La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.
por Pablo Quintana para Opsur
Para comprender el conflicto social hoy en Chubut hay que realizar un breve repaso de los últimos, al menos, tres años. Donde la economía provincial vive un profundo proceso económico recesivo. La reacción social, en estos días, se desató poco después de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero su intención de habilitar la explotación a minera cielo abierto en una provincia que viene movilizada desde el 2003, cuando se intentó desarrollar la megaminería en Esquel.
En esa mesa nacional, Arcioni compartió el espacio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias. Lo secundaron al gobernador el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca. Además del presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, Gerardo Cladera.
El deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo es el resultado de un diseño que, cuanto menos, tiene orígenes hace tres años. Por ese entonces Arcioni era el vicegobernador que acompañó a Mario Das Neves hasta que este murió el 31 de octubre del 2017. El contador había sido electo como diputado nacional, pero declinó su banca para asumir la conducción de la provincia y, ya por entonces, la debacle financiera, con un endeudamiento importante, se presentaba como un obstáculo difícil de sortear. No obstante, apañado por Sergio Massa, logró ser reelecto.
Para lograr su elección aseguró que iba a otorgar una paritaria de cerca del 40%, más cláusula gatillo para los docentes y aumentos de sueldos para el sector estatal. Pero tras el período electoral comenzaron los pagos escalonados de los salarios hasta llegar a los dos meses adeudados, más medio aguinaldo. Todo ello sin contar la deuda que acumula Chubut que rondaría los 2700 millones de dólares. Pero no sería la única promesa sin cumplir a poco de asumir.
El escribano Arcioni llegó a conducir los destinos de la provincia con otro eslogan incumplido. Rechazar la actividad extractiva por el cuidado de los bienes naturales en territorio chubutense. Fue durante su campaña como candidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos en las elecciones legislativas de 2017.
La megaminería es el último eslabón de esta crisis de diseño de la que se habla en Chubut. El anuncio de la posible explotación minera como única salida para poder paliar la crisis de una provincia atada a las regalías petroleras y la coparticipación federal de impuestos desató la reacción social. Nunca la dirigencia política asumió una verdadera discusión para lograr diseñar una nueva matriz productiva en la región, sabedores sus dirigentes del rechazo a la actividad extractiva y el trance que registra la actividad hidrocarburífera.
El economista Facundo Ball, director del Departamento Economía FCE-UNPSJB, sostiene que en el presente semestre hay 20.939 nuevos pobres en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, la zona más rica de la provincia, en relación al segundo semestre del año pasado. Según la estimación del INDEC pasaron de 61.054 a 81.993 las personas bajo la línea de pobreza en este aglomerado urbano. Allí donde la extracción hidrocarburífera lleva más de 100 años.
Muchas han sido las avanzadas mineras. La del 2002/2003 está en la memoria y retina de todos, cuando Esquel provocó un sismo al rechazar por plebiscito la realización del emprendimiento minero. Uno de los últimos había sido el del 2018 bajo el régimen del expresidente Mauricio Macri. Fue cuando el mismísimo ex ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren se hizo presente en la meseta de Chubut para presidir reuniones en la pequeña localidad de Telesen y promover la megaminería.
Todos los atropellos tienen un actor en común. La ley 5001 que prohíbe esa actividad desde 2003 (hoy Ley Provincial Nro. XVII - 68). Pero es a esa misma legislación a la que apeló el gobierno de Arcioni para reactivar las intenciones de una zonificación. Los legisladores de entonces crearon una norma, que surgió ante el temor de las movilizaciones que tuvieron lugar en el 2003, en la que dejaron una puerta abierta para que el lobby minero no diera todo por perdido. En su 2º artículo establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación minera y que la legislatura debería aprobar o rechazar.
Papá, ¿cuándo es Navidad?
La madre de todas las batallas se llama “Proyecto Navidad”. Un yacimiento de plata y plomo considerado uno de los más grandes del mundo con sus 600 onzas de plata y 3500 millones de libras en plomo. Un emprendimiento que tiene en su corto historial (en diciembre del 2002 el gobierno provincial había otorgado la concesión de exploración) escándalos por donde se lo mire. Demanda judicial entre dos empresas mineras: IMA Exploration y Aquiline Resources. Curiosamente el litigio por unas 10 mil hectáreas de la meseta chubutense se resolvió en estrados judiciales, pero no argentinos sino canadienses. Sería luego en el año 2009 cuando Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, adquirió el yacimiento. El otro hecho inaudito fue la profanación de un cementerio mapuche que estaba en el pretendido yacimiento. En el 2005 el chenque fue traslado del lugar con el acuerdo de sólo dos de las siete comunidades indígenas de la zona.
Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa. Lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él. El movimiento antiminero demostró más vocación democrática que los propios partidos. No sólo por sus dinámicas de participación sino por apelar a un mecanismo de democracia semidirecta garantizada por la Constitución Provincial. De la mano de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses se elevó este año otra Iniciativa Popular (IP). 30 mil firmas la avalan. El propósito es prohibir, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa.
Pero este proceso democrático ya había sido estafado. En el 2014 había llegado a la Legislatura la primera IP y la dirigencia política esperó hasta el último día de plazo para darle tratamiento. Fue el 25 de noviembre de ese mismo año. El acto del fraude legislativo para quebrar la voluntad popular terminó con la aprobación de una ley que nada tenía que ver con el proyecto presentado (al año siguiente fue derogada). De esos vergonzosos días queda el testimonio de la foto en la que se ve el intercambio de mensajes entre el diputado justicialista Gustavo Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.
Hoy, ante la presentación de la segunda IP, el gobierno anunció la zonificación. Otra bofetada a la expresión popular y decisión democrática.
Mano dura con protocolo
El modelo extractivo sólo encajaría con represión. De la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni el pasado 12 de noviembre se demoró a vecinos en Rawson que participan en las asambleas. El propio funcionario acompañó a las fuerzas de la seguridad en los allanamientos por incidentes que días atrás habían ocurrido en inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Las intervenciones fueron ordenadas por el juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. El mismo fiscal que fue denunciado en el 2015 por el espionaje ilegal a 26 vecinos de la cordillera chubutense. El fiscal había recibido en ese momento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia información detallada de vecinos que participaban de asambleas contra la minería, integrantes de pueblos originarios y periodistas. Todos ellos con un punto en común: rechazo a la actividad extractivista. Como dice el pensador uruguayo Raúl Zibechi, el modelo extractivo tiende a generar una sociedad sin sujetos, porque nos hay sujetos vinculados al modelo extractivo, es un modelo de tierra arrasada.
El escenario se prepara en ese sentido. El gobierno dispuso en los últimos días una polémica resolución que regula la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y se asemeja al protocolo que fuera impulsado por el macrismo en el 2018 conocida como ‘Doctrina Chocobar’. “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, así lo denomina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución 145/2020 impulsada por Massoni.
Los guiños de Fernández
El asalto no viene solo. El gobierno nacional ya anunció su deseo de avanzar con la megaminería y actúa en consecuencia. Se aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12 % al 8 % a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Casi como una continuidad con la ley de inversiones mineras elucubrada en los ’90, el andamiaje jurídico para un negocio perfecto.
En su intención por revertir la situación de Chubut, una de las siete provincias en la cual está prohibida la megaminería, el gobierno de Alberto Fernández le propuso a Chubut que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerda estuviera al frente del frente del Consejo Federal de Minería.
Sin olvidar cuando en diciembre del año pasado el mismo presidente sostuvo “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Lo dijo en el marco de un almuerzo con la Asociación Empresaria Argentina. La ley que prohíbe la megaminería aún está vigente, aunque los deseos del primer mandatario y el lobby minero sean de facto. El estado de derecho y la movilización popular que se ha multiplicado en los diversos rincones de la provincia, parecieran ser la única garantía para frenar una vez más el avance minero.
Pablo Quintana, periodista y docente en contexto de encierro. Desde Trevelin, Chubut.
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Fuente:
Pablo Quintana, Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieronla mecha, 16 noviembre 2020, Observatorio Petrolero Sur.
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