En Latinoamérica y el Caribe, 160 millones de personas no tienen acceso seguro al agua

Lourdes Uquillas (EFEverde).- En Latinoamérica y el Caribe, 160 millones de personas no tienen acceso seguro al agua, uno de los grandes retos del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la Agenda 2030 de la ONU, que establece el derecho universal al agua, asegura a EFE el jefe de la División de Agua y Saneamiento de CAF, Franz Rojas, a su paso por Madrid después de participar en el Foro de Dakar.

160 millones sin acceso seguro al agua

Rojas explica que el ODS 6 «está muy vinculado al derecho humano al agua y saneamiento», no obstante 160 millones de personas no tienen acceso seguro al recurso hídrico o lo tienen en «condiciones precarias», es decir, que «no es potable o es discontinua y de los 160 millones, 17 no tienen acceso básico al agua».

En saneamiento, la cifra es mayor, 430 millones de personas no tienen acceso seguro, más de 300 millones en las urbes no tienen sistema de alcantarillado, y más de 10 millones defecan al aire libre, «un problema muy grave por los riesgos para la salud y la seguridad de las personas».

El reto «es muy significativo», subraya el experto, y señala que en CAF se calcula que se necesita triplicar la inversión anual actual en agua y saneamiento, si se pretende cumplir con las metas de la Agenda 2030, lo que supone un esfuerzo muy grande de los gobiernos de la región, pero también de la conjunción de recursos que hagan posible lograr la meta.

«Muy vinculado al esfuerzo financiero están también las condiciones de entorno favorables de políticas y de instituciones capaces de poder administrar esos recursos con solidez y rendición de cuentas con transparencia».

Sequías, conflictos y agudización de la pobreza

Latinoamérica y el Caribe tienen una disponibilidad del 30 % del recurso hídrico mundial, no obstante, según Rojas, el agua está distribuida «de manera asimétrica», porque existen zonas donde hay abundancia y otras donde hay un déficit considerable, y eso «puede llevar en situaciones de sequía no solo a conflictos si no también a la migración climática y a la agudización de la pobreza».

En las zonas de sequía, las personas del campo migran a las ciudades y en las zonas donde hay inundaciones también hay un riesgo latente y genera daños considerables, «ambas situaciones exacerbadas por el cambio climático, que ha provocado un incremento del 80 % de inundaciones en los últimos 20 años, en comparación con los 20 años previos», según Rojas.

Una de las apuestas para afrontar esta situación es «generar mayor resiliencia climática», con mayores obras que prevengan la sequía y otras para el control de inundaciones, por lo tanto «soluciones en infraestructuras y las basadas en la naturaleza por infraestructura verde».

No obstante, explica el experto de CAF, uno de los problemas, es que después de la pandemia, los gobiernos tienen una «presión fiscal muy fuerte», los países tienen «una necesidad imperiosa» de mejorar los indicadores macroeconómicos, de crecimiento y de creación de empleo.

Reparaciones más caras que las inversiones

Por ello, «sin dejar de atender las inversiones en agua y saneamiento», es necesario que los gobiernos «prevean recursos para la prevención de los daños» causados por sequías o inundaciones, «porque su reparación puede ser más costosa que su inversión misma».

Los recursos destinados a estos fines «es más probable que sean más bien fiscales», porque si bien para el agua y el saneamiento hay diferentes alternativas de financiamiento, en el caso de control de inundaciones «no hay un retorno económico muy explícito y por lo tanto, es necesario que los países prioricen estas acciones».

El banco CAF ha puesto en marcha múltiples proyectos y a diferente escala para el abastecimiento de agua en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, según Rojas, quien destaca el ejemplo del programa ‘Mi agua’, que ha beneficiado a más de 3.000 comunidades rurales en Bolivia, el Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario (Promadec) en Ecuador -con una inversión de casi 900 millones de dólares aprobados por CAF a través de un banco público Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE)-, «un ejemplo de aportación multilateral y de recursos propios para aumentar el impacto y los resultados».

No obstante, CAF tiene programas de financiación en agua y saneamiento en al menos diez países «con resultados muy concretos y sostenidos», como Argentina, Panamá, entre otros.

Crecimiento de la población en las ciudades

Otro de los problemas que existen para el abastecimiento de agua es que «en Latinoamérica se supera el 81 % de urbanización en las ciudades, y para 2050 se estima que estará entre el 88 y 90 %», lo que supone una gran presión sobre las urbes y establecer «mecanismos de prevención y protección de las cuencas aguas arriba», con el fin de evitar aluviones como el vivido en un barrio de Quito en febrero pasado en el que fallecieron cerca de 30 personas arrasadas por lodo y rocas por las laderas de una de las montañas sobre las que se levanta la capital ecuatoriana.

Rojas explica que existen experiencias en el continente donde se están protegiendo las cuencas aguas arriba mediante diferentes modalidades, como los pagos de servicios ecosistémicos en Perú, para la retribución al agricultor situado aguas arriba para que tenga prácticas agrícolas menos erosivas, y en Ecuador se han creado fondos de agua, con el concurso público privado, para proteger varias cuencas aguas arriba y evitar la deforestación que más afectan a la capacidad de infiltración y retención del agua.

Un «caso icónico», dice, es el que se lleva a cabo en el área metropolitana de Sao Paulo, con la empresa de aguas Sabesp, la más grande de América Latina, que es dueña de aproximadamente unos 3.000 kilómetros aguas arriba para evitar la tala y la erosión que afecte a las fuentes de agua de las que se abastecen.

Conflictos por el agua

Franz Rojas sostiene que ante la escasez de los recursos hídricos y la sequía existen diferentes modalidades de gestión del agua, desde la prevención misma -que tienen que ver con estos procesos de reforestación o arborización-, pero también están las presas, aunque «no son las únicas soluciones».

En el caso de las presas, «es necesario que exista una gestión social muy clara, por la población que se ve afectada por la inundación de la presa, pero también por los circundantes aguas arriba y aguas abajo, tienen que ir con la perspectiva socio ambiental muy amplia y holística para evitar ese tipo de problemas.

Pequeñas soluciones

Para paliar los problemas que suponen la crisis climática para los pequeños consumidores afectados, Rojas explica que hay soluciones como la construcción de pequeños estanques que se hacen entre comunidades, precisamente para afrontar la sequía, «con un coste no muy alto y que pueden ser temporales», soluciones que existen en áreas rurales y zonas habitacionales dispersas, y donde se puede hacer la «cosecha de agua», donde la propia vivienda está diseñada como un receptáculo para captar el agua de lluvia, conectada a sistemas de agua o de riego.

Esto se puede hacer en muchas comunidades rurales, «pero pasa por la voluntad política, pero también por los recursos necesarios para hacerlas», porque las soluciones individuales, generalmente «son más caras que las colectivas», y necesitan obras de ingeniería y tecnología, dos aspectos que ya se han aplicado en algunos países en proyectos de CAF que posibilitan la captación de agua para su abastecimiento.

Financiación climática

En relación al compromiso de financiación climática que fue ratificado en la COP26 de Glasgow (Reino Unido) por la mayoría de países desarrollados, subraya Rojas que «esperamos que se concrete» y explica que desde CAF tienen «una relación muy estrecha con los fondos climáticos, con el Fondo Verde del clima, con el fondo del medio ambiente y entendemos que se están haciendo esfuerzos para disponer de esos presupuestos, pero dada la cercanía de la reunión todavía es prematuro ver los resultados».

Fuente:

Lourdes Uquillas, En Latinoamérica y el Caribe, 160 millones de personas no tienen acceso seguro al agua, 29 marzo 2022, EFEverde.