Murió Rafael Videla. La noticia se recibió de múltiples
maneras, incluso en organismos de Derechos Humanos, entre quienes dijeron que
marca un punto de quiebre, o no. Si algunas voces enfatizaron la sensación de
alivio, tal vez sea porque no tenerlo presente en cuerpo refuerza el sentir del
Nunca Más. En esta nota nos proponemos no pasar por alto el acontecimiento y
pensar también desde la
Ecología Política cuáles cuáles son las marcas de la Dictadura que persisten
en el presente. Desde la continuidad del modelo agroexportador que resurgió por
el neoliberalismo, pasando por Atucha II, hasta llegar a los resabios de la
represión como forma de controlar la protesta contra la mega-minería.
Memoria Verde. Como título es sugestivo para incorporarlo en
esta nota. El libro pionero de Antonio Brailovosky y Dina Foguelman presenta
una historia ecológica de Argentina. Aunque desde 1991 hasta la actualidad hubo
cambios, también en nuestro conocimiento, es importante la obra que señala
distintas fases históricas. Justamente, en 1975 empieza la "modernización
periférica", interesante caracterización, y que sin dudas se exhacerbó
durante el menemismo y la fase explícitamente neoliberal. Está en discusión el
cambio de etapa en el siglo XXI, pues si pensamos como Raúl Zibechi y otros,
podemos considerar el extractivismo como continuidad de todo aquello, como
pasaremos a explicar.
Desindustrialización. Brailovosky, con Foguelman en el
libro, y Zibechi coinciden en que el principal propósito de la Dictadura fue
desarticular el país industrial. En términos sociológicos, la organización
sindical estaba tan avanzada, llegando a niveles de genuina distribución de la
riqueza mediante altos salarios, que para el capital resultaba en un problema
de "rentabilidad". Solamente a través de la represión organizada
desde el Estado, que constituyó un genocidio, fue posible superar esta barrera
para la acumulación económica. Al mismo tiempo, este disciplinamiento estuvo
acompañado por otras formas de generar riqueza, incluyendo todo aquello que se
llamó la "plata dulce".
Sin embargo, también debe decirse que la desindustrialización
no significó generar menores niveles de contaminación. Como bien remarca
Memoria Verde: "el conjunto de la industria se reduce, pero las fábricas
contaminantes se encuentran en plena expansión". Esto se explica porque la
apertura económica a empresas trasnacionales implica que los países del Norte
pueden trasladar las fábricas más perniciosas a los países del Sur, ávidos por
"desarrollo" , por lo cual sucede que las normas o los controles
ambientales no son tan estrictos. Esto fue lo que se denunció en el caso de las
pasteras. Y más bien es el marco general también del extractivismo agrícola,
minero y petrolero.
AgroNegocios. El factor de poder económico que constituye el
agronegocio hoy se remonta también a aquella Dictadura. Como se lee en Memoria
Verde, a partir de allí se "vuelve a pensar en un país
agroexportador" ya que en esa época se produce el proceso de
"modernización agraria". Es decir, se trata nada menos que la
"introducción de la soja" como cultivo competitivo a la par de un
"proceso de concentración" de tierras. Aunque Monsanto y la soja
transgénica tuvieron que esperar hasta los noventa, desde fines de los setenta
con el impulso dado a las finanzas, la realidad del campo comenzó a
modificarse. Más allá de la oligarquía local, las multinacionales toman
relevancia.
Como expresó Norma Giarracca (Sociología Rural de la UBA ) en La Vaca : "con el cambio de
modelo económico internacional, la globalización, el predominio del capital
financiero. Lo primero fue que aparecieron grandes empresas transnacionales que
producen agroquímicos y semillas en la agroalimentación, empresas que empezaron
a tomar posiciones estratégicas en Latinoamérica". En este sentido la Sociedad Rural y
Martínez de Hoz son simbólicos. Así: "En la dictadura el banco de semillas
del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban
al país. La dictadura abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a
compartir con las multinacionales".
Si los crímenes a los 30 mil desaparecidos fueron
denunciados por las Madres de Plaza de Mayo, los crímenes que causa el modelo
económico aún persisten. En la caracterización del Juicio por las Fumigaciones,
Darío Aranda nos contaba: "Las protagonistas son las Madres de Ituzaingó.
Al igual que a las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura militar, a las
mujeres del barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, les decían “locas”. Eran simples
madres que, alertadas por las enfermedades de sus hijos y vecinos, comenzaron
en 2001 a
sospechar que algo sucedía. Miraron a su alrededor y no dudaron mucho: estaban
rodeadas de campos de soja y las fumigaciones llegaban hasta sus casas".
El caso Ledesma. Ligado también al agronegocio, hubo un
hecho durante la Dictadura
que unió tanto el crimen social como la contaminación. En la localidad jujeña
de Ledesma sucedió la "Noche del Apagón", como se recuerda la cruel
represión vinculada con la empresa azucarera, en la que terminó desaparecido el
intendente y médico del pueblo, Luis Arédez. La tragedia continuó en
democracia, porque en 2005, su esposa, Olga Márquez murió de
"bagazozis", producto de la contaminación, luego de luchar por la
memoria de su marido y contra el ingenio por emisión de desechos de caña de
azúcar, que terminó con una orden judicial para el saneamiento de la industria.
Por ello, en el año 2009 la Unión de Asambleas Ciudadanas expresó durante su
reunión en Jujuy: "Derechos Humanos y derechos a un ambiente sano van de
la mano. Ledesma viola ambos derechos hace un centenario". Y el comunicado
agregaba: "Minería a cielo abierto, monocultivos (de soja, caña, maíz,
etc), agrocombustibles, contaminación urbana y criminalización de la protesta
fueron los temas centrales en la discusión, como manifestaciones concretas de
un mismo modelo hegemónico". En estos días, Carlos Pedro Blaquier,
propietario de Ledesma, está en juicio por sus vinculaciones con la última
Dictadura Militar. Es un representante claro de la complicidad empresarial.
Tecnocracia nuclear. Otra actividad que alentó la Dictadura fue la
construcción de centrales nucleares, siempre ligadas a la concentración de
poder y también ambiciones militares más o menos claras. Es sabido que la
central nuclear Atucha II fue iniciada en la Dictadura. En 2011, el
año del desastre en Fukushima-I, la
Unión de Asambleas Ciudadanas realizó una marcha de protesta
hacia Atucha. Allí el referente Javier Rodríguez Pardo recordó: "El plan
nuclear, concebido en tiempos de la dictadura militar argentina, previó seis
centrales nucleoeléctricas y en el distrito de Zárate nadie duda de que ese
departamento fue elegido como receptor de cuatro de ellas".
Un informe de Greenpeace en el 2008 ya decía también:
"Los gastos de Atucha II formaron parte de una serie de desmesuras
cometidas dentro del denominado Plan Nuclear Argentino durante la dictadura
militar y que produjeron que a fines de 1983 la deuda externa contraída por la CNEA representase el 13 % de
endeudamiento del país. Concluir el proyecto significa aumentar ese desatino y
asumir un temerario riesgo tecnológico al no contar siquiera con los
proveedores originales". Hoy el gobierno nacional, sin embargo, alienta
terminar con esta obra de la
Dictadura. En su seno esconde un riesgo del cual ni siquiera
se conocen planes de continencia para Atucha I.
Urbanización. En el área del Gran Buenos Aires la Dictadura también dejó
su marca, una de las más visibles en el particular "ordenamiento" del
espacio verde, que en otros términos continúa el macrismo enrejando plazas.
También en esa época se crearon autopistas para fomentar a las automotrices,
algunas ligadas también a las desapariciones. Pero sin dudas la creación más
importante fue el Ceamse, cuyos rellenos sanitarios fueron hechos de mala forma
y hoy alientan el negocio de la basura. La urbanización también creció a áreas
inundables. Más aún, el actual proyecto urbanístico del grupo Techint Nueva
Costa del Plata que quiere imponerse en un humedal está en tierars adquiridas
en la Dictadura.
Represión Minera. Como se sabe también, la megaminería se
retrotrae a la década menemista de la cual hoy sus principales operadores
siguen en cargos de poder. Pero para imponer el modelo se utiliza en ocasiones
a ex-represores. Por caso, en 2010 la Asambla SocioAmbiental
de Catamarca, denunció que Sergio Gustavo Tomsic, representante y gerente de
Asuntos Corporativos de minera Alumbrera Limitada, figura como agente
informante afectado a tareas de inteligencia entre los años 1976 y 1980. Según el comunicado, la empresa contaminante
estaría acogiendo "en su seno representativo y operativo, a gente
vinculada directamente al terrorismo de Estado durante la Dictadura Militar ".
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