La Nación ahora garantiza que no se contaminará el Salí-Dulce

Santiago del Estero pidió la suspensión de plazos procesales contra industrias tucumanas. Citarán a una decena de empresarios a declaración indagatoria, por la causa que investiga la muerte de peces a fines de noviembre.

El fin de la feria trae novedades para algunos industriales tucumanos. Ayer el Gobierno y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero cumplieron lo pactado a fines del año pasado y presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de suspensión de plazos procesales del amparo que iniciaron en el máximo tribunal contra directivos de firmas tucumanas que contaminarían el río Salí.

Pero una decena de empresarios azucareros y citrícolas también deberá alistarse para prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal santiagueña. La citación se enmarca en la causa iniciada por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, luego de que a fines de noviembre se observó una masiva mortandad de peces a lo largo de tres kilómetros del Embalse de Río Hondo.

Según publicó ayer el diario santiagueño "El Liberal", el juez federal de ese distrito, Guillermo Daniel Molinari, prevé indagar a Jorge Rocchia Ferro (Compañía Azucarera Los Balcanes), a Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), a Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), a Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), a Roberto Mario Ortiz (ingenio San Juan), a Luis Lorenzo Pardo (Citromax), a Gonzalo Tanoira (Citrícola San Miguel), a Mario Menéndez (Litoral Citrus), a José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA) y a Fernando José Terán (Santa Bárbara). El diario agregó que la declaración se hará efectiva luego de que el juez conozca el contenido de un informe sobre la mortandad de los peces -elaborado por representantes del Comité de la Cuenca Salí-Dulce-, que sería presentado hoy (por ayer).

Funcionario tucumano

Además de los empresarios, citarán al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván. La Fiscalía federal de Santiago del Estero entendió que le corresponde: "la responsabilidad penal que les cabría a las autoridades encargadas de ejercer los controles pertinentes tanto en función del poder de policía cuanto como partes del convenio suscrito por Nación, Provincias y titulares de empresas involucradas". La Gaceta no logró comunicarse con Montalván.

El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, recordó que la presentación que realizaron ayer ante el máximo tribunal cumple con lo acordado el 29 de diciembre del año pasado entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Según este acuerdo, la Nación será la última garante de que las firmas tucumanas no arrojen ni vinaza ni cenizas al cauce del río desde 2012. Díaz Achával aclaró que el pedido de suspensión no significa que desistan de la acción. "Nos habíamos comprometido a presentar un pedido de suspensión de plazos procesales. (Pero) esto no se detiene, porque nunca puede haber un pacto de impunidad", dijo.

Señaló que lo que la Corte suspendería, en caso de que acceda a su pedido, es el amparo presentado por la Defensoría y por el Gobierno de Santiago del Estero; pero que continúan las causas que se tramitan en otras instancias. "El interés punitivo, respecto de quien ya cometió un delito, corre por cuenta separada. Eso quedó muy claro para los industriales tucumanos", afirmó.

Fuente: 

La Gaceta, 02/02/2012, "La Nación ahora garantiza que no se contaminará el Salí-Dulce". Consultado 03/02/2012.