La abogada Selene Herrera sintetizó a este
medio la situación de los asambleístas: "Están imputados por el artículo
213 bis del Código Penal, que es uno de los que se incluye dentro de la Ley Antiterrorista
como de competencia federal". Al mismo tiempo,
denunció que "esto es una causa armada" por el fiscal provincial
interviniente, Julio Landivar. Por ello, habrían tenido que recurrir a la
figura del "terror público".
"La maniobra que se hace con esta Ley Antiterrorista
es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué
actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago", advirtió la
abogada. De este modo, resulta que “cualquier protesta social o actitud en
contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo”.
Es decir, que esto “vulnera el derecho de peticionar ante
las autoridades, por ejemplo de que se modifique una ley” como es la que
permite la megaminería a cielo abierto en las distintas provincias de
Argentina. “Seguramente se va a plantear la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista
porque no puede ser lo que están haciendo y menos que quede en manos de jueces
o fiscales como los que han actuado en esta causa como si fueran sus feudos”,
agregó.
También desde la organización Conciencia Solidaria se
sumaron al pedido. "Deben entender que quienes luchamos por la vida no
somos `terroristas´. Es necesario la urgente derogación de la Ley Antiterrorista ,
que a todas luces está hecha a la medida de los intereses de las corporaciones
megamineras, y atenta contra derechos consagrados en nuestra Constitución
Nacional", expresó Mariela Silverstein, integrante de la ONG.
Y justificó: "La instalación y continuidad de estos
megaproyectos multinacionales, que profundizan el saqueo y la destrucción,
necesitan un marco legal que los posibilite y dentro de este marco está la Ley Antiterrorista
que ya se está aplicando, avasallando los derechos de las poblaciones más
vulnerables". La finalidad más concreta, entonces, es sacar a los
ambientalistas de las rutas por donde se mueven las corporaciones mineras.
La causa. Junto con Nidia Gauthier, quien asistió a los
asambleístas, Herrera planteó la nulidad de la imputación y pedirá
oportunamente una indagatoria del juez para que actúe un juez federal. Además,
calificaron que “la detención ha sido ilegal” e informaron que “el fiscal
Landivar y el comisario Pastrana están denunciados por incumplimiento de los
deberes de funcionario público y abuso en el ejercicio de sus funciones”.
Recordamos que las detenciones fueron siempre en el
departamento de Santa María, mientras que el corte de Belén ya va por el décimo
día, donde ayer se registraron incidentes con camioneros de La Alumbrera. Además ,
se sumó también un corte en Tucumán, sobre la misma ruta 40, en la entrada de
Amaicha del Valle. Justamente, para el primero de febrero llaman a una gran
movilización, puesto que ese día reasume sus funciones el fiscal de Belén,
Jorge Flores, quien ya mandó a reprimir en mayo de 2011, según informó la Asamblea El
Chañar.
Entre las irregularidades de lo ocurrido el viernes en Santa
María, se señala que se trataba de un bloqueo selectivo y pacífico contra los
camiones y proveedores de la minera La Alumbrera , es decir que era una acción de protesta
claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Además, “la gente fue
detenida arbitrariamente, sin orden de desalojo”. Para tener una idea, un señor
fue “levantado” cuando salía de comprar una gaseosa en una despensa. Otra
señora fue detenida con su hija de tres años en brazos y amenazada con que
pondrían a su niña a disposición del juez de menores.
Por si fuera poco, “se armó una comisión especial para
‘armar la causa’ literalmente –detalló Herrera- y el fiscal mismo dijo delante
de la gente que si no había causa la iba a inventar”. Asimismo denunció que “se
tomó la indagatoria en la comisaría” siendo que representa al Poder Ejecutivo
de la Provincia ,
en lugar de hacerlo en un juzgado como debiera. Hasta el momento, no hay
declaraciones de la gobernación de Catamarca sobre el tema.
Sin embargo, eso no es todo. Hubo intentos de arresto contra
la propia abogada y un compañero que filmaba la situación desde la vereda –en
la vía pública– a través de la ventana de la comisaría. Es que querían constatar
que “no había ningún abogado defensor dentro de la sala donde se tomaban las
audiencias”, porque le habían negado el acceso.
El poder de decir "terrorista"
No se trata de que el gobierno nacional mande a utilizar
directamente la
Ley Antiterrorista. La sanción de una Ley justamente
habilita a las autoridades del Poder Judicial a aplicarla según su
interpretación. Y esto, más allá de cualquier disidencia partidaria, es el
mayor peligro para las movilizaciones sociales. Sobre todo para los
asambleístas que luchan contra corporaciones con gran poder en las provincia. Y
así lo habían denunciado en su momento las distintas organizaciones de Derechos
Humanos.
Fuente:
Com Ambiental, 29/01/2012, "Usan la Ley Antiterrorista para impedir la lucha contra la megaminería". Consultado 01/02/2012.
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