Siete reactores operativos se encuentran en sitios afectados por el primer terremoto de Japón de 2024. El aviso de tsunami costero obligó a más de 100.000 japoneses a desplazarse a terrenos más elevados. El martes por la mañana fue levantada la alarma.
Por Juan Vernieri
Tras el terremoto inicial, la Agencia Meteorológica ha detectado más de 500 temblores entre el 1 y el 3 de enero y ha advertido que se preparen para más réplicas, deslizamientos de tierra y nuevas alertas de tsunami en los próximos días.
Del recordado mayúsculo accidente de Fukushima, el gobierno, inconsciente e irresponsable, ha levantado las órdenes de evacuación en las zonas donde la radiación sigue estando por encima de los límites de seguridad, lo que puede exponer a la población a un mayor riesgo de cáncer. Esto supone un peligro especial para los niños y las mujeres. Increíble irresponsabilidad gubernamental que acepta que pobladores vayan a residir a lugares aún contaminados.
En 2020 surgieron nuevos planes para el levantamiento de las restricciones, incluyendo la apertura de un área que hasta entonces formaba parte de la zona de exclusión “difícil de devolver”.
Hasta 2018, se habían aplicado 13 millones de horas de trabajo en la descontaminación del Área Especial de Descontaminación (SDA), la mayoría por parte de subcontratistas. Algunos trabajadores corren el riesgo de exponerse a radiaciones por encima de los límites de seguridad, y se ven coaccionados a aceptar condiciones de trabajo peligrosas debido a las dificultades económicas. También han recibido una formación y protección inadecuadas.
Durante la última década, las violaciones han sido cuestionadas por múltiples organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como por relatores especiales de derechos humanos de la ONU, entre ellos Baskut Tuncak.
En su informe a la Asamblea General de la ONU en 2018, Tuncak declaró que: “Es decepcionante ver que Japón parece casi ignorar la recomendación de 2017 del mecanismo de vigilancia de los derechos humanos de la ONU, de volver a lo que consideraba una dosis aceptable de radiación antes del desastre nuclear.”
En su informe, instó al gobierno japonés a detener la reubicación en curso de los evacuados, incluidos los niños y las mujeres en edad reproductiva, en zonas donde los niveles de radiación siguen siendo más altos que los considerados seguros o saludables antes del desastre nuclear de 2011.
También criticó la decisión del gobierno japonés de aumentar en 20 veces el nivel de exposición a la radiación que consideraba aceptable, afirmando que era “profundamente preocupante, destacando en particular el impacto potencialmente grave de la radiación excesiva en la salud y el bienestar de los niños”.
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