.
Horas antes de la represión en Catamarca, el documento
presentado ante la Corte
Suprema advertía: “Las personas que actualmente participan
del bloqueo selectivo en Cerro Negro defienden los derechos humanos, el
territorio, la salud, la vida, la biodiversidad y los bienes comunes, y ejercen
su derecho a preservar y proteger el ambiente y demás derechos fundamentales
(…) El Gobierno de Catamarca y el Estado Nacional tienen antecedentes sólidos
de ejercer violencia institucional sobre las personas que protestan contra los
emprendimientos megamineros”.
El documento, de doce carillas, alerta sobre la situación
puntual de Cerro Negro, y lo hace extensivo a todas las luchas contra el modelo
extractivo (megaminería, agronegocios): “Resulta crítica y riesgosa la
situación en la que se encuentran las comunidades y asambleas. Las autoridades
que tienen como fin controlar a los Estados y proteger a los habitantes tienen
la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que continúen
estas violaciones a los derechos humanos”. Los firmantes del documentos,
encabezado por el Nobel de la Paz ,
exigieron que los conflictos sean resueltos por la vía democrática “y no a
través de la violencia estatal o privada”.
El documento fue presentado ante la Corte Suprema de
Justicia, la
Defensoría General de la Nación y, también, ante el secretario de Derechos
Humanos de la Nación ,
Martín Fresneda.
Dos horas después, el Estado-minero no se dio por enterado y
volvió a reprimir en Catamarca.
Entradas relacionadas:
Bloqueo en Cerro Negro, para detener un proyecto 3 veces más grande y contaminador que Alumbrera
Acampe contra la minería
Cerro Negro y Buenos Aires: el contagio antiminero
Cronología del desalojo en Cerro NegroFuentes:
Darío Aranda, 21/07/12, Represión a cielo abierto.
Dibujo por Chelo Candia, de la serie Un dibujo pordía contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario