sábado, 18 de julio de 2020

Piden que no se renueven las autorizaciones a Almaraz y Vandellós

El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, avisa de que prolongar la autorización de las centrales nucleares de Almaraz y Vandellós sería una decisión de altísimo riesgo, ya que presentan un envejecimiento evidente y una seguridad degradada.

Ecologistas en Acción y el MIA señalan como ha sido evidente la falta de participación y de debate público con el que se está produciendo el proceso de renovación de estas centrales.

Para ello han trasladado en una carta a Teresa Ribera que se ponga la protección del futuro para la ciudadanía por delante de los balances económicos de las grandes empresas energéticas, y que se deniegue la renovación de la autorización de funcionamiento de las centrales de Almaraz y Vandellós II.

Medio centenar de representantes de las distintas organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, que conforman el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) piden en Madrid a la ministra Teresa Ribera que no renueve la autorización a las centrales nucleares de Almaraz y Vandellós. Con ese motivo han realizado una concentración simbólica frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y han dirigido una carta a la ministra.

En esta carta recuerdan que, el pasado mes de abril, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) daba luz verde a la renovación de los permisos de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, y pocas semanas después, a la de Vandellós II. Unas instalaciones que superan su vida de diseño durante el periodo de renovación de autorización que los titulares de estas instalaciones solicitan al ministerio. Los dos reactores de Almaraz, los más antiguos, lo harán pronto, en 2021 y 2023. La central de Vandellós II en diciembre de 2027.

Las organizaciones señalan la evidente la falta de participación y de debate público con el que se está produciendo el proceso de renovación de estas centrales. La prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares en el Estado español por encima de los 40 años para los que fueron construidas responde exclusivamente a los intereses de las compañías titulares. Se concretó en un protocolo de cierre entre Enresa y los propietarios de las centrales firmado en marzo de 2019, asumido por el gobierno, según aparece en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La paralización de los tiempos de renovación realizada por el anterior ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal ha reducido el plazo de los tres a los dos años para el estudio de la documentación. Lo que a juicio de Ecologistas en Acción y MIA resulta más grave aún es que, atendiendo a las autorizaciones publicadas en 2010, estas autorizaciones o están caducadas o están cercanas a hacerlo.

Recuerdan además que, durante el mes de junio, después de que el CSN informara favorablemente la prolongación de Almaraz, esta central ha sufrido dos paradas de sus reactores por problemas técnicos. Las organizaciones antinucleares avisan de que prolongar la fecha de cierre sería una decisión de altísimo riesgo, ya que estas instalaciones presentan un envejecimiento evidente y una seguridad degradada. En estos momentos no es necesaria la continuidad de un sistema energético enormemente contaminante y concentrado en las manos de unas pocas empresas, sino la apertura de un amplio debate sobre el futuro de la energía en el Estado español, la distribución de la producción y la adaptación de los consumos a las necesidades colectivas, y no de reproducción del sistema económico.

Un debate que se hace más necesario a la vista de las transformaciones que se están produciendo en estos días. La caída del consumo de energía, y particularmente de electricidad, con un importantísimo papel de la eólica y la solar, que no pueden ser complementadas por la nuclear por su baja flexibilidad, muestran lo contradictorio de prorrogar el obsoleto parque nuclear en un periodo de transición energética que debe llevarse a cabo con criterios ecológicos.

Por eso, las organizaciones que suscriben la carta han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, por delante de los balances económicos de las grandes empresas energéticas, se ponga la protección del futuro para la ciudadanía y que se deniegue la renovación de la autorización de funcionamiento de las centrales de Almaraz y Vandellós II.

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