Ingeniería legal a medida de las mineras

La Ley sobre Amparos en Chubut, establecía que cualquier persona podía interponer una acción contra hechos, actos, acciones u omisiones del Estado o los particulares que lesionen, amenacen, alteren o restrinjan, con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías consagrados en la Constitución y otorgaba la facultad de presentarlo ante cualquier Juez de 1ra instancia de la jurisdicción en la que el hecho hubiera ocurrido.

Comienza diciembre, en forma previa y sin dudas articulada con la maniobra del gobierno provincial para aprobar el proyecto de zonificación minera, la Legislatura del Chubut aprobó la Ley 84 que modifica la Ley de Amparos.

La nueva ley, limita, restringe, las garantías y la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos vulnerando el principio de no regresión. Según la nueva ley, los ciudadanos no pueden elegir a los jueces de primera instancia y deben interponer sus acciones ante la Cámara eliminando así una instancia judicial.

La diputada María Aguilera, que votó en contra de esta modificación, aseguró que “si tenemos un Gobierno que necesita ser protegido evidentemente es un Gobierno que no está haciendo funcionar el Estado” y cuestionó duramente que esta Ley “crea ciudadanos de segunda. Hay ciudadanos que viven en lugares donde hay Cámaras de Apelaciones y hay ciudadanos que no, entonces van a tener que trasladarse para hacer valer sus derechos, y así como hay ciudadanos en esta provincia que tienen energía eléctrica y otros que no, como hay ciudadanos que pueden acceder a la educación y otros que no, que pueden acceder a la salud y otros que no y, ahora en lugar de protegerlos, los legisladores protegen al Estado y le dan la espalda a los ciudadanos”.

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut hizo un llamamiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestra provincia para que ajusten sus acciones a las disposiciones previstas en las Constituciones Nacional y provincial y en los Tratados Internacionales, única forma de preservar el Estado de Derecho y el futuro de la provincia del Chubut. El mismo está vinculado a la designación de miembros para el Superior Tribunal de Justicia.

Es indignante que esta batería de decisiones legislativas, dictadas a la medida y necesidades de las empresas mineras, se aprobaran apenas unos días antes de la infamia que constituye la aprobación de la zonificación minera. Ello habla claramente de una acción armada, articulada en tiempo y sentido, y amañada en cuanto a las convocatorias de sesiones.

Y llama mucho la atención qué legisladores estuvieron ausentes y cuáles votaron a favor y/o por la negativa. Pareciera ser que la ingeniería también era matemática como para que los representantes de ciertas zonas de la provincia zafaran del repudio absoluto.

Pero el pueblo está atento y reconoce claramente víctimas y victimarios. Y repudia las victimizaciones.

A favor

Zulema Andén, Mario Mansilla, Mónica Sasso, Carlos Mantegna, Carlos Gómez, Gabriela De Luca, Rody Ingram, Mariella Williams, Xenia Gabella, María Cativa, Juan Pais, Manuel Pagliaroni, Carlos Eliceche, Sebastián López, María Baskovic, Adriana Casanova, Tatiana Goic y Graciela Cigudosa.

En contra

Ángel Chiquichano, José Giménez, Leila Lloyd Jones, Rossana Artero, María Aguilera

Ausentes

Miguel Antín, Rafael Williams, Pablo Noveau

Ley Cautelares PL114-20 cautelares

Ley Amparo PL115-20-amparos

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Fuente:

Ingeniería legal a medida de las mineras, 25 diciembre 2021, No a la Mina.