por Cristian Basualdo │ ilustración Ana Rosa Feldman y Suárez
La Comunidad Toba de Nam Qom promovió en 2014 una acción de amparo por la instalación de una planta de producción de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek SA. La tramitación judicial demoró en determinar el fuero que debía resolver el amparo. El 2 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte”. En los considerandos, el máximo Tribunal advirtió “la constatación de circunstancias excepcionales de magnitud que exigen el conocimiento de la causa”.
El amparo fue presentado contra el Estado Nacional, la Provincia de Formosa y Dioxitek, a fin de que se efectivice el derecho de la Comunidad Toba de Nam Qom a la consulta y participación contemplado en los artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional; y 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Como así también, de defender, en una instancia posterior, su derecho a un ambiente sano.
La denominada Nueva Planta de Tratamiento de Uranio (NPU) se construye en los terrenos del Polo Tecnológico de la ciudad de Formosa, a unos 4 kilómetros del barrio Nam Qom, Lote 68, que desde el año 1985 se encuentra afectado al régimen de propiedad comunitaria y del cual la comunidad es titular.
Según información de Dioxitek, la NPU realizará “la purificación y conversión del concentrado de uranio, proveniente de los centros mineros fabriles de nuestro país y/o de importación y/o proveniente de reciclo a través de procesos químicos, obteniendo como producto final dióxido de uranio de pureza nuclear”. La obra civil finalizó y se está montando el equipamiento. La última información disponible en las redes sociales de la empresa está relacionada con el montaje del área de Evaporación.
El senador Luis Naidenoff (UCR), uno de los promotores del amparo en representación de la Comunidad Toba de Nam Qom, dijo que “si hay que llegar hasta la Corte y pasan ocho años, no importa el tiempo, pero hoy estamos en la Corte y va a resolver si realmente se vulneraron o no el consentimiento libre e informado y si la instalación fue de prepo es decir si es válida o no”, en declaraciones a Radio Parque.
Dioxitek opera una vieja planta en la ciudad de Córdoba con un frondoso prontuario de accidentes industriales e irregularidades normativas, que la convirtió en una pesadilla para los vecinos del lugar. La empresa se maneja con extrema cautela a la hora de comunicar qué pasará con esta planta ubicada en Rodríguez Peña 3250, del barrio Alta Córdoba, para no intranquilizar a los trabajadores sobre el futuro de la fuente laboral, según informó La Voz del Interior. Una opción que se maneja es la instalación de una planta de irradiación de alimentos e instrumental médico.
En 2012 la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir con normas de higiene y seguridad. Entonces se firmó un acuerdo para relocalizarla, y ante el incumplimiento por parte de la empresa, se repitió la clausura en 2014. Así las cosas, en 2016 Dioxitek pidió a la Justicia Federal una declaración de derecho. En enero de 2017 se firmó un nuevo acuerdo, con el Juez Federal Miguel Vaca Narvaja como garante, con el compromiso de cierre en diciembre de 2018, que se fue prorrogando. En 2021 se suscribió una nueva prórroga con la Municipalidad de Córdoba, que extendió la autorización para operar hasta diciembre de 2024. A cambio, la empresa se comprometió a entregar dos mil luminarias led, una ganga si consideramos las 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad, depositadas sin membrana ni sistema de contención, en lo que se conoce como “el chichón” de Alta Córdoba.
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