La
batalla judicial y social detrás de una lucha que parecía
asimétrica, y donde las mujeres tuvieron fuerte protagonismo. Cómo
un grupo de vecinas y vecinos de un pueblo cercano a la capital
provincial luchó durante cuatro años contra la construcción de una
planta de semillas. Por qué se convirtió en coordenada de la
resistencia mundial.
por
María Eugenia Ludueña
Ocho
perros hambrientos y un puñado de guardias de seguridad: es lo que
queda hoy en el predio de Malvinas Argentinas donde Monsanto empezó
a construir lo que prometió como una de las plantas de
acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del
mundo. A 700 metros de allí, en las calles de Malvinas Argentinas
-donde los campos a la vera de la ruta dan paso a las casas bajas del
área urbana- queda una victoria histórica. La que ubicó a
Malvinas, una localidad de 12 mil habitantes a 14 kilómetros de la
capital provincial, en la cartografía de la resistencia ambiental
mundial, contra la empresa de agronegocios más poderosa del mundo,
hoy en manos de la alemana Bayer.
En
Malvinas no sobra el trabajo. En junio de 2012, cuando se anunció
que este emprendimiento crearía empleo para 400 personas, había
siete empresas. Ninguna con más de 35 empleados, estima la actual
intendenta, Silvina González (UCR). Ella fue quien en noviembre
último confirmó a Radio Nacional Córdoba lo que muchos
sospechaban: el predio destinado a la planta de Monsanto se había
vendido a la empresa de obra pública Regam/AMG Obras Civiles.
Adquirida en 2014 por el publicista cordobés Guillermo Gastardelli,
cuenta con inversiones en el programa Pro.Cre.Ar y en Vaca Muerta.
“Si
echamos a Monsanto, nadie nos va a volver a pasar por encima”, dijo
en 2016 Doña Rosa, una señora que no participó de marchas ni
asambleas, ni del bloqueo que durante tres años impidió la entrada
al predio. Vanesa Sartori, psicóloga, escuchó a su vecina y sintió
otra batalla ganada. Fue de las caras más visibles de la Asamblea
Malvinas Lucha por la Vida, que se organizó para resistir a la
construcción. La tildaban de chiflada. “Doña Rosa ahora festeja y
lo siente un logro propio, es impresionante. Cuando nosotros decíamos
en las encuestas que la mayoría del pueblo no quería la planta, era
cierto”, dice Vanesa.
La
hija de Vanesa, Alma, tiene cinco años y era una beba de meses
cuando la llegada de Monsanto se convirtió en conversación
permanente en Malvinas. Fueron años de discusiones y grietas. Eran
minoría, pero algunas personas estaban a favor. Vanesa lo vivió en
su familia. Su padre siempre apoyó la idea de la planta: tiene una
ferretería, que creció hasta que la construcción se interrumpió,
cuando se había erigido el 20 % de la estructura.
El
antecedente de Ituzaingó
Alfombras
brillantes y esponjosas de cultivos rodean a Malvinas. Es uno de esos
lugares híbridos, ni completamente urbanos ni rurales. Aquel
invierno de 2012, cuando se anunció la planta, los cordobeses
estaban alerta: la Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba
había condenado al agricultor Francisco Parra y al piloto
aeroaplicador (aquel que vuela un avión específico para hacer
aspersiones en los campos de agroquímicos, semillas y actividades
como ataques contra incendios, entre otras) Edgardo Pancello por el
delito de contaminación ambiental dolosa en el barrio Ituzaingó
Anexo, a 20 kilómetros de ahí. El fallo absolvió a un tercer
acusado, el productor Jorge Gabrielli.
Las
Madres del Barrio Ituzaingó -organización de mujeres del barrio
homónimo- habían impulsado ese juicio por pulverizaciones ilegales
en campos de soja. Llevaban años -en unas semanas cumplirán 15-
practicando la epidemiología popular, tras detectar a varios
familiares enfermos de cáncer. La Justicia no dijo que los
agroquímicos habían producido las enfermedades (otro debate, aún
sin fecha), pero sí que pulverizar sin resguardar las distancias
habilitadas ponía en peligro la salud de la población. El fallo,
ratificado en 2015 por el Tribunal Superior de Córdoba, espera
resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la
lucha contra Monsanto, las mujeres tuvieron fuerte protagonismo.
Elecinda Leiría fue la última en irse del bloqueo. Pasó muchas
horas diarias a orillas de la ruta, conviviendo con activistas
locales y del mundo, con mates, cigarrillos, frío y viento, muchas
veces sola. “Ahora que ganamos, mucha gente me saluda por la calle
y me felicita. Antes era ‘no te voy a saludar porque me vas a
invitar a ir allá, al bloqueo, y no voy a ir’. Lo importante es
cómo se ha ganado. La población ha visto que teníamos razón. Esta
lucha no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Sin la gente que
vino de afuera a ayudar, no hubiéramos podido”, dice.
Elecinda
Leiría tiene agroquímicos en sangre. Lo supo antes que otros de
Malvinas. Sus síntomas aparecieron en 2007. Amanecía agotada, le
dolían los huesos, tenía vómitos. Fue y vino por varios médicos.
Las hojas de los árboles de su casa estaban tan mustias como ella.
Veía que a las verduras de su quinta familiar les faltaba vigor. En
la casa del vecino, observó los bidones en el suelo. Él recolectaba
bidones de herbicidas, los cortaba y vendía para reciclaje. Le contó
al médico, que ordenó estudios más complejos. En 2008, después de
consultas y análisis en el Servicio de Toxicología del Hospital de
Urgencias de la Ciudad de Córdoba, Leiría lo confirmó: tenía un
cóctel de agroquímicos en su cuerpo.
Cuando
Leiría escuchó de la planta de Monsanto en Malvinas, creyó que
sería en la localidad homónima en la Provincia de Buenos Aires.
Preguntó en la casa de familia donde trabajaba. Fue directo a las
primeras reuniones de vecinos.
“¿Qué
vamos a hacer con Monsanto?”, se preguntaban. Al principio se
hablaba de 800 puestos de trabajo. Sartori recuerda cuando llegaron
los obreros: “Hasta para la construcción trajeron gente de afuera.
Eso fue generando conciencia: era mentira. Se intentó enfrentar a
pobres contra pobres. Pero no hay trabajo a costa de entregar la
vida”. Concejal por Malvinas Despierta, el partido vecinalista que
surgió en la Asamblea, está convencida de que la fuente laboral “se
infló de entrada para decirnos ‘son pobres, necesitan trabajar’”.
Pero,
además, “Malvinas tiene bajo nivel educativo, no la mano de obra
calificada que necesitaba Monsanto”, señaló Sartori. Ante la
consulta de Chequeado, la empresa que fue comprada en 2016 por la
multinacional alemana Bayer decidió no responder sobre este punto.
En su respuesta oficial a esta investigación, a través de un mail,
Monsanto solo expresó: “El proyecto incluía generar 400 nuevos
puestos de trabajo en la etapa de construcción, que podrían
duplicarse cuando la planta estuviera operando. Se esperaba su
inauguración en el año 2014. Se trataba de una planta donde se
recibiría maíz cosechado y producido por agricultores cordobeses y
de la región, se lo desgranaría y clasificaría, se lo secaría y
acondicionaría, y finalmente se lo embolsaría; un proceso similar
al que aplican las más de 40 plantas similares que existen y operan
en el país”.
El
inicio de la lucha
Hacía
seis meses que Raquel Cerrudo y su marido, Ariel “Rula” Becerra,
se habían mudado a Malvinas soñando una vida pueblerina. Escucharon
“Monsanto” y se alarmaron. Una bióloga amiga de Raquel les pasó
un video de la periodista francesa Marie-Monique Robin.
“La
vida según Monsanto” es el documental más famoso en Malvinas
Argentinas. Cuenta, a través de entrevistas con agricultores de los
Estados Unidos, científicos y ex funcionarios, que la empresa perdió
varios juicios, debió pagar multas (por ejemplo, por publicidad
engañosa) y se convirtió en una de las de peor imagen en el mundo.
El video se difundió en Malvinas Argentinas a través del carnicero
del pueblo, que lo distribuyó a su clientela. El hombre afilaba el
cuchillo y preguntaba: “¿Ya lo vieron? ¿Y? ¿Vamos a hacer
algo?”.
En un
documento publicado por la filial argentina luego de la difusión del
documental, Monsanto opinó que era “una obra desarrollada por
aquellos que están en contra de la biotecnología agrícola, están
dispuestos a desacreditar dicha tecnología y a los que se dedican a
desarrollarla careciendo de fundamentos científicos”, y que
reflotaba “argumentos que hace mucho tiempo han sido desestimados
por científicos de renombre e instituciones internacionales”.
“Antes de ser comercializado, cualquier cultivo biotecnológico es
sometido a una serie de rigurosas pruebas de seguridad y cumplimiento
regulatorio, abarcando múltiples años y pruebas sistemáticas para
establecer su seguridad alimentaria y ambiental”, destacaron entre
otras razones desde Monsanto, y agregaron: “La seguridad de estos
productos es examinada por organismos regulatorios de cada país
siguiendo lineamientos de evaluación de seguridad internacionalmente
aceptados”.
Sin
embargo, según publicó el diario The New York Times, existen dudas
sobre los productos de esta empresa. Así lo reveló la Corte Federal
de San Francisco (Estados Unidos) en un caso sobre el herbicida
Roundup. Según el diario, entre los documentos que la Corte tiene en
su poder, existen mensajes del correo electrónico interno de la
empresa y correos entre Monsanto y los reguladores federales por lo
que se presume que la compañía tenía una investigación propia
sobre la seguridad del herbicida que luego fue atribuida a
académicos. También se indica que un alto funcionario de la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de los Estados unidos (EPA, por sus siglas
en inglés) trabajó para ocultar información negativa sobre el
glifosato, el principal ingrediente del Roundup. Los archivos fueron
develados por el juez Vince Chhabria, que se encarga de llevar
adelante los juicios de personas que aseguran padecer el linfoma
no-Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos por haber
estado expuesto a esta sustancia.
El
carnicero de Malvinas seguía repartiendo DVDs del documental cuando
alguien sugirió contactar al biólogo Raúl Montenegro, presidente
de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y ganador en
2004 del premio de la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA,
por sus siglas en inglés), una suerte de Nobel alternativo que
también recibió la activista india Vandana Shiva. Montenegro está
a cargo de la cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también
funciona un campus de la RLA. Colabora con las Madres del Barrio
Ituzaingó e impulsó uno de los juicios. Los vecinos lo invitaron a
dar una charla. “La primera reunión se organizó en tres días.
Nos impactó la cantidad de personas que fuimos”, dice Gastón
Mazzalay, de los más jóvenes de la asamblea de vecinos.
“Ustedes
están a tiempo”
Más
de 300 malvinenses preguntaban: “¿Monsanto está haciendo las
cosas bien?” Fue el germen de la Asamblea Malvinas Lucha por la
Vida, con el 70 % de sus integrantes mujeres. Silvana Alarcón dice
que ella no salía mucho porque atiende un comercio en su casa, pero
esa primera reunión “fue un clic”. Aún le resuena algo que dijo
Montenegro: “Ustedes están a tiempo. No esperen a que pongan los
ladrillos, no los sacan más”.
“Acá
no se luchaba por nada. Fue por Monsanto que nos organizamos. Acá
hay gas troncal, una ruta provincial y otra nacional. Malvinas es de
fácil acceso y por debajo pasa el acuífero guaraní. Tenían todo y
una población como nosotros, con poco estudio y necesidad de
trabajo. Un intendente que había ganado con mucho margen cuatro
veces [N. de R.: Daniel Arzari, de la UCR]. Dijeron, ‘es el lugar
perfecto, no vamos a tener oposición’. Se equivocaron”, dice
Alarcón, de Malvinas Lucha por la Vida.
La
primera medida de la asamblea fue pedir al municipio los estudios de
impacto ambiental y participar de una audiencia pública para
expresar su opinión. Eso establece la Ley General del Ambiente de la Nación. Vecinas y vecinos se contactaron con la red de Médicos de
Pueblos Fumigados y colectivos como Madres de Ituzaingó.
A
Sofía Gatica, una de esas madres, la habían visto en la televisión,
durante el juicio. Después de la sentencia de Ituzaingó, el 21 de
agosto de 2012, Malvinas Lucha por la Vida convocó a un corte en la
entrada al pueblo para decir “No a Monsanto en Malvinas”.
Asistieron organizaciones sociales de protagonismo en el juicio, como
el colectivo Paren de Fumigar, la misma Gatica y el médico pediatra
y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de
la Municipalidad de Córdoba, socio de lucha de las Madres. Una de
las consignas fue: “No queremos que Malvinas se convierta en
Ituzaingó”.
Para
el secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina Hafford,
la idea era equívoca. “El caso del barrio Ituzaingó se tomó como
una situación extraordinaria que se quiso trasladar a otras.
Ituzaingó está asentado sobre un enterramiento de residuos
industriales, con problemas de agua potable, basurales,
transformadores, entre otros. Se infundió miedo a la gente de
Malvinas”, se queja.
A
pedido de la asamblea, la Red Universitaria de Ambiente y Salud
(RUAS) de Médicos de Pueblos Fumigados -allí participa el ex
subsecretario Ávila Vázquez- hizo un relevamiento epidemiológico.
La conclusión: Malvinas tenía “el perfil de enfermedades que se
reiteran en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados de la
Argentina”. “Someter a esta población a un nuevo golpe en su
salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas
transgénicas de Monsanto en su jurisdicción, no es recomendable”,
decía el informe, firmado por profesores de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Luciana
Ruderman (RUAS), Betiana Cabrera Fasolis (Cátedra Medicina
Psicosocial), Gloria Dozzo (Alergia e Inmunología), Carlos Nota
(Medicina I) y Medardo Ávila Vázquez (Clínica Pediátrica).
La
Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó al Ministerio de
Salud nacional delinear una línea de base de salud de la población.
La asamblea, junto a FUNAM, analizó si la población tenía
plaguicidas en sangre. Lo hizo el Centro de Asesoramiento
Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la cátedra de Toxicología y
Química Legal de la Universidad de Buenos Aires. De las diez
muestras (cuatro de niños y seis de adultos), en siete se
encontraron residuos de agrotóxicos persistentes, ya prohibidos,
pero de larga data en el aire y el suelo.
Montenegro
entregó a los vecinos un informe, realizado desde la Cátedra de
Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Córdoba y la FUNAM: “Monsanto amenaza
Malvinas Argentinas: semillas envenenadas y pérdida de soberanía
alimentaria”. Identificaba diez grupos de riesgo, vinculados a los
impactos de las distintas etapas del proyecto. “La planta de
procesamiento de semillas de Monsanto es fuente de riesgos químicos”,
decía, después de repasar la historia de Monsanto y sus detalles,
como el uso del agente naranja (herbicida usado en Vietnam).
Los
vecinos a la Justicia
La
asamblea pidió frenar las obras hasta el estudio de impacto
ambiental y la consulta popular. En septiembre de 2012, la ONG “Club
de Derecho” y los vecinos de Malvinas Argentinas interpusieron una
acción de amparo ambiental en contra de la Municipalidad. El Juzgado
de Conciliación de Sexta Nominación, a cargo de Carlos Moroni, lo
rechazó (ver acá, acá, acá y acá). Argumentó: no podía
pronunciarse sobre el permiso dado por la Municipalidad de Malvinas
Argentinas a Monsanto. Los vecinos apelaron. En octubre de 2012, la
Sala 2 de la Cámara del Trabajo les hizo lugar. Decidieron recusar
al juez y también se les dio lugar.
Un
grupo de abogados presentó otra denuncia contra los funcionarios que
habían autorizado las obras sin los estudios de impacto ambiental.
Acusaron al entonces intendente Daniel Arzani; al ministro de
Industria, Carlos Lawson; y al de Agricultura, Néstor Scarelandi,
por basarse en un “aviso de proyecto” de Monsanto para abrir las
puertas al emprendimiento.
Tres
universidades -la UNC, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
y la Universidad Católica de Córdoba (UCCor)- analizaron las 90
páginas del “aviso de proyecto” y recomendaron el “principio
precautorio”, es decir, la obligación de suspender o cancelar
actividades que amenacen el medio ambiente pese a que no existan
pruebas científicas suficientes que prueben el daño ambiental de
estas actividades. Dicho principio está establecido en la Ley General del Ambiente que rige a nivel nacional.
En
julio de 2016, el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, imputó por abuso de autoridad al ex intendente Arzani (hoy secretario de
Coordinación en la Municipalidad de Córdoba) y al ex secretario de
Ambiente de Córdoba, Luis Bocco (ahora asesor del bloque de Unión
por Córdoba de los concejales capitalinos), por autorizar el uso de
un suelo no apto para emprendimientos industriales, según la Ley Provincial de Uso del Suelo. También al ex jefe de Catastro y
Planeamiento de Malvinas, Rubén García, y a los ex concejales de la
UCR José Blanco, Emilio Ferrero (hoy subsecretario de Deportes),
Elsa Martínez (secretaria de Recursos Humanos), María Ferreyra,
Martha Castro (actual presidenta del Concejo Deliberante) y Ricardo
Guzmán; y Rosa Estela Castañares, de Unión por Córdoba.
Sobre
las autorizaciones de la Municipalidad, la intendenta González
expresó: “No tenemos Secretaría de Ambiente, nosotros autorizamos
en base a lo que resolvió Ambiente de Córdoba. Fuimos a las plantas
de Monsanto de Rojas y Zárate. En el primer viaje, con escuelas, la
radio, la cooperativa de agua, no para autorizar, sino para saber”.
Dice
que en esos años de lucha hubo “un quiebre social”. “Vecinos
que se conocían de toda la vida, no se saludaban por Monsanto.
Pueblo chico, infierno grande”, describe. “Nos dolía. Venía
gente de afuera a romper vidrios en la Municipalidad. Nos pintaban
las paredes de las casas. Me han llegado a poner ‘Silvia asesina,
genocida’, ni siquiera conocían mi nombre”.
Primera
victoria
Unos
supieron que la municipalidad había dado el permiso de obra. Otros
empezaron a ver camiones rumbo al predio. Entonces los asambleístas,
en enero de 2013, pidieron habilitación de feria y solicitaron con
urgencia suspender o paralizar las obras hasta que no se resolviera
el amparo. El tribunal de feria rechazó la medida cautelar
innovativa, pero dispuso que la Municipalidad de Malvinas se
abstuviera de autorizar la etapa operativa.
Un
mes después los asambleístas consiguieron la primera victoria
judicial: la Justicia ordenó suspender la construcción de la
planta, el 22 de febrero de 2013. El intendente Arzani y Monsanto
apelaron ante el máximo tribunal de la provincia. ¿Debían
paralizarse las obras? El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de
Córdoba dijo que “no”: la obra civil podía seguir, pero para la
fase operativa la empresa debía cumplir con la normativa ambiental.
Los
asambleístas votaron bloquear la entrada a la planta un día a la
semana. “A veces éramos 30, a veces 50. A las siete de la mañana
llegaban los camiones, ya estábamos y no los dejábamos pasar. Al
terminar el horario de los obreros, volvíamos a casa”, recuerda
Silvana Alarcón.
El 19
de septiembre de 2013, frente al predio donde se empezaba a perfilar
la estructura de la planta, celebraron el “Festival Latinoamericano
Primavera sin Monsanto”. Las consignas: “No a la instalación de
Monsanto en Córdoba y América Latina” y “Por una soberanía
alimentaria ya”. Las Madres de Ituzaingó lideradas por Gatica y la
Asamblea Córdoba Ciudad Despierta los acompañaban. Días antes, más
de 10 mil personas habían marchado en Córdoba para decir “No a
Monsanto”.
“Vecino,
vecina / no sea indiferente / Monsanto contamina/ y envenena a la
gente”.
Un
día antes del festival, Gatica -que un año antes, en 2012, había
ganado el Premio Goldman, una de las distinciones más importantes
para los activistas ambientales- llegó al predio temprano. Colgó en
el acceso una bandera de “Madres de Ituzaingó” y otra con la
palabra “Genocidas”. “Cuando aún estábamos en el juicio de
Ituzaingó, fui a la asamblea de Malvinas. No se decidían a tomar la
planta. Le comenté al doctor [Andrés] Carrasco que queríamos
meternos en el predio. No le pareció. Cambié de idea: no había que
meterse, había que bloquear. Me junté con la asamblea de Malvinas y
la mitad se negaba. Me cuestionaron que quién era yo para ir a hacer
eso. Otros, apoyaron”, recuerda Gatica. Iban a quedarse. “Íbamos
por cuatro días, no preparados para tres años”, sonríe.
Al
festival asistieron más de 1200 personas. Carrasco fue ovacionado:
“Hay miles de razones que tendrían que ser objeto de muchos
debates acerca de por qué esa planta no debería estar acá. Voy a
plantear otro ángulo: no le preguntaron al pueblo argentino qué
modelo de producción tecnológica quiere”.
Aquel
día Lucas Vaca -que junto a Elecinda Leiría sostuvo el acampe-,
rodeado de policías, dijo a la cámara del Movimiento TV: “El
amparo no se mueve, la cautelar se cayó, Monsanto la violó porque
sigue construyendo. Si la Nación o la provincia no hacen nada por
defender nuestros derechos, tenemos que defenderlos nosotros. Somos
gente pacífica y trabajadora”.
Cuando
empezó el bloqueo, entre los obreros corrió el rumor de telegramas
de despidos. Los asambleístas trataban de convencerlos:
-¡No
estamos contra ustedes! Estamos contra una multinacional que impulsa
un ecocidio mundial, compañeros. ¡Reubicación!, ¡Lucha obrera!.
El
neologismo “ecocidio” refiere a la destrucción masiva de la
naturaleza como un delito. Se acuñó en los ’70, a partir de la
primera Cumbre Ambiental de Naciones Unidas en Estocolmo, donde el
primer ministro sueco, Olof Palme, acusó a los Estados Unidos por usar
químicos defoliantes en la guerra de Vietnam. En los últimos años,
el movimiento ambientalista impulsa en foros internacionales que se
tipifique como el quinto crimen contra la paz. Entre esas
iniciativas, el 14 y el 16 de octubre de 2016 se conformó en La Haya
un Tribunal Internacional Monsanto, promovido por la sociedad civil
para responsabilizar a la empresa sobre violaciones a derechos
humanos y pedir que el ecocidio se incorpore como figura penal al
Estatuto de Roma. Extraoficialmente jueces de distintos países del
mundo escucharon testimonios y emitirán una opinión consultiva
(pero sin peso jurídico) el 18 de abril, imitando el modelo de la
Corte Penal Internacional de Justicia. Monsanto le dedicó una carta abierta: “Es un evento escenificado, un juicio simulado donde los
críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan
el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está
prefijado”.
En
aquellos días de tensión en el predio de Malvinas, algunos obreros
acusaban a los asambleístas:
- Muchachos,
que se levante el pueblo. Ustedes nos perjudican. Están pagos.
Hubo
intentos de desalojo y represiones policiales furiosas en el acampe.
Los asambleístas también denunciaron intimidaciones del gremio de
la UOCRA. “Sonaba el celular a las seis de la mañana, y salíamos
disparando. Nos íbamos encontrando en el campo. Un día llegamos y
había 200 policías”, recuerda Silvana Alarcón.
Los
activistas se tomaban de las manos y se daban fuerza:
- ¡Sí
a la vida!
- ¡No
a Monsantoooo!
- Les
pido encarecidamente si se pueden retirar- les decía un agente.
- ¿Y
yo le puedo pedir encarecidamente que dejen de contaminar?.
“El
mundo está con ustedes”
Vanesa
Sartori dice que cada vez que los reprimían, “nos llegaban
mensajes de Francia, Italia, Uruguay, de asambleas en Famatina,
Gualeguaychú, Esquel. Nos sentimos apoyados por las Abuelas y Madres
de Plaza de Mayo, gente con una importante trayectoria”. Visitaron
el bloqueo personalidades diversas: Nora Cortiñas, Adolfo Pérez
Esquivel, Maristella Svampa, Manu Chao, el cantante Axel. Fue
alentado desde diversos campos -ciencia, arte, medios- y por pocos
políticos. Unos los apoyaron visitándolos, otros dictando talleres,
algunos con dinero en una cuenta del Banco Nación. La banda de ska
Perro Verde grabó un video clip ahí, con la estructura de
la planta de fondo, y acuñó un hit. Manu Chao lo globalizó,
zapando una mañana temprano, con tanta fuerza que despertaron a los
que dormían: Veo madres con ovarios / Resistiendo en la vía / Me
sumo con mi letra / Disparando con mi rima / Te lo digo, te lo canto
/ ¡Fuera Monsanto!
Sartori
guarda una foto -que le entregó Gustavo Vera de La Alameda- donde
Francisco sostiene una remera de la Asamblea Malvinas Lucha por la
Vida: “Hasta el Papa nos apoyó”.
“Una
lucha titánica, que se ganó judicialmente”
Monsanto
planeaba instalar en Río Cuarto un centro de experimentación de
semillas de soja y maíz. Pero el intendente, Juan Juré (UCR), frenó
la radicación. “Podía ser afectada la paz social, ese valor que
tanto nos cuesta conservar”, le dijo al diario La Voz. Los
habitantes de Malvinas debieron afrontar la vía judicial, con
avances y retrocesos. El Juzgado de Conciliación de Cuarta
Nominación, por ejemplo, dijo que la obra de Monsanto podía
continuar pero ordenó a la Municipalidad de Malvinas que “se
abstenga de autorizar la etapa operativa hasta cumplir los requisitos
que marca la ley, entre ellos, el estudio de impacto ambiental y la
celebración de audiencia pública”.
La
estocada que frenó la construcción llegó en enero de 2014: la Sala
Segunda de la Cámara del Trabajo ordenó suspender las obras hasta
tener el Estudio de Impacto Ambiental y celebrar una audiencia
pública. Uno de los argumentos fue que tres universidades de la
Provincia de Córdoba habían cuestionado la autorización otorgada.
“El
amparo y las denuncias nunca fueron por contaminación sino por haber
incumplido con la Ley de Ambiente”, aclara el asambleísta Gastón
Mazzalay. “Fue una lucha titánica”, define Federico Macciochi,
presidente de Club del Derecho. “Este conflicto se ha ganado
judicialmente, porque hay una sentencia que ordenó detener las
obras. Empezó a partir de una causa porque los vecinos vieron
vulnerados en sus derechos”, dice.
Macciocchi
explica: “No hay muchos jueces expertos, ni una rama que se
especialice en derecho ambiental. Es uno de los factores que jugaron
en contra; además de que las cuestiones ambientales atraviesan
grandes intereses políticos y económicos”.
Cinturón
maicero: sueño cordobés trunco
La
planta de Monsanto se insertaba en un contexto de producción de
semillas de maíz a gran escala, con valor agregado provincial y
nacional. “Trabajamos con Malvinas para contarles estos proyectos”,
dice Juan Cruz Molina Hafford, secretario de Agricultura de Córdoba.
“Estas plantas procesan el material para embolsarlo, curarlo, no
mucho más. Era la oportunidad de hacer el cinturón maicero de
Córdoba, como hay en la Provincia de Buenos Aires (en Rojas y
Pergamino). Tenemos buenos campos, buenos productores, agua. Da pena
que se haya perdido esta oportunidad de generar industria, dar
trabajo y especializar a productores”, lamenta.
Otras
multinacionales que iban a radicarse en Córdoba para procesar
semillas de maíz o investigar, como Syngenta o Pioneer, se fueron
antes de arrancar. “Hay desconocimiento y está la intencionalidad
de activistas que confunden. Hace años que tenemos procesos de
primer nivel en agricultura. Córdoba y la Argentina producen
alimentos con biotecnología. El uso consciente de fitosanitarios, el
conocimiento profundo de productores, la siembra directa, hace que la
Argentina sea muy competitiva”, dice el secretario.
“Estas
empresas no traen progreso sino división, porque a raíz de que vos
necesitás trabajar y yo vivir, nos vamos a matar. Sólo defendemos
los recursos naturales, la forma de vida, la soberanía alimentaria y
el territorio”, dice, en cambio, Lucas Vaca.
En
2016, los que seguían ahí -con la construcción abandonada- eran
pocos: Lucas Vaca, Elecinda Leiría, Sofía Gatica, Ariel Becerra (el
esposo de Raquel). Pero el bloqueo llegó a tener cinco puestos de
activismo y más de 30 carpas. Durante más de dos años, un grupo de
anarquistas de otras ciudades vivió allí en comunidad. Cocinaban
con leña, se bañaban cuando podían, ayudaban a resistir. En el
pueblo les decían “los hippies” y los acusaban de ser “de
afuera”. La intendenta denunció que amenazaron con matarla
(“Arrojaron piedras en mi casa, empapelaron todo con una foto que
decía ‘Serás la responsable del genocidio de Malvinas’”). “No
queremos que las instancias de lucha las maneje el poder: ni sus
abogados cómplices, ni sus asambleas funcionales”, dijeron al
irse.
El
bloqueo se mantuvo con un fogón, guardias rotativas y reglas
escritas en una pared. No andar solos de noche, separar la basura,
avisar si se quedaban a dormir, respetar las horas de descanso.
Fueron tiempos de debates e internas.
De la
asamblea a la política
La
gran línea divisoria entre asambleístas llegó con las elecciones
de 2015. Debían definir si le decían sí a la política en un
conflicto que había involucrado tres niveles de gobierno y tres
partidos: nacional (Frente para la Victoria, el anuncio de la planta
fue realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde
Nueva York), provincial (donde gobernaba Unión por Córdoba,
liderada por José Manuel de la Sota) y municipal (conducida por la
UCR).
Unos
votaron por competir en una lista con Malvinas Despierta. Aunque ganó
la UCR, los asambleístas lograron tres concejales de siete. En un
padrón de ocho mil electores, perdieron por 400 votos. Elecinda
Leiría se considera a sí misma de los “antipolíticos” y
admite: “Como en toda lucha, hay diferencias pero a la hora de
tirar, íbamos todos para el mismo lado”.
En el
invierno de 2016, la visita de Vandana Shiva y de Marie-Monique Robin
al bloqueo marcó un pico de emoción. Las activistas los felicitaron
por una lucha “heroica”.
Lucas
Vaca reniega del heroísmo y también del rótulo “ambientalista”:
- No
lo soy, soy un vecino que cree que con métodos que aprendí acá se
puede cultivar la tierra sin envenenarla. Quizás esto pequeño que
hemos hecho sirva para que otras poblaciones se den cuenta: la salud
y la vida son más importante que un trabajo.
Primeras
señales
En
agosto de 2016, después de que la Justicia imputara a funcionarios
por habilitar el uso de un suelo no apto, el periodista Patricio
Eleisegui informó en una nota que autoridades de Monsanto le habían
dicho en off the record que negociaban la venta del predio. Por el
reclamo, pero también porque el mercado internacional -dijeron-
había cambiado: no necesitaban tantas semillas de maíz. Para el
abogado Darío Ávila, uno de los impulsores de la denuncia por abuso
de autoridad de los funcionarios, “la imputación terminó de
sellar la suerte de Monsanto porque resolvió el fondo del conflicto.
Por ley, ahí no se podía construir”.
Desde
Monsanto la respuesta a Chequeado fue: “Poco después del anuncio
de la planta, grupos de activistas comenzaron a organizar
demostraciones en contra; a pesar de que la compañía había
obtenido las aprobaciones requeridas para su construcción, y en
septiembre de 2013, un grupo de activistas instaló un acampe que
bloqueó los accesos a la propiedad. Con el transcurso de los años
desde que anunciamos nuestra intención de construir la planta, la
compañía optimizó la capacidad de producción de semillas y
reevaluó que está en condiciones de proveer la demanda de maíz en
la Argentina, aprovechando tanto las instalaciones propias como a
través de la contratación a terceros. En base a las dinámicas del
mercado y al excelente comportamiento de nuestras instalaciones de
semilla de maíz existentes en América del Sur, ya no vio la
apremiante necesidad comercial de avanzar con la planta de Córdoba,
por lo que en 2015 anunció la venta del predio”.
En el
bloqueo, el festival de la primavera 2016 fue parecido a una
despedida. Los asambleístas no tenían noticias oficiales pero sí
un buen presentimiento. Había trabajadores que visitaban el predio
presupuestando el desarme de lo poco que quedaba. Noche a noche,
personas ajenas a la asamblea, se habían ido llevando materiales.
“Monsanto
nunca dijo oficialmente que el proyecto se cayó. Nos fuimos
enterando pero nos preguntábamos ¿será cierto?”, dice Vanesa
Sartori. En octubre, vigiladores privados empezaron a custodiar el
terreno. Señal para pensar que estaba en nuevas manos.
“Se
levanta el bloqueo, no la lucha”, advirtió la Asamblea. El lunes
31 de octubre al anochecer, Elecinda Leiría se despidió del
bloqueo. Quiso grabar un video, no pudo terminar: soltó la cámara y
se largó a llorar. Fueron tres años, tres meses y catorce días que
documentó en su diario personal.
Después
de que la intendenta confirmara la venta, hubo fiesta. Se celebró en
el salón prestado para las primeras reuniones. En agradecimiento,
pagaron un alquiler simbólico.
“Echar
a Monsanto fue una inyección de vitaminas para las luchas de
Córdoba. Hoy seguimos desde ahí. El gobierno provincial quiere
modificar la Ley de Bosques. Y hay preocupación por un enterramiento
de basura en Santa Ana, vecina a Alta Gracia”, cuenta Vanesa
Sartori. Siente que ganó una lucha asimétrica. Pero no logró
convencer a su padre: “Él insiste hasta hoy en que Malvinas perdió
una gran oportunidad de progresar”.
Elecinda
Leiría sigue subiendo a Facebook las fotos de los perros que
quedaron en el predio: “Quiero ubicarlos. Más allá de los
corazones contentos, los animales nos acompañaron, no podemos
abandonarlos. Si vamos peleando por un ambiente sano, vamos por
todo”. Cuando puede les lleva comida.
Antes
de irse del bloqueo, Leiría pidió topadoras. Llegaron y bajaron los
ranchos construidos en esos años de acampe. “Quedó el predio
limpio. No quería que se metieran a vivir. Se me estrujó el corazón
cuando las máquinas destruyeron lo que mi marido había hecho en sus
sábados libres”, cuenta.
En
las calles de Malvinas la felicitan por la lucha, también por tirar
abajo los ranchos. Leiría se pregunta qué irán a hacer ahí.
Desconfía del futuro. Cree que los años pasados le dejaron grandes
lecciones: “Lo principal fue desaprender para aprender. A salir de
la comodidad. A conocer tanta gente buena y mala: más buena que
mala. A saber quién pone el cuerpo para defendernos, quién lo hace
por interés. A perder el miedo a estas luchas: Famatina, Madres de
Ituzaingó, Vaca Muerta, megaminería. Es impresionante la cantidad
de gente que ha tomado coraje en los últimos tiempos y ha salido a
hacer valer sus derechos”.
Este
artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a
publicarse en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que
fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations
(OSF).
Protestar
contra Monsanto: transgénicos y multinacionales
Para
Pablo Pellegrini, investigador del Conicet y doctor en Ciencias
Sociales y Filosofía del Conocimiento (Sorbonne - Université
París IV y Flacso Argentina), Marie-Monique Robin encarna lo que él
llama un pensamiento “esencialista”. “Responsabiliza a las
nuevas tecnologías como causa de todos los males sociales. Supone
una naturaleza intrínseca que las hace dañinas. Considera que para
evitar esos males, hay que prohibirlas. Existen otras formas de
entender las causas de esos problemas sociales, que no se reducen a
la tecnología en sí misma; son más enriquecedoras y se vinculan a
perspectivas que exploran, por ejemplo, cómo se regulan, cómo se
utilizan, quién las controla, en un entramado más complejo”.
El
investigador está lejos de defender a Monsanto. Opina que la empresa
construyó “esa imagen diabólica” por méritos propios. Ha
llevado a juicio a pequeños agricultores de Canadá por usar sus
semillas genéticamente modificadas.
En la
Argentina, desde hace años existe un intento por sancionar una nueva
ley de semillas. La actual data de 1973. Y en el país, la Ley de Patentes excluye la posibilidad de patentar materia viva. Pero
Monsanto intentó patentar sus semillas con tecnología incorporada.
En abril de 2016, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial falló en consonancia: consideró que no se
puede patentar “una modificación de la materia ya existente en la
naturaleza, que no constituye creación humana”. Hizo una analogía:
dijo que era como si un escritor pretendiera patentar una novela y
pasara a ser dueño de las palabras utilizadas.
En
Malvinas, decirle “no a la planta” fue un modo de decir, también,
“no a los transgénicos”. San Marcos Sierra (Córdoba), El Bolsón
(Río Negro) y Merlo (San Luis) se declararon libres de organismos
genéticamente modificados (OGM) en el país de Sudamérica que -dice
Pellegrini- tiene la mayor proporción de OGMs en el mundo.
“En
Francia no se cultivan OGMs y sin embargo a Monsanto le va muy bien
vendiendo semillas convencionales, porque se adaptó al mercado
local”, dice Pellegrini. Y plantea: “Oponerse a los transgénicos
no es lo mismo que oponerse a las multinacionales de la
biotecnología. Porque se reconvierten según lo que necesita el
mercado”, dice el investigador.
Hasta
hace poco, seis grandes multinacionales dominaban el mercado
transgénico. “Ahí residía una de las claves menos abordadas,
porque el debate siempre se trasladaba al OGM. Recién en 2015 se
aprobaron los primeros cultivos transgénicos desarrollados por
laboratorios públicos. Llevó décadas, porque las etapas de
regulación son costosas y el lobby de las transnacionales, grande”,
dice Pellegrini.
“Existen
muchas empresas de biotecnología con productos similares a Monsanto.
Hay otro debate y no debería ser reducido ni llevado a lo
esencialista: ¿el problema es el glifosato o los agroquímicos? ¿O
es el modo en que se regulan?”, pregunta Pellegrini.
En
rigor, el fallo de la Justicia de Ituzaingó fue por no haber
respetado la distancia marcada por la ley. Y la orden de detener la
planta en Malvinas no se basó en el hecho de que contaminara sino en
que la empresa y distintas áreas de gobierno no cumplieron los
procedimientos que marca la ley.
Desde
la perspectiva del Grupo de Reflexión Rural (GRR), uno de sus
referentes Jorge Rulli, aporta otro enfoque: “En Malvinas se dio
una lucha muy heroica, pero no expresa a la sociedad argentina, que
se siente urbana, modernizante y no se opone a la biotecnología. El
agronegocio llegó para quedarse: acá todo el mundo está de acuerdo
con la matriz ideológica. Hoy la situación de enfrentamiento pasa
en gran medida en echar a Monsanto para hacer nuestros propios
transgénicos”.
Desde
el agro: “El problema es la comunicación”
“La
legislación en la Argentina está dentro de las más preventivas
comparada a la de otros países. Existen a nivel provincial
diferentes leyes con grados de restricción mayor, y a nivel
municipal aun más, a los fines de poder garantizar a la población
que las actividades agrícolas no representan una amenaza al medio
ambiente ni a las personas”, asegura Santiago Nocelli, gerente de
Prospectiva de la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid). Como institución, se enorgullece del programa de
“Agricultura Certificada”, que lleva certificadas 100 mil
hectáreas y de haber impulsado en el sector un nuevo sello de
calidad: la norma IRAM 14.130 de Buenas Prácticas para Labores Agrícolas, aprobada en julio del año último. “Las buenas
prácticas están escritas y protocolizadas por Aapresid, a su vez
validadas y homologadas a nivel internacional por la RTRS [N. de R.:
sigla en inglés de Asociación Internacional de Soja Responsable] y
reconocidas en Standard Maps [plataforma sobre estándares de
sustentabilidad]. Así es como la agricultura debería ser concebida
a nivel mundial, de cara al futuro, que se pueda medir, monitorear,
controlar y auditar que la producción agrícola no representa un
daño ni a las personas ni al ambiente”, destaca.
“Como
productores de siembra directa, siempre hablamos de que si hay tanto
desconocimiento, fallamos en algo. No supimos contar a la comunidad
lo que hacemos”, agrega Nocelli. Las entidades del agro admiten que
en cierto sectores hay una visión negativa del sector: “Durante
mucho tiempo trabajamos puertas adentro. Tranqueras afuera, generó
desconfianza. Queremos llegar a la comunidad con información y es un
desafío. Si hay algo que está mal, queremos saber, nuestras
familias están en el campo”. Para él, además de desinformación,
hay “grupos anticiencia” y “mercados de productos orgánicos
con precios exorbitantes, que son un gran negocio”.
Desde
la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Federico
Landgraf, su director ejecutivo, explica: “Se ha generado una gran
distancia entre grupos que creen en otro tipo de agricultura. Tenemos
un problema que no es el paquete tecnológico, es la comunicación.
Haciendo uso de buenas prácticas, el paquete tecnológico es más
sustentable que lo que usaba tiempo atrás. No nos oponemos a la
agricultura orgánica, pero puede ser diez veces más tóxica”.
Casafe
estima que para 2050 la agricultura deberá incrementar un 60 % su
producción para alimentar a nueve mil millones de personas. “Este
escenario de producción de alimentos a futuro sería inviable sin la
biotecnología. Estaríamos exponiendo al hambre a cientos de miles
de personas”. Gracias a los agroquímicos, explica, tenemos más y
mejores productos: naranjas sin pintitas, manzanas sin gusanos. “En
ciertos lugares no podría haber producción si no fuera porque se
combaten hongos, insectos y malas hierbas”, agrega.
¿Por
qué Córdoba?
Florencia
Arancibia es socióloga, se doctoró en la Universidad Estatal de
Nueva York
y es becaria posdoctoral del Conicet. Uno de sus temas de
investigación es la relación entre movimientos sociales y
científicos. En su tesis doctoral, se preguntó: ¿qué pasa con las
poblaciones expuestas a un riesgo por la introducción de nuevas
tecnologías en sus territorios? ¿Pueden ejercer algún tipo de
influencia acerca de cómo se gobierna ese riesgo y esa tecnología?
Después de investigar casos como el de Ituzaingó Anexo, afirma:
“Esas poblaciones están excluidas de por sí de las decisiones, no
se las consulta sobre la posibilidad de incorporar o no las nuevas
tecnologías ni cómo”. Arancibia dice que el tema va más allá de
las pulverizaciones y atraviesa otras tecnologías: fracking, minería
a cielo abierto.
Mientras
preparaba su tesis sobre movimientos sociales, ambiente y ciencia, y
estudiaba la situación a nivel nacional, una provincia le llamó la
atención. “Córdoba parecía tener un mayor grado de organización
de las comunidades. Se dio algo que no se da en todas partes: la
capital se vio afectada (Ituzaingó es un barrio periférico de la
ciudad), y ahí está la Universidad de Córdoba, sede del primer
encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Hubo una
historia de movimiento antiminería muy exitoso (en la región), y
mucha de esa gente terminó militando en la campaña ‘Paren de
fumigar’. La alianza entre médicos, científicos y movimientos se
hizo más fuerte, y esto implicó mayor capacidad de acción”, dice
Arancibia.
Son
varios los que recuerdan el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos
Fumigados, realizado en 2010 en la Facultad de Ciencias Médicas,
como un hito. El abogado ambientalista Darío Ávila dice: “La
gente tomó conciencia: la problemática del cáncer no era sólo del
Barrio Ituzaingó, en otros pueblos pasaba lo mismo. Córdoba ha
tenido esa virtud: haber sido la primera que visibilizó estos
problemas de salud. El tema llegó a la opinión pública. Y después
del juicio hubo consecuencias”.
“Córdoba
presenta casos exitosos de comunidades que logran que el Estado las
escuche y reconozca sus problemas, con un fallo judicial importante
para las Madres de Ituzaingó Anexo. Pero para lograr algún avance,
se necesitó la complementariedad: la ciencia sola no incide
políticamente. Sin la movilización de la gente pidiendo respuestas,
sólo producir conocimiento científico no cambia nada”, señala
Arancibia. En base a sus investigaciones, evalúa: “En los últimos
años hubo avances, sobre todo en esta provincia. Pero la temática
aún no se convirtió en política pública ni hay una revisión de
la legislación. Los políticos, en general, no recogen el tema en la
agenda, y a nivel nacional no hubo muchos cambios”.
Arancibia
identificó que, en muchos casos, ante la llegada de una nueva
tecnología a un territorio, si la población está en desacuerdo o
denuncia padecer nuevas daños presumiblemente asociados a ella, no
tiene canales institucionales para hacer oír su desacuerdo y su
preocupación, ni pedir protección del Estado. Es una suerte de
patrón. “A pesar de la vigencia del principio precautorio en la
Constitución nacional, en general los gobiernos le piden a la
población que demuestre con evidencia científica lo que está
diciendo. Pero la gente no cuenta con herramientas para producirla.
Hay quienes tratan de ver si hay trabajos o avances del mundo
científico que puedan apoyar lo que les pasa. Pero la ciencia es
parte del mismo sistema y no todas las líneas de investigación
reciben el mismo financiamiento. Es el problema que algunos autores
llaman ‘Ciencia no hecha’: la que serviría a movimientos
sociales o poblaciones para justificar sus reclamos y demostrar
científicamente lo que están experimentando”.
Fuente:
María Eugenia Ludueña, Malvinas Argentinas, el pueblo cordobés que venció a Monsanto, 29/03/17, Chequeado.com
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