Los vecinos del Valle de Calamuchita decidieron acudir a la Justicia para solicitar que se ordene la reubicación del depósito de basura en otro lugar. Además reclaman la inmediata paralización de las obras.
Los vecinos autoconvocados en contra del vertedero regional del departamento Calamuchita interpusieron una demanda contra el Gobierno provincial reclamando que se modifique el lugar de ubicación de dicho depósito. Paralelamente también interpusieron una medida cautelar para que la Justicia ordene el cese de las actividades en el predio ubicado en el paraje San Ignacio.
La lucha de los habitantes de esta zona serrana próxima a Cañada Grande no cesa. Ayer, acompañados por los abogados Aukha Barbero y Claudia Azategui, se realizó en los Tribunales de Río Tercero la presentación de la demanda contra la Provincia.
La lucha de los habitantes de esta zona serrana próxima a Cañada Grande no cesa. Ayer, acompañados por los abogados Aukha Barbero y Claudia Azategui, se realizó en los Tribunales de Río Tercero la presentación de la demanda contra la Provincia.
En diálogo con el diario Puntal, el doctor Barbero señaló que en la demanda no se hizo hincapié en el tratamiento que se hará a la basura ni en detalles propios del procesamiento, sino que el reclamo se centró en la necesidad de que la provincia de Córdoba modifique el lugar de ubicación del vertedero, por considerar -estudios mediante- que el espacio elegido no es apto y conlleva una serie de riesgos ambientales.
En el escrito presentado en Tribunales se señala que "como características especiales, la tutela inhibitoria prescinde de la verificación del daño siendo suficiente la amenaza, el acto lícito puede consistir en actividad continuada, pluralidad de actos o inmanencia de un acto lícito, y la acción ilícita debe ser susceptible de ser detenida en sus efectos futuros, ya sea evitando que se produzcan nuevos daños o disminuyendo y controlando el ya producido".
"Igualmente demandamos que al momento de condenar a la accionada por las violaciones que se le imputan, se le imponga la obligatoriedad -con carácter inexcusable- de recomponer la zona denominada 'Cañada Grande' en el sector afectado por las obras o en caso de ser inviable la recomposición, se disponga la indemnización", continúa el planetamiento.
Asimismo, los autoconvocados interpusieron una medida cautelar para el cese total de la construcción de la planta de tratamiento de residuos en Cañada Grande, hasta tanto se acredite que se haya cumplido con los estudios de impacto ambiental, haber obtenido una nueva autorización provisoria de Ambiente o bien que se acredite que no ha caducado el tiempo para llevar a cabo estas tareas y que implicaría dejar sin efecto el proyecto. El abogado asesor dijo que los tiempos otorgados a la empresa para cumplir algunos de los requisitos estarían caducados.
Preocupación y malestar
Tras la presentación de la demanda en Tribunales de Río Tercero, los autoconvocados dieron una conferencia de prensa. Uno de sus voceros, Jorge Salgado, explicó: "Cuestionamos la ubicación, entendemos que se están violando derechos constitucionales".
Se prevé que la Justicia puede demorar 30 días antes de tomar esta determinación, pero en ese lapso la Planta de Tratamientos sigue avanzando, con la colocación de alambrado perimetral, consolidación de caminos y otros arreglos.
Otra de los asesores letrados, Claudia Azategui, remarcó: "La falta de llamado a licitación, la ausencia de un estudio de impacto ambiental serio y que no se haga la obra muy cerca de un curso de agua. Qué le costaba a la Provincia comprar un terreno un poco más alejado y consensuar con la gente del lugar".
Recursos naturales en riesgo
Los vecinos autoconvocados de Calamuchita aseguran que la instalación de una planta en ese sector y a sólo 4,5 kilómetros de San Ignacio, a 5 kilómetros de Santa Rosa y a 6 kilómetros de Villa Rumipal -algunos de los puntos de referencia- pone en serio riesgo principalmente la mayor reserva de agua potable que tienen las sierras, y que hay un inminente riesgo de contaminación del río Santa Rosa, el Embalse del Río Tercero y zonas aledañas. Y, más aún, que el sector elegido es inundable.
Sostienen que no se han tomado los recaudos suficientes para evitar estos daños al medio ambiente y a la naturaleza de la zona, que resulta ser el principal sostén de los pueblos de la zona.
La polémica en torno de este vertedero se remonta a 2009 cuando una firma privada (Furgiagro S.A.) presentó ante la Comunidad Regional de Calamuchita este proyecto.
A partir de allí comenzó una fuerte diputa entre los vecinos que se oponen al proyecto y los integrantes de la comunidad, así como también se sumó luego la Provincia por haber avalado este proyecto.
Según sostienen los vecinos, "la Comunidad Regional adoptó como propio el proyecto sin consideración alguna de la voluntad de los vecinos de la zona. No hubo consultas ni lugares alternativos para elegir uno entre varios". Y señalan además que el proyecto ha sido modificado muchas veces desde su presentación, pero aún así no estaría cumpliendo con las exigencias legales.
Por su parte, la Provincia asegura que todos los estudios realizados descartan cualquier riesgo de contaminación y sigue avanzando con las obras en Cañada Grande.
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