sábado, 7 de julio de 2012

¿Biocombustibles europeos pagados con sangre?


por Gonzalo Fanjul

La familia Widmann se instaló en 2005 en el Valle guatemalteco del Polochic con la intención de extender su producción de caña de azúcar. Herederos de los terratenientes alemanes que han controlado buena parte del país desde 1871, estos empresarios aprovecharon una legislación fraudulenta para hacerse con unas tierras que habían sido arrebatadas a las comunidades mayas q'eqchi' tras la masacre de Panzós en mayo de 1978, en la que murieron más 100 hombres, mujeres y niños. Algunas de las tierras de esta operación fueron vendidas por los hijos del responsable directo de la matanza.
La operación empresarial de Polochic fue financiada con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una entidad financiera participada por el Gobierno español. Ayudas para extender la frontera de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles. Pero la inversión no dio los resultados esperados, y en agosto de 2010 el BCIE saca a subasta las tierras adquiridas por la familia Widmann. Los campesinos exigen al Gobierno que se haga con las tierras para devolvérselas a sus legítimos propietarios y cumplir de paso los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz de 1996. Para ejercer presión, 800 familias ocupan parte de las tierras y comienzan a producir alimentos para una región que padece niveles africanos de desnutrición.

Lo que ocurrió después constituye el penúltimo ejemplo de la barbarie en la que vive Guatemala. Tras varios meses de diálogo entre las partes, el 14 de marzo de 2011 la familia Widmann se levanta de la mesa de negociación. Veinticuatro horas después el valle aparece tomado por miembros del ejército, de la policía y de los cuerpos de seguridad privados. El desalojo violento del Polochic se cobró la vida de un campesino, dejó heridos a otros 14 y destruyó las casas y las cosechas de 800 familias indígenas. Desde entonces han continuado las amenazas, el hostigamiento y los asesinatos. El éxito de una reciente marcha campesina ha permitido retomar el diálogo, aunque con pocos resultados todavía.

El conflicto del Polochic no es diferente de otras regiones y países en los que se libra una guerra entre "la defensa absoluta de la propiedad privada" -como la describe un obispo local- y los derechos básicos de la mayoría. Pero hay algo que sí es nuevo: Guatemala es una de las avanzadillas del fenómeno del 'acaparamiento de tierras', en el que inversores nacionales y extranjeros acumulan recursos naturales a costa de los consumidores y los productores más pobres. En este caso, el motor de los atropellos es una política de biocombustibles que está espoleada por los países ricos. De hecho, las organizaciones guatemaltecas sospechan que una gran mayoría de la biomasa que se exporta está destinada a la industria agroenergética de Europa, pero no tienen los recursos para probarlo. Cuando Daniel Pascual y Josefa Gómez -representantes de una organización nacional campesina- plantearon hace pocos días este mismo argumento en Bruselas, ante los miembros de la Comisión, la respuesta fue "si creen que nuestros biocombustibles tienen ese origen, demuéstrenlo". ¡Bravo por los estándares éticos de los funcionarios europeos!

Es posible que en el entorno esterilizado de la Comisión Europea la denuncia de las víctimas de Polochic no haya llegado muy lejos, pero eso no quiere decir que no tengan razón. Recurriendo a otra institución de Bruselas, no hace falta ser Poirot para sospechar que, si Europa financia las operaciones de los Widmann y les compra su producto, comparte también su responsabilidad. De hecho, la respuesta de los funcionarios de la Comisión se parece mucho a las explicaciones de la familia Widmann, que se retratan de manera impecable en este reportaje emitido por la cadena GuateVisión (ver también partes 2 y 3): "Que se aplique la ley. Que no vivamos como salvajes... Si no sería la ley del más fuerte". Pero, ¿y si la ley la hubiese redactado el más fuerte?

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