por Mempo Giardinelli
Cuando el fiscal de Río Cuarto Walter Guzmán archivó la
investigación por la muerte de Natalia Sonia Gallardo -una cordobesa de 28 años
que miraba el paso del Rally Dakar- y decidió ni siquiera imputar al piloto
alemán Mirco Schultis, la
Argentina toda pareció no darse cuenta de lo que esto
significa.
“La conducta del corredor es la propia de una carrera” -determinó Guzmán- y la joven “estaba en un lugar donde no era permitido
ubicarse”.
Algo así como “algo habrá hecho” la víctima, descartando
olímpicamente que el motociclista se salió del camino y atropelló e hirió a
varios espectadores, y que había una enorme organización detrás de él.
La joven Gallardo no es la primera víctima del Dakar en
Sudamérica. Ya el año pasado tres personas perdieron la vida: el motociclista
francés Pascal Terry, encontrado muerto tres días después de desaparecer, y dos
ciudadanos en Chile, en un accidente sugestivamente silenciado.
El mismo silencio cubre la historia negra de esta carrera
originalmente llamada Rally París-Dakar, que fue prácticamente expulsada de
Europa y de Africa, y a la que Francia exigió incluso que se le quitara el
nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un
“espectáculo” que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha
producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias
ambientales.
El Rally se hizo famoso por el desafío que era unir en coche
Francia con Senegal. En los primeros años no se pensaba en los daños ecológicos
que se producían y tampoco se cuestionaba el trato inhumano hacia los
habitantes de los países africanos, entonces poco menos que bestias de carga en
los campamentos. El Rally era un “safari” y con el tiempo muchos empresarios
fueron descubriendo el filón que significaba el concurso de las más famosas
marcas de vehículos, bebidas, tabacos y otros artículos de consumo de ricos,
más los derechos de televisión.
Pero tuvieron que irse de Africa cuando los países africanos
se convirtieron en “inseguros”. Un poco por hartazgo ante el daño ecológico,
otro por circunstancias políticas y algunos atentados, el Rally Dakar, con el
nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes.
Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos (Cañón del
Colorado), Canadá y Australia. Pero fracasaron porque esos países, cuando
depredan, lo hacen hacia fuera: en sus territorios son rigurosamente
conservacionistas.
Entonces apareció la opción sudamericana, donde hay buena
rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros.
Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo
combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de
los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena
parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.
Los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos,
como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado
equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones,
a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles.
Al parecer, y según informes circulantes en la web, el
itinerario fue modificado este año en su paso por Mendoza, porque algunos
dueños de tierras les han hecho juicio. En Córdoba también. En cambio La Rioja , Catamarca y San Juan
ya se sabe que son tierra de nadie para el desastre ecológico.
Precisamente a finales de 2009 se conoció -aunque los
grandes medios porteños casi no le dieron espacio- que la Universidad Nacional
de Córdoba, por abrumadora mayoría y luego de un largo debate, rechazó los
fondos “donados” por la
Minera La Alumbrera de San Juan. Antes lo habían hecho ya las
UN de Río Cuarto y de Luján. El doctor Raúl Montenegro, uno de los impulsores
del rechazo, calificó la decisión de “histórica” y “profundamente ética” porque
los fondos “proceden de una empresa que consume irracionales cantidades de agua
en una provincia semiárida, contamina el ambiente y rompe los tejidos sociales
con sus practicas clientelares”.
No son meras palabras: desde 1997 la mina utiliza 95
millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva
de agua subterránea poco conocida. Consume el 25 % de la energía
eléctrica del NOA y el 87 % del consumo total de la provincia de
Catamarca. Y desde 1999 se detectan drenajes ácidos que, según Montenegro, “son
la peor amenaza de la minería”. Los efectos contaminantes no se reducen a
Catamarca; se han comprobado en Tucumán y hasta en el embalse de Río Hondo,
Santiago del Estero.
La prensa nacional calló, casi masivamente, la represión del
19 de diciembre pasado en Andalgalá, donde fuerzas de Gendarmería desalojaron
la ruta donde los habitantes protestaban contra la minera. ¿Por qué? Porque el
pueblo entero de Andalgalá, de 20.000 habitantes, fue vendido recientemente
para la explotación minera y va a desaparecer.
La indefensión ambiental argentina es ya escandalosa. Ahí
están los canales de Areco y los miles que debe haber en todo el territorio
bonaerense aunque lo nieguen los señores Biolcati y Buzzi. Ahí está la amenaza
al Ayuí en Corrientes. Ahí la minería depredadora en San Juan y otras provincias.
Ahí la inoperancia manifiesta de la
Ley de Bosques. Y ahí el insólito, ya insostenible veto
presidencial a la Ley
de Defensa de los Glaciares.
¿Cómo es posible que el Gobierno no advierta la estupidez de
ese veto, tan grave como su inacción frente a las mineras y su permisividad con
“espectáculos” como este rally, en el que hasta las Fuerzas Armadas prestan
colaboración? ¿Y que en la durísima oposición casi ningún dirigente ni partido,
con la sola excepción de Pino Solanas, se ocupe de estos asuntos? ¿Y que la
gran mayoría de los argentinos, y sobre todo sus dirigentes, sean tan
inconscientes, o corruptos, que no reaccionan ante la destrucción de nuestro
hermoso territorio?
Es desesperante que a estas preguntas las responda el
silencio. Es gravísimo que seamos uno de los países más estúpida y
ambientalmente suicidas del planeta.
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