Los ambientalistas denuncian que “es una barbaridad porque
no pueden tener independencia de juicio”. Además, no se sabe cómo ni con qué
profesionales los realizan porque las autoridades dicen que es “información
confidencial”.
por Manuel Alfieri
A la inexistencia de legislación nacional que regule el uso
de agroquímicos y a los insuficientes informes epidemiológicos oficiales que
permitan conocer el verdadero efecto que estos venenos tienen sobre el medio
ambiente y la salud de las personas, se suma un nuevo agravante: los laboratorios
que realizan las evaluaciones para determinar la toxicidad de los agroquímicos
que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas
empresas que producen y comercializan pesticidas. Sí, los laboratorios Monsanto
realizan los ensayos toxicológicos que establecen si los productos de la
empresa Monsanto SA -entre ellos, el glifosato, denunciado por contaminar el
medio ambiente y atentar contra la salud de las personas- pueden diseminarse en
los campos argentinos. De igual modo sucede con los laboratorios Nidera y la
firma Nidera SA, o con los laboratorios nacionales Atanor y la productora de
agroquímicos Atanor SA, entre muchos otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -que tiene como función registrar, autorizar o prohibir los agroquímicos que se pulverizan en todo el territorio nacional- no realiza ensayos toxicológicos sobre los productos químicos diseminados cada año en las más de 20 millones de hectáreas cultivables. Simplemente, evalúa los resultados de los ensayos ya realizados por las multinacionales del rubro, aunque la población no puede saber cómo y con qué profesionales ya que, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, esa información es “confidencial, siendo la misma incluida en los expedientes particulares de los diferentes laboratorios”. “Esto es una barbaridad. Los laboratorios Monsanto no pueden tener independencia de juicio de Monsanto SA. Están haciendo las veces de juez y parte en la evaluación toxicológica de los agrotóxicos fumigados. El SENASA es cómplice de esta situación”. La frase pertenece a Claudio Lowy, ingeniero forestal y reconocido especialista en desarrollo humano sustentable. Fue él mismo quien en junio de 2011 realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Secretaría de Agricultura, en la que requirió precisiones sobre los laboratorios acreditados en el SENASA y exigió un informe detallado sobre los agroquímicos utilizados en nuestro país.
El pedido recién fue respondido tres meses más tarde, el 3
de octubre del año pasado, por el propio secretario del área en cuestión, el
ingeniero Lorenzo Basso, quien admitió que el SENASA no realiza ensayos de
toxicidad de los pesticidas sino que evalúa los ya realizados por “laboratorios
que cumplan con los requisitos administrativos y técnicos” inscriptos en la red
de laboratorios del organismo. Entre ellos se encuentran:
- Monsanto Argentina SAIC: realiza análisis sobre glifosato y acetoclor.
- Nidera SA: también analiza glifosato.
- Atanor SA: además de glifosato, examina químicos altamente tóxicos como 2,4-D, atrazina, endosulfán y clorpirifos.
- Laboratorio Dow Agrosciences Argentina SA: estudia glifosato, atrazina, picloram, clorpirifos y trifluralina.
- Bayer: 14 laboratorios en Alemania, tres en los Estados Unidos y uno en Francia.
- Monsanto: Estados Unidos y Brasil.
- Basf: dos en Alemania, los Estados Unidos y Brasil; uno en Inglaterra, Puerto Rico y España.
- Battelle: tres en Inglaterra y Estados Unidos; dos en Suiza y Alemania.
- Dow AgroSciences: tres en Estados Unidos, dos en Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, Italia, Inglaterra.
“Hay un problema central en el sistema de reglamentación de
los productos tóxicos. Las multinacionales dicen que son productos probados y
reglamentados. Todo eso es mentira: los estudios en que las instituciones
gubernamentales se basan son hechos, entregados y pagados por las
multinacionales”, aseguró la periodista francesa Marie-Monique Robin, autora de
la investigación El Mundo según Monsanto.
Según la
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE),
durante 2010 estas empresas facturaron un total de 1.675 millones de dólares por
la venta de agroquímicos. A la vez, son estos mismos laboratorios los que
determinan cuán tóxicos son los pesticidas que ellos mismos producen y, a
partir de esos datos, el SENASA evalúa si pueden ser utilizados en los campos
argentinos.
Robin también consideró que “otro gran problema es la falta
de transparencia y democracia. Los expertos se reúnen a puertas cerradas. Los
datos que van a estudiar son protegidos bajo el secreto comercial. Esos datos
toxicológicos tendrían que ser públicos ya que afectan a millones de personas”.
El docente, investigador de la UBA y ex presidente del
CONICET, Andrés Carrasco, coincidió: “Es preocupante el nivel de desinformación
al que estamos sometidos. La población no puede desconocer la naturaleza de las
prácticas de laboratorio, sobre todo cuando se trata de productos que van a
tener un efecto sobre ella. Esto es una concesión a las empresas.”
Carrasco conoce el poder de lobby que tienen las
multinacionales que producen y comercializan agroquímicos: en 2009, cuando
publicó una investigación que comprobó las nocivas consecuencias del glifosato
en embriones -aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de
soja–, el aparato mediático y económico que defiende el modelo de monocultivo
desplegó una virulenta campaña de desprestigio en su contra. Probablemente, ese
mismo poder de lobby empresarial permita que el SENASA incumpla hasta sus
propias normas, ya que la
Resolución 736/06 prohíbe las vinculaciones entre
laboratorios y compañías. En su artículo Nº 9, dictamina claramente: “Los
laboratorios autorizados deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material
proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación
o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio”.
Tiempo Argentino intentó comunicarse con el secretario Basso
para que explique esta situación, pero Daniel Bestty, integrante del área de
prensa de la cartera de Agricultura, no contestó el pedido realizado por este
diario. Igual postura tomó Carlos Chichizola, encargado de la comunicación del
SENASA.
“Lo que más preocupa es la permeabilidad existente en las
instituciones del Estado. Esta es la consecuencia de un sistema que se rige por
la lógica del mercado, y no por la protección del ambiente y la salud de las
personas”, señaló el doctor Carrasco.
El reclamo no es nuevo. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo
de la Nación
elaboró la Resolución
147/10, donde recomendó al secretario de Agricultura impulsar “las medidas
necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de
toxicidad de los productos agroquímicos”. También advirtió que “los estudios
sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser
realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
Al igual que ante este diario, la
Secretaría no dio ninguna respuesta.
La gravedad del problema crece cuando se observa que los
agroquímicos autorizados para diseminar a lo largo y a lo ancho del país suman
más de 3600. Todos los años, estos venenos son pulverizados en aproximadamente
22 millones de hectáreas sobre distintos cultivos transgénicos, es decir,
genéticamente modificados, como soja, trigo y arroz. En ese territorio viven 13
millones de personas, según un relevamiento realizado por este diario en marzo
de 2011, ya que no se cuenta con información oficial. Los litros de glifosato y
otros pesticidas rociados durante el año pasado fueron más de 300 millones, sin
rigurosos controles y a escasos metros de zonas urbanas, escuelas y casas.
Allí, los habitantes denuncian casos de cáncer, malformaciones al nacer y
problemas neurológicos, entre otras patologías. Y, pese a que los trabajos
realizados por científicos y médicos independientes confirman esas denuncias,
el caudal de agroquímicos vertidos aumenta cada año. En ese contexto, que el
Estado apruebe con los ojos cerrados los estudios hechos por las
multinacionales del rubro no parece ser la opción más saludable.
Agroquímicos, discapacidad y cuestionamientos
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 06/12, en la
que presentó el “Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad”. En base a
la sistematización de denuncias y estudios extraoficiales, el organismo
concluyó que la aparición de “malformaciones congénitas, enfermedades y
trastornos neurológicos” está directamente vinculada al uso intensivo de
agroquímicos, por lo que “resulta apremiante pedir a las autoridades públicas
nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo”.
También cuestionó el trabajo de la Comisión Nacional
de Investigación de Agroquímicos (CNIA), creada por la presidenta Cristina
Fernández a comienzos de 2009,
a raíz de la relación entre fumigaciones y enfermedades
que denunciaron los vecinos del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba. Para la Defensoría , la CNIA “lejos está de cumplir
de modo sostenido en el tiempo con la manda presidencial que la convocó para la
investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o
que afecten a la población con productos agroquímicos”. El organismo detectó,
además, que la CNIA
no cumple con la regularidad de funcionamiento impuesta, no mantiene
actualizada su página web y no difunde actas ni informes.
Por esa razón, la Defensoría recomendó al Ministerio de Salud de la Nación -encargado de
supervisar la tarea de la comisión- regularizar las sesiones, mantener al día
la página de Internet y ejecutar las acciones necesarias “que propendan a la
prevención de la aparición de la discapacidad”.
Primer juicio por contaminación con agroquímicos
El pasado 11 de junio se inició el primer proceso judicial
de la historia latinoamericana contra productores y fumigadores acusados por
contaminación ambiental. El juicio se está desarrollando en la Cámara 1º del Crimen de la
provincia de Córdoba y es el resultado de distintas denuncias realizadas por el
colectivo Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que en 2006 determinaron la
existencia de 500 enfermedades en un pueblo de sólo 5.000 habitantes. De ese
total, 200 patologías correspondían a distintos tipos de cáncer. En cada una de
las casas del lugar, que sufrían fumigaciones de glifosato y otros agroquímicos
a diario, había al menos un enfermo.
La causa tiene tres imputados: el piloto Edgardo Pancello y
los productores Francisco Parra y Jorge Gabrielli, acusados como presuntos
instigadores y autores de contaminación dolosa agravada. Hasta el momento, ya
pasaron por los estrados Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos
Fumigados, y Sofía Gatica, de las Madres del Barrio Ituzaingó, quien declaró:
“Tengo una hija fallecida por malformación de riñón y he tenido serios
problemas con el otro (hijo) cuando era chico. Hay que estar ahí para ver cómo
van perdiendo la vida en el barrio”.
También declaró Eulalia Ayllon, otra de las fundadoras de
las Madres, quien aseguró haber visto a chicos del pueblo corriendo detrás de
un avión que realizaba una fumigación, mientras este los rociaba con
agroquímicos. Eulalia sostuvo que a los chichos se les irritaban los ojos y se
les secaba la garganta. “No somos una planta para que nos echen agroquímicos
encima”, se lamentó la vecina.
Fuente:
Tiempo Argentino, 17/06/12, Toxicidad del glifosato: Monsanto y Nidera se controlan a sí mismas.
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