La creciente deforestación que ha sufrido la Amazonía brasileña durante la actual administración y que en 2021 batió un nuevo récord se debe a la «falta de voluntad» del presidente Jair Bolsonaro para enfrentar los crímenes ambientales, y no a la falta de recursos, denuncian este martes varias ONG.
Con más de 13.000 kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada, la deforestación en la más extensa selva tropical del planeta en 2021 fue la mayor de los últimos 15 años, un hecho que las asociaciones ecologistas atribuyeron directamente a la falta de fiscalización ambiental del Gobierno de Bolsonaro.
Según el informe del Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 70 organizaciones entre las que figuran Greenpeace y WWF, pese a tener más de 219 millones de reales (unos 36,4 millones de euros) para combatir los crímenes ambientales el año pasado, la administración del líder ultraderechista solo utilizó el 41 % (88,9 millones de reales o 14,8 millones de euros).
De acuerdo con el reporte, en los gobiernos anteriores a los de Bolsonaro, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama, principal autoridad ambiental) acostumbraba a liquidar entre el 86 % y el 92 % de los recursos para la fiscalización.
El documento también recuerda que pese al compromiso de aumentar los recursos para la fiscalización ambiental, asumido por Bolsonaro bajo presión internacional durante la cumbre climática convocada entonces por el presidente estadounidense, Joe Biden, este fue incumplido al recortar los fondos destinados para el Ministerio del Medio Ambiente.
Entre agosto de 2020 y julio de 2021, la Amazonía brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, la mayor área degradada para un período de doce meses en los últimos 15 años y un 21,97 % superior a la de 2020 (entre agosto de 2019 y julio de 2020).
Además, el número de multas impuestas por deforestación en 2021 fue el más bajo de las últimas dos décadas.
Fueron 2.534 sanciones, una caída del 40 % frente a las registradas entre agosto de 2017 y julio de 2018, antes de la llegada de Bolsonaro al poder.
Nuevas amenazas
La red también enumera amenazas que aún se ciernen sobre el medioambiente, entre las que sobresalen varios proyectos que cursan actualmente el Congreso, algunos de los cuales ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.
Con ellos, el Gobierno de Bolsonaro busca brindar amnistía a la minería ilegal, liberar de forma indiscriminada una serie de agrotóxicos, permitir la caza de animales silvestres, frenar los derechos indígenas sobre la tierra y conseguir la «virtual extinción de las licencias ambientales», según el Observatorio del Clima.
En los últimos cinco años la devastación de la Amazonía brasileña creció cinco veces solo por cuenta de minería, una actividad que tiene en riesgo a cerca de 6,2 millones de hectáreas de reservas ambientales o indígenas, donde el oro es el principal metal precioso requerido por los «garimpeiros» (mineros artesanales), según un estudio del instituto Escolhas.
«Este informe muestra con números que Bolsonaro cumplió su promesa de campaña de destruir la gobernanza ambiental en el país, y la cuenta empieza a llegar para toda la sociedad», señala Suely Araújo, especialista sénior en políticas públicas del Observatorio del Clima y coautora del documento.
Desde que era candidato presidencial, Bolsonaro ha defendido la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas, y desde su llegada al poder en enero 2019 ha flexibilizado la fiscalización de actividades que atacan al medioambiente, como la minería y el comercio de madera, en su mayoría practicado de forma ilegal en esa región.
Fuente:
La«falta de voluntad» de Bolsonaro disparó la deforestación en la Amazonía brasileña, 3 febrero 2022, EFEverde.
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