jueves, 26 de julio de 2012

Denuncian que hay “ñoquis” en la secretaría de Ambiente

Lo aseguró Facundo Fernández, biólogo ex trabajador de la secretaría de Ambiente de la Provincia, del área de control y fiscalización ambiental. El pasado 23 de julio se reveló que 19 empleados del organismo público habían sido desafectados.

En una entrevista realizada en el programa “Nada del otro Mundo” de Radio Universidad, Fernández sostuvo: “A mí me dieron la baja, junto con 18 compañeros más, el día 28 de junio. Siempre sin motivo, sin incumplimiento de las obligaciones laborales o alguna causa relacionada con un legajo”.

“El motivo habría estado relacionado con lo que ocurrió con la fatídica ley de bosques porque ha algunos de los compañeros que ingresamos a la secretaría nos adjudicaban que estábamos a favor del proyecto de ley que procuraba la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN)”, señaló y agregó: “Generamos informes desde la secretaría que no fueron respetados por los legisladores provinciales. Es desde ahí que se nos comienza a perseguir ideológicamente. Al ser contratado les fue más fácil desafectarme”.

“En 2010 dijimos bien claro que íbamos a ir a la prensa a denunciar la inmensa cantidad de ñoquis que había en la secretaría de Ambiente, que cobraban sueldos sin siquiera asistir a la secretaría. Todos los compañeros sabíamos que había personas que iban a cobrar sus sueldos y que nunca estaban. Muchas veces personal con cargos jerárquicos que nunca estaban. Con la nueva gestión, esto no ha cambiado”, denunció el ex contratado del área de fiscalización de la secretaría de Ambiente.

Sobre el origen del despido de los 19 trabajadores, mencionó que “hay una carta que envía Raúl Eduardo Carranza, quien es abogado representante de la Sociedad Rural de Jesús María y de Cartez, que pide directamente el apartamiento del tratamientos de los expedientes de infracción. Yo era la única persona que hacía las pericias con monitoreo satelital de imágenes en los campos en infracción. Es decir, yo le aportaba pruebas a los abogados para que evaluaran el valor de la multa”.

“Yo soy un trabajador que hace 10 años que presto servicio en la secretaría de Ambiente. Muchas veces en una situación irregular, en negro, como monotributista y, recién en 2008 pude estar contratado”, señaló.

“La casualidad no existe, hay una intencionalidad en todo esto. Esto responde a una tendencia, esto no es casual. Acá hay una política que es una falta de política ambiental”, concluyó.

“El mensaje es: sigan desmontando que no vamos a controlar”

Lo dijo Fernando Barri, biólogo de la COTBN, luego de que la Provincia no renovara el contrato de 19 empleados que se encargaban del control y fiscalización.

“Después que fuimos indagando, nos enteramos de cosas que pintan un panorama tremendo para la provincia de Córdoba. Hemos tenido acceso a algunos expedientes de autorización de desmontes a grandes empresarios donde algunos de los técnicos que han sido echados se negaron a firmar”, señaló como la causa que motivó la no renovación de la contratación. El magister en Manejo de Vida Silvestre y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, en diálogo con el programa “Nada del otro Mundo” de Radio Universidad, sostuvo que “es muy grave el despido de estos técnicos de ambiente”.

“A fines de mayo, el abogado de Cartez, patrocinante de varios infractores de desmonte, le envió una nota al nuevo secretario de ambiente diciéndole que corra a estos técnicos. Unos días después les llaman con la noticia de que están todos despedidos”, agregó el investigador que forma parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN).

Además, Barri recalcó que hace más de diez años que están contratados. “Si estamos en una situación de emergencia ambiental esto no se puede justificar porque ahorramos dinero, porque la provincia no necesita 19 sino 100 personas controlando los desmontes”, criticó.

“Esto se hace para no sólo favorecer el desmonte sino no controlar lo que se está desmontando ilegalmente”, explicó y añadió: “El mensaje que está dando el gobierno provincial es: queremos que se siga desmontando y, además, no vamos a controlar a los que desmontan ilegalmente”.

“Sólo en el mes de junio se perdieron 3.300 hectáreas de bosque nativo. Nos enteramos porque hay una ONG que hace un relevamiento con imágenes satelitales. Cómo puede ser que una ONG tenga esa tecnología y la propia secretaría no tenga gente ni siquiera para ir al campo a controlar y ponerle una multa a las topadoras que siguen desmontando”, se lamentó.

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