Justicia y Poder Judicial no son sinónimos: muerte, agrotóxicos e impunidad

José "Kily" Rivero tenía solo 4 años. Murió en 2012 víctima de las fumigaciones con agrotóxicos en Corrientes. Luego de once años de espera, estaba por comenzar el juicio por su fallecimiento. Pero el juez Jorge Antonio Carbone volvió a suspender las audiencias. Antonella, hermana mayor de Kily y que también sufrió las fumigaciones, falleció de cáncer en 2021.

Por Anabel Pomar

José Carlos Rivero tenía 4 años de edad. Vivía en Paraje Puerto Viejo (Lavalle, Corrientes), zona de producción de tomates y altamente pulverizada con agrotóxicos dañinos para la salud y el ambiente. Su familia le decía "Kily". El 12 de mayo de 2012 murió envenenado, intoxicado por agrotóxicos. El juicio por su muerte debía comenzar el 18 de abril. Pero el inicio de las audiencias fue pospuesto sin que se conozca aún la fecha de su reprogramación. Pasaron once años y la justicia aún no llega.

El acusado por la muerte del niño es Oscar Antonio Candussi, dueño de la empresa tomatera lindante con la casa donde vivía la familia de Kily. El productor agropecuario está procesado por homicidio culposo.

El juez Jorge Antonio Carbone, presidente del Tribunal de Juicio de Goya (Corrientes), firma el escrito judicial que oficializa la suspensión. “Vistos que la nutrida agenda del Tribunal no permite la fijación de debates en fecha próxima (…) y atento a que en la presente causa no existe persona detenida, por la que prorrogar la fecha de audiencia no ocasionaría gravamen relevante en el presente juicio: resuelvo suspender la audiencia señalada”.

La fría letra del escrito que notifica el aplazo no contempla el dolor de la familia que sepultó a quien no debía morir así, ni allí, producto de un modelo agrovenenoso que continúa sin pausa pulverizando infancias.

A más de una década de perder a su hijo, Eugenia Sánchez esperaba el juicio con enorme tristeza pero abrigando algo de esperanza en que por fin se condene al responsable. Ante la noticia de la suspensión expresó: “Me da mucha impotencia porque no hay ningún preso pero sí un niño muerto y mucho dolor en la familia porque todavía no se puede tener justicia. Cuanto más se aleja el juicio más se dilata nuestro dolor. No es fácil recordar nuevamente todo lo que pasó”.

Eugenia Sánchez vive como puede con ese dolor. Con sus dolores. Entre venenos y pérdidas. Otra de sus hijas, la hermana mayor de Kily, Antonella (16 años) falleció en 2021 de cáncer (otra enfermedad vinculado al modelo de agronegocio).

La enfermera del Hospital Garrahan Meche Méndez denuncia desde hace décadas los daños que ocasionan los agrotóxicos. Ella acompañó a la familia en el durísimo trance de la muerte del niño. También acompañó a Antonella durante su enfermedad.

Enterada de la suspensión del juicio, indignada, aseguró que la misma “es una muestra clara del desprecio que la 'justicia' emana una vez más por la vida de los niños expuestos a los tóxicos utilizados en la agricultura y cuyo negocio mueve millones, dañando además seriamente la salud y el ambiente”. Y exhortó a visibilizar tanto el caso como el pedido de justicia: “Nos sobran experiencias para sospechar que si el tema no se visibiliza, si el juicio no se acompaña también de una condena social que exija justicia, existe serio riesgo que el tribunal nuevamente imparta injusticia”.

“Hago un pedido hasta el nuevo llamado a juicio, a difundir, visibilizar, denunciar una vez más el caso de los niños de las tomateras de Lavalle, acompañando esta vez el reclamo de la familia de Kily para que los responsables de su muerte no queden impunes y para que nunca más haya niños que enfermen o mueran por la codicia y el desprecio de quienes se enriquecen a costa de sembrar enfermedad y muerte”, pidió Méndez.

Morir intoxicado

Dos semanas antes de los primeros síntomas de intoxicación del niño, en la propiedad familiar que habitaba, varias gallinas, cerdos y un perro murieron. La familia señaló a los agrotóxicos de la quinta vecina. Eso contó su mamá cuando ingresó Kily, con vómitos y fiebre, a su primera consulta médica en una salita sanitaria de la zona. Le dieron analgésicos y lo mandaron nuevamente a su casa.

Pero Kily no mejoraba. Al contrario. Por eso su mamá lo volvió a llevar al médico. El niño fue llevado de urgencia a un hospital zonal en Goya. Tras 24 horas de internación, y por la gravedad de su estado, fue trasladado a otro hospital de mayor complejidad (en la capital correntina).

Desde allí, tras diagnosticarle daño hepático fulminante, lo derivan al Hospital de Pediatría Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, donde fallece. "Falla hepática fulminante, falla multiorgánica, de origen tóxico", según consta en documentos que forman parte del expediente judicial.

En la causa judicial figura que se encontró la presencia de agrotóxicos organofosforados en orina del niño, en plantas de tomate en el lote del imputado por el crimen y en huesos de uno de los cerdos muertos en la casa de los Rivero.

Infancias pulverizadas

Los venenos matan. Y en el barrio de las tomateras las infancias robadas son la prueba más desgarradora. Kily murió intoxicado. No es la única víctima de agrotóxicos en la zona. En ese mismo lugar, en Paraje Puerto Viejo, en marzo de 2011, Nicolás Arévalo de 4 años y su prima Celeste Estévez de 5 años también fueron envenenados.

Nicolás falleció el día 4 de abril de 2011 por "edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida". La autopsia concluyó que tenía en su cuerpo el agrotóxico endosulfán. Celeste Estévez sobrevivió, aunque estuvo tres meses internada en el Hospital Garrahan y continúa en tratamiento de por vida por los graves daños hepáticos producidos por el plaguicida organo clorado alfaendosulfan.

Esos hechos alcanzaron mayor trascendencia a nivel nacional y terminaron en un segundo juicio tras apelarse el primero en 2016 que había absuelto al productor responsable. En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Penal de Goya (Sentencia N° 128/20) condenó a Ricardo Nicolás Prieto, dueño de la tomatera, a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo de Nicolás Arévalo y lesiones culposas de Celeste Estévez. El productor goza del beneficio de la condicional supeditado a tomar clases de capacitación en el buen manejo de agrotóxicos.

Producción venenosa

La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) dictó en 2018 una resolución en la que recomendaba el control del uso de agrotóxicos y un camino imprescindible hacia la agroecología en esa región de Corrientes. Un año después, en noviembre de 2019, los funcionarios de la DPN viajaron a la provincia y recorrieron el pueblo de Lavalle y las tomateras.

Tras ese viaje, luego de documentar innumerables situaciones de riesgo concreto para la salud y el ambiente, elaboran un informe en el que se lee que las autoridades municipales reconocieron que se continúan utilizando pesticidas prohibidos. Por ejemplo, el endosulfán, prohibido seis años antes.

“En relación a los productos utilizados, hicieron referencia a que ‘el que más se usa es Agromur, que es endosulfán (...) Existen estudios que indican que este producto seguiría siendo utilizado en ciertos cultivos, ya que se han detectado elevadas concentraciones del mismo en frutas y verduras adquiridas en comercios, llegando incluso a ser el plaguicida con mayor frecuencia de detección en uno de los análisis realizados”, señalaron.

Según datos del Mercado Central, un tomate que llega a nuestras mesas puede contener unos treinta agrotóxicos.

En otro párrafo del informe de la Defensoría del Pueblo puede leerse: “La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica”.

Corrientes no escapa a la situación de grave emergencia socioambiental que se vive en Argentina, el país más pulverizado del mundo con agrotóxicos. Y las autoridades lo saben hace años. Ese informe es sólo una muestra más.

Mientras, hoy, la muerte de Kily continúa impune. Y en el que fuera su barrio, y en tantos otros más, niñas y niños continúan expuestos a esos agrotóxicos que le costaron la vida.

Fuente:

Anabel Pomar, Justicia y Poder Judicial no son sinónimos: muerte, agrotóxicos e impunidad, 13 abril 2023, Agencia Tierra Viva.