Fueron cuatro décadas de sobreprecios, obras, licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos, adjudicaciones y más cortes de cinta.
El jueves 4 de
mayo, el presidente Mauricio Macri firma un histórico acuerdo con su par
paraguayo, Horacio Cartes, en torno a la deuda por la represa
hidroeléctrica de Yacyretá. "Estamos dejando atrás 30 años
de incapacidad para entendernos" aseguró el líder argentino.
Si se concreta el anuncio, la Argentina producirá 10 % más de
energía eléctrica. El objetivo es reprogramar una deuda a 20 años
por 5.000 millones de dólares. Los antecedentes de las relaciones de
ambos países, en relación con la central hidroeléctrica, son
nefastos.
Martes 3 de abril
de 1990. Carlos Menem regresaba de Paraguay, donde había mantenido
un encuentro con su par Andrés Rodríguez Pedotti. Muchos
periodistas fueron testigos de una de sus frases célebres. "Si
aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá". A
renglón seguido, blanqueó sus intenciones. "Por eso vamos a
procurar, en caso de que sea posible, una paralización por seis
meses, un año, pagando los sueldos, por supuesto, pero poniéndole
coto a esta situación", precisó. Fue el puntapié inicial para
el intento de privatizar la represa.
Así comienza el
anteúltimo capítulo del último libro del periodista Luis Gasulla,
El negocio político de la obra pública, en el que el autor asegura
que en Yacyretá "fueron todos" y que es el símbolo más
grande de corrupción de los últimos 30 años. Además de recorrer
los desaguisados de empresarios kirchneristas y la matriz estructural
de corrupción en la obra pública durante las últimas décadas,
Gasulla repasa la increíble historia de la central hidroélectrica.
Infobae publica un fragmento exclusivo del libro en el que el autor
contó con la colaboración de Juan Parrilla y Alicia Panero.
A continuación,
el fragmento de El negocio político de la obra pública:
Aunque el ex
presidente -Menem- tatuó el estigma de la corrupción en el
corazón de Yacyretá, a principios de esa década, recién se
empezaba a esbozar el capítulo sobre las represas más polémicas de
la historia nacional. Años más tarde, las palabras de Menem se
transformaron en un augurio: Transparencia Internacional ubicó a
Yacyretá entre los diez "monumentos a la corrupción más
grandes del mundo". Fue en el año 2005.
En plena crisis
del petróleo, el 3 de diciembre de 1973 se firmó el acuerdo con
Paraguay que creó el Ente Binacional Yacyretá (EBY). La rúbrica
fue de los cancilleres, con la presencia del dictador Alfredo
Stroessner y de María Estela Martínez de Perón, que había viajado
en su calidad de vicepresidente a raíz de una bronquitis que
aquejaba a su esposo, Juan Domingo Perón. El último paso lo dio la
dictadura. Siete días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el
general Reynaldo Bignone firmó la concesión de las obras, que
empezaron al año siguiente y terminaron en 1998. Ambos países
soñaban, a principios de los setenta, con invertir 1.800 millones
dólares en obras civiles para tener la represa en funcionamiento en
1979. Cuando en 2011 empezó a operar en plenitud, había demandado
entre 11 mil y 13 mil millones de dólares, según quien cuente la
historia. Habían pasado casi cuatro décadas de sobreprecios, obras,
licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de
cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos, adjudicaciones y más
cortes de cinta. Un menjunje de esas palabras clave en torno a las
cuales se desmembró la corrupción. La enorme mayoría del dinero no
fue destinada a la construcción propiamente dicha. Unos 7 mil
millones se usaron para financiar la obra. Otros mil millones se
esfumaron en consultoras y estudios externos. Se llegaron a pagar 100
mil dólares para que una consultora paraguaya evaluara cómo
refuncionalizar las oficinas de Puerto Madero. Aconsejó sacar una
mampara y poner luces dicroicas, entre otras cosas. Los más
pesimistas estiman que hay unos 1.800 millones de dólares que
alguien "se los quemó". El Estado es bobo para diseñar,
pero se convierte en un generoso mecenas a la hora de sacar la
billetera que le presta el pueblo. El resultado fue escasa energía.
Y cara.
La construcción
no se suspendió, como pretendía Menem. Tres años más tarde se
terminaron las obras civiles. El 2 de septiembre de 1994 fue
habilitada la primera turbina, aunque los veinte generadores
empezaron a funcionar recién el 7 de julio de 1998, pero con el
62,77 % de la potencia total, ya que el caudal del dique no era
suficiente. La central había sido proyectada con una cota de 83
metros sobre el nivel del mar, pero tenía 76 metros, lo que
provocaba una pérdida de 7345 GWh, casi lo que producen tres
centrales de El Chocón, equivalentes a unos 220 millones de dólares
al año, además del posible deterioro precoz de las turbinas por
operar de una manera distinta a la que fueron concebidas.
Si la obra estaba
preparada para funcionar con una cota de 83 metros, ¿por qué no se
cerraban las esclusas y se aumentaba el caudal? Sencillo: para poder
realizar cualquier dique se necesita inundar tierras. En el caso de
Yacyretá, fueron unas 170 mil hectáreas. Pero para la segunda etapa
faltaba adquirir tierras de las 38 mil hectáreas sobre un total de
56 mil a anegar, cuyo costo estimado era de 38 millones de dólares,
un vuelto si se compara con el dinero que se estaba perdiendo en
energía no generada. El problema de las tierras tiene varias
facetas. Porque además del conflicto social y cultural que provoca
la reacomodación de decenas de miles de personas, estimadas en 80
mil sólo en la primera etapa, en Yacyretá se montó un verdadero
negocio inmobiliario de grandes políticos a pequeños especuladores.
Lo habitual en estos casos es negociar con los dueños o expropiar
las tierras antes de encarar el proyecto. Así, por ejemplo, ocurrió
a fines de los 70 en con la represa de Salto Grande, que inundó el
82 % de la ciudad de Federación, cuyos pobladores fueron reubicados,
la enorme mayoría contra su voluntad, aunque en plena dictadura el
margen de disenso fue prácticamente nulo. En Yacyretá, en cambio,
la resistencia fue feroz, y aún hoy existe.
(…)
Una de las
primeras bombas estalló en 1990, cuando el contador Antonio Roque
Casabona denunció que el consorcio Empresas Reunidas, Impregilo,
Dümez y Asociados Para Yacyretá (ERIDAY), a cargo de la
construcción de la represa, cobró la friolera de 2 mil millones de
dólares en concepto de reembolsos indebidos. En otras palabras, dijo
que el grupo de empresas se había llevado ilegalmente un plus
equivalente al 100 % de lo que era el presupuesto original para la
obra. ERIDAY estaba encabezado por la italiana Impregilo y la
franco-germana Dümez, que habían protagonizado una escandalosa puja
que resolvieron uniéndose en sociedad y quedándose con el control
del grupo y el 25,50 % de las acciones cada una. Muy lejos de lo que
había pasado con la represa binacional de Itaipú, entre Brasil y
Paraguay, el pliego de las obras civiles de Yacyretá no sólo no
exigía un porcentaje mínimo para capitales locales, sino que en su
afán de destruir la industria nacional, Martínez de Hoz decidió
que el consorcio ganador fuera internacional y estuviera liderado por
una empresa extranjera. Habría sido una gran oportunidad para las
empresas argentinas, como ocurrió con IMPSA, de Pescarmona, que
logró exportar turbinas luego de la experiencia que ganó en
Yacyretá.
Impregilo y Dümez
pudieron repartirse el botín sin objeciones, y sumaron a varias
empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el
3,03 % de la participación, las demás se quedaron con el 1,63 % cada
una. No obstante, la mayor tajada la sacó SOCMA, ya que sumó dos
empresas: Sideco Americana Y Supercemento. Los otros integrantes del
consorcio fueron Techint, SADE, Conevial, IMPSA, EACA, CODI, José
Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter.
También era parte de la sociedad IGLYS, que pertenecía a Impregilo,
lo que convertía a la poderosa constructora de FIAT en el mayor
tenedor, con el 27,13 % de las acciones. El consorcio también
incorporó tres empresas paraguayas, CONEMPA, CIE y CEPAYA, todas,
propiedad del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, cada una con el 5 %
de participación. El grupo lo cerraban las italianas
Cogefar-Impresit, Italstrade, Recchi y Torno, la alemana Dyckerhoff &
Widman, y la uruguaya Álvaro Palenga. Eran unos 1.800 millones de
dólares a distribuir para empezar.
El contador
Casabona había sido contratado por SADE, de Pérez Companc, y Sideco
y Supercemento, de la familia Macri, para conseguir los reembolsos
que correspondían a todos los insumos y bienes de origen nacional en
virtud de la ley 20.852. Había estimado que conseguiría un 2,5 % del
total del valor de las obras, pero, de manera intempestiva,
decidieron poner fin a su contrato y lo reemplazaron por la empresa
Dicmar SA, cuyo director, Guillermo Arturo Henin, se había
comprometido a gestionar el cobro de reembolsos equivalentes al 15 %
del total. "Henin debe tener mejores contactos que usted",
le dijeron antes de despedirlo. Despechado, el 26 de julio de 1990,
Casabona presentó una denuncia por defraudación al fisco que
terminó sumándose a otro expediente que ya estaba abierto,
impulsado por el ex director de la EBY Alberto Aseff, crítico de la
forma en la que se encararon las represas desde el minuto cero. Aseff
había denunciado sobreprecios y otras irregularidades en la
construcción de los campamentos, y pagos indebidos al consorcio
constructor.
(…)
Bronca paraguaya
El día que Menem
dijo que Yacyretá era un "monumento a la corrupción" se
ganó el odio de Juan Carlos Wasmosy, por entonces un empresario
paraguayo que entre 1993 y 1998 sería presidente del Paraguay y que
era dueño de las empresas guaraníes que formaban parte de ERIDAY.
Wasmosy también tenía bronca porque quería su parte de ese
millonario reclamo, un 15 % del cual correspondía a sus firmas. Un
día se cobró. Fue el jueves 23 de abril de 1998 y no se pudo
contener: "En la Argentina hay diez veces más corrupción que
en Paraguay", declaró. Se armó la batahola. Tuvo que viajar a
Buenos Aires, visitar la quinta de Olivos, sentarse frente a Menem y
dar las explicaciones de su exabrupto. "No te pido una, sino mil
disculpas" dijo el presidente de Paraguay. Luego de fumar la
pipa de la paz, retomaron los temas comerciales.
Pero a pesar de
sonrisas y chistes ocurrentes, Menem se la cobraría unos meses
después. En esos días, Yacyretá había sido bautizada como BMW,
una sigla creada con las iniciales de Bush, Menem y Wasmosy, los
hombres que, realmente, tenían la última palabra en la EBY. El
director ejecutivo de la entidad era Jorge Pedreira. Entre 1996 y
1998, el hombre dedicó buena parte de su tiempo a ordenar la ruina
administrativa en la que estaba sumida. Logró elaborar un dictamen
sobre todos los reclamos del contrato llamado YC-1, es decir, la
primera parte, de los cuales rechazó 38 y mostró sus reparos sobre
otros 17. Sólo aceptó pagar 101 millones de dólares y revisar
otros 155 millones. Además, demostró que si se hubiesen aplicado
las tasas del mercado mientras duró el contrato, la ganancia de
ERIDAY habría sido menor de lo que fue. Sus propios balances
mostraban una utilidad que superaba el 12 %. También advirtió que
sólo reconocía el 20 % de la supuesta deuda que reclamaba ERIDAY. Se
convirtió en uno de los grandes detractores de los reclamos. La
consecuencia es que tuvo que resistir un intenso cabildeo en su
contra, que incluyó al ex secretario de Estado estadounidense Henry
Kissinger, a Gianfranco Rizzo y al verborrágico Wasmosy. Rizzo había
llegado al país en 1974 y tenía una vasta experiencia en lobby y
obra pública. Su empresa había participado en la construcción de
las represas de Salto Grande, El Chocón, Planicie Banderilla,
Alcurá, Piedra de Águila y Casa de Piedra, y los puentes
Resistencia-Corrientes y Encarnación-Posadas. En julio de 1997 le
dio una entrevista a La Nación en la que admitió haber pagado
sobornos. "En el 90 por ciento de las empresas públicas de
nuestro país hubo corrupción", confesó. Admitió ser parte de
ese grupo. "La coima que se hacía era para lograr algo debido,
no algo indebido. Era para conseguir la certificación que estaba
cajoneada hacía meses o apurar una habilitación. La empresa privada
debía sobrevivir", se justificó. Pasaron décadas y,
prácticamente, no hubo otros empresarios que sintieran la necesidad
de sincerar sus pecados.
(…)
Aparece Kissinger
El contrato entre
EBY y ERIDAY estipulaba la posibilidad de designar un tribunal de
amigables componedores. Para solucionar sus pedidos de reembolso por
37 rubros diferentes, ERIDAY había elegido a Henry Kissinger, que
logró inflar los 900 mil dólares de honorarios establecidos para
los árbitros. Su socio en la consultora Kissinger & Associates,
el estadounidense William Rogers, ex secretario de Asuntos
Latinoamericanos durante la gestión de Richard Nixon en la Casa
Blanca, viajó a Buenos Aires y logró llevar la paga hasta el millón
y medio de dólares. Rizzo declaró que lo habían elegido porque
"Kissinger es un hombre que sabe soportar las presiones y al que
es muy difícil decirle que no".
En la vereda de
enfrente -pero en la misma calle-, EBY optó por el abogado
menemista Mariano Cavagna Martínez y Lagos, ex ministro de la Corte
Suprema y ex embajador en Italia. Pedreira había propuesto al
jurista Héctor Masnatta como negociador, el mismo que había hecho
el informe crítico de los reclamos como director de la SIGEP. Reali,
que en público decía que el reconocimiento de la deuda
"institucionalmente es cero", optó por alguien de extrema
confianza y lealtad con el Presidente. A pedido de Wasmosy y sus
socios, dio un paso más al aumentarle los honorarios y las
facultades, puesto que decidió que el laudo que dictara junto a
Kissinger iba a incluir su propio salario e iba a ser inapelable. Se
había extralimitado. Si bien el acuerdo original hablaba de
"árbitro", le asignaba una función de "amigable
componedor", es decir, de mediador, no de juez.
La incertidumbre
sobre el monto del reclamo permanecía. Cuando en 1995, Domingo
Cavallo, amagó con privatizar Yacyretá, ERIDAY advirtió que su
reclamo era mucho mayor. José Dromi admitió que la deuda podía
frenar la estrategia del menemismo. El consorcio propuso perdonarle
al Estado 500 millones de dólares de la supuesta deuda y quedarse
con la empresa. O sea, pretendía hacerse de la represa sin poner
dinero y con una deuda en su haber de 300 millones de dólares. La
viveza no es sólo criolla.
En el comunicado
de la EBY de febrero de 1999 en el que se anunciaron los nombres de
los árbitros -la primera nota de prensa de la gestión de Reali-,
se encendió una bomba sobre la mesa de diálogo: ERIDAY había
duplicado sus pretensiones. Ahora quería más de 1.500 millones de
la moneda estadounidense. No se trataba de versiones; era una
gacetilla oficial. Kissinger, Rizzo, Wasmosy y compañía se habían
salido con la suya. El terreno ya había sido preparado para que las
topadoras de ERIDAY arrasasen con las arcas públicas. Unos meses
antes, en diciembre de 1998, Kissinger había viajado a Anillaco, La
Rioja, para reunirse con Cavagna Martínez y con el presidente Menem
en su residencia, llamada La Rosadita (el kirchnerismo no inventó
nada). El reloj corría. Menem quería resolver el problema sin
generar otro ni quedar mal parado. Por eso llegó a decir: "No
vamos a pagar la enormidad que pide el contratista y si es necesario
iremos a la Corte de La Haya".
(…)
Tres años antes,
el Banco Mundial había entregado 900 millones de dólares para
realizar obras en Posadas y, literalmente, no se había puesto ni un
ladrillo. El primo del presidente, César Edil Menem, había estado a
cargo de las obras complementarias de la represa. A esa altura estaba
claro que ERIDAY había acumulado 55 reclamos contra la EBY por 1.580
millones dólares, algo así como el presupuesto de dos años de la
provincia misionera en cifras de entonces. La SIGEN sólo reconocía
el 8 % de esos pedidos, unos 140 millones de pesos. En mayo del año
siguiente, una auditoría encargada por EBY concluyó que "los
reclamos fueron exageradamente mensurados" y que "la enorme
mayoría de ellos son improcedentes hasta llegar al absurdo".
También dijo que la mayoría estaban quintuplicados, por lo que
muchos advirtieron que había una deuda real en torno a los 300
millones de dólares. La auditoría se conoció mientras el flamante
presidente Fernando de la Rúa viajaba a Paraguay, a mediados de mayo
de 2000. Poco después, se producía un intento de golpe de Estado en
el vecino país. Tropas leales a Oviedo buscaron desplazar al
Presidente Luis González Macchi. Justamente, el asilo del ex general
había dañado la relación bilateral que De la Rúa y González
Macchi buscaban recomponer. Ambos presidentes firmaron una
declaración de 48 puntos, tres de ellos referidos a Yacyretá. Se
dejó constancia de la voluntad de elevar la cota a los 84 metros y
se aclaró que no se iba a privatizar. Los reclamos seguían siendo
un obstáculo para materializar ese acuerdo.
El arbitraje
siguió un interminable camino de compromisos, impugnaciones,
demandas, contrademandas, cambio de sedes, denuncias en la Oficina
Anticorrupción, resoluciones del juez federal Sergio Torres, idas y
vueltas. Es una deuda que no se saldó. El kirchnerismo metió un
corte de cinta atrás de otro y logró elevar la cota, no sin antes
despertar sospechas. En mayo de 2008, otra denuncia salió a la luz.
Jorge Lanata, desde el fallido diario Crítica, informó que "las
tres últimas adjudicaciones de obras en la represa duplican el
presupuesto original, con un sobreprecio promedio del 90 por ciento".
Pausa. A esa
altura, el control de De Vido sobre la EBY era total, de punta a
punta. La orden era no difundir nada de lo que pasaba. No había
gacetillas de prensa ni para celebrar los avances. Los ojos públicos
tenían que mirar hacia otros rincones del Estado. Lanata difundió
un informe reservado. Se lo había preparado a De Vido el director
ejecutivo de la EBY, el arquitecto Oscar Thomas, que ocupó ese cargo
durante los gobiernos kirchneristas. El arquitecto Thomas se había
recibido con medalla de oro en 1991 en la Universidad Nacional del
Nordeste. Antes de anclar en Yacyretá había sido subsecretario de
Planeamiento Urbano de Carlos Rovira durante su gestión como
intendente de Posadas y subsecretario de Gestión Estratégica de
Misiones, ya con el propio Rovira como gobernador.
El 17 de
diciembre de 2003, los presidentes Néstor Kirchner y Nicanor Duarte
Frutos manifestaron en una declaración conjunta la voluntad de
elevar la cota del dique y unos días antes de fin de año, los
ministros de obras públicas de ambos países firmaron un acuerdo que
instruía a la EBY a elaborar un plan de acción, que fue presentado
en mayo del año siguiente. El dinero lo pondrían, como estaba
previsto, entre el BIRF y el BID, que ratificaron la financiación.
El embalse se empezó a llenar en abril de 2006 hasta los 78 metros
sobre el nivel del mar. El 27 de febrero de 2011, la cota llegó a
los ansiados 83 metros. El informe reservado que Thomas presentó el
29 de abril de 2008 se refería a tres licitaciones cuya apertura fue
realizada, en secreto, en el piso 21 del edificio ubicado en Madero
942, las tres con sobreprecios que alcanzaban juntos los 160 millones
de dólares, lo que superaba en 90 % el monto estipulado en los
pliegos.
Lanata marcó
tres licitaciones. La obra 338, de "protección costera de las
localidades de Posadas, Garupá y Candelaria", por
437.762.172,46 pesos, para las que se contrató una UTE conformada
por Benito Roggio e Hijos, Esuco y Supercemento. La siguiente son
"Obras viales entre Posadas y Corpus", que quedó en manos
de la UTE Cartellone y Eleprint, por 132.799.690,55 pesos. Por
último, "Obras de nexo internacional: By Pass Arco-Garita, Nodo
Vial Garita, Multitrocha Ruta 12 Garita Garupá, Acceso Sur y
Tratamiento Costero en Franjas de Transporte Norte y Sur", en
manos de la UTE que formaron IECSA con JCR, con un monto de contrato
inicial por 420.829.525,62 pesos. Las tres, con un anticipo del 15 %.
(…)
Blas Medina, uno
de los que supuestamente se llevó una rebanada de la coima que
habría pagado Siemens, fue el único testigo de una pelea que Zulema
tuvo con Carlos Menem en la Residencia de Olivos, en medio de
reclamos por la muerte de su hijo Carlitos. Años después, el propio
ex Presidente confesaría que fue un asesinato. Ese día, el
Presidente le explicó a su esposa cómo era el pago de sobornos en
Yacyretá: "El promedio de coimas oscila entre el 10 y el 15 %,
que se reparte la mitad para cada país". Zulema Yoma se lo
contó al diario La Nación. Pero, como el día en el que denunció
que a su hijo lo habían asesinado, las palabras de Zulema no
resultaron creíbles. Nadie les cree a los locos.
Fuente:
La historia oculta de Yacyretá, el "Monumento a la corrupción", 14/05/17, Infobae.
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