Cuando el último árbol esté cortado, cuando el último espacio de bosque nativo haya desaparecido, nos preguntaremos qué hicimos mal. La provincia de Córdoba cuenta con casi una exclusiva fuente de agua que se da detrás de aquel delgado equilibrio entre bosque nativo y escasas lluvias. El ataque sistemático al poco bosque nativo que nos queda, tiene hoy un capítulo cuyos actores principales son los tres poderes del Estado. En efecto, con fecha 22 de julio de 2022 el Gobernador de la Provincia envía un Proyecto de Ley para modificar la Ley General del Ambiente 10.208 en sus Anexos I y II. En un trámite express, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el día 17 de agosto de 2022 lo pone a consideración del plenario de Legisladores y lo aprueba, ignorando una vez más la participación ciudadana que, además de ser obligatoria, pudo haber enriquecido el debate. En su lugar, sancionaron una normativa regresiva e inconstitucional.
La pretensa ley es tan aberrante que deja grandes porciones del territorio de la Provincia, que hoy están categorizadas como zona roja, por tanto inmodificable y protegible a perpetuidad conforme la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos 26.331, libradas al arbitrio de los negocios inmobiliarios, los emprendimientos megamineros y la agroindustria. A la par de ello, la norma sancionada cercena la participación ciudadana, ya acotada por la propia ley modificada, al sustraer algunos supuestos de la obligatoriedad de iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que incluye el Estudio de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública.
Repudiamos esta modificación inconsulta, claramente regresiva, que no sólo se dicta de espaldas al pueblo, sino en medio de la peor situación medioambiental de la historia de la Provincia de Córdoba, lo que ha llevado a proponer a quien lidera la coalición gobernante traer agua a Córdoba desde el río Paraná, una de las cuencas más contaminadas y colapsadas que tiene nuestro país, con un altísimo costo energético y económico.
El Gobierno debe actuar en forma urgente, utilizando los mecanismos constitucionales con los que cuenta a fin de evitar que los cansados ciudadanos y ciudadanas tengamos que recurrir a una desprestigiada y cuestionada Justicia Provincial que, a tenor de los acontecimientos, llegará demasiado tarde.
Marcela Fernández MP 1-30261
Rocío Loza Serra MP 1-40606
Rene Amsler MP 7-396
Joaquín González MP 1-32372
Juan Carlos Smith MP 1-36939
Lucas Cocha MP 1- 1-38177
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