Se
invirtieron millones de dólares del presupuesto nacional, así como
recursos provinciales y municipales en los últimos 25 años, sin que
el problema haya podido resolverse.
por
Patricia Llonch
Geotécnica
SA, empresa que fundía plomo y cinc en San Antonio Oeste, operó
durante unos treinta años. Al desaparecer, abandonó las escorias de
los hornos de fundición -con altísimas concentraciones de metales
pesados- sobre el terreno natural, provocando desde entonces la
contaminación de grandes extensiones de suelo fiscal en proximidades
de la Bahía de San Antonio.
Esta
contaminación ha amenazado durante 60 años la salud de los vecinos,
poniendo en riesgo fundamentalmente el normal desarrollo cognitivo de
los niños expuestos; ha contaminado organismos vivos de la bahía,
ha condicionado fuertemente el desarrollo urbano y ha provocado la
pérdida del valor del suelo fiscal degradado.
Se
invirtieron millones de dólares del presupuesto nacional, así como
recursos provinciales y municipales en los últimos 25 años, sin que
el problema haya podido resolverse.
Si
bien podrían atribuirse las razones del mal manejo de los residuos a
la muy baja conciencia ambiental que se tenía en el pasado,
situaciones parecidas se producen en la actualidad.
Consideremos
por ejemplo la gestión de los efluentes de la fábrica de soda
solvay de Alpat SA, que ha provocado desde 2005 la contaminación
-probada judicialmente- de cientos de hectáreas de suelo rural
adyacente al Bajo Riñón, así como de todas las parcelas ubicadas
en la dirección del escurrimiento hacia la Bahía de San Antonio, y
probablemente de la propia bahía.
Lamentablemente,
tal como sucede en el caso de la contaminación por metales pesados,
son los ciudadanos los que deberán afrontar en el corto, mediano o
largo plazo, los costos de estas afectaciones, incluyendo las que
ocasionan la pérdida de recursos naturales imprescindibles para el
desarrollo de otras actividades humanas.
En
general descargamos en los sistemas de control y fiscalización la
responsabilidad por los daños ambientales que producen obras o
actividades, pero buena parte de estos daños podrían evitarse, así
como podrían reducirse los esfuerzos de fiscalización, si los
Estudios de Impacto Ambiental proporcionaran información
contrastable, objetiva y confiable, la información necesaria y
suficiente para la toma de decisión.
La
realidad es que estos Estudios se desarrollan sobre la base de
análisis básicamente cualitativos atravesados por la subjetividad
del profesional interviniente. Jamás se cuantifican los riesgos de
pérdidas económicas asociadas a los impactos ambientales
identificados, como tampoco se cuantifican los impactos relativos a
la actividad económica: en qué medida se modificarían los ingresos
públicos y privados como consecuencia del proyecto, cuántos puestos
de trabajo se crearían, de qué tipo, durante cuánto tiempo; cuáles
serían los sectores sociales afectados negativamente por la
intervención, sus pérdidas económicas y los correspondientes
costos de compensación, los costos de infraestructura estatal
requerida o inducida, los costos de ejecución, los costos de
mantenimiento, los costos de remediación, los riesgos asociados y
demás parámetros necesarios para hacer una evaluación legítima y
fundamentada del impacto socioeconómico.
Especial
atención merece el análisis de la formación profesional que
debería requerirse para la elaboración de estos estudios en cada
caso específico. La naturaleza del proyecto a evaluar debería
definir las incumbencias de los profesionales intervinientes,
considerando el carácter multidisciplinario que normalmente exige el
abordaje de temáticas de este tipo.
Mientras
el mundo se debate en una crisis ambiental, sanitaria y económica de
carácter global a propósito de los desequilibrios entre la
actividad humana y el planeta, resulta imprescindible profundizar el
análisis de los proyectos de riesgo ambiental presunto y sus
consecuencias. Tal como se hacen en la actualidad, los Estudios de
Impacto Ambiental han probado ser herramientas insuficientes para
prevenir, evitar o minimizar los impactos ambientales. Y así,
mientras los proyectos benefician a unos pocos, las pérdidas
alcanzan a toda la sociedad.
Patricia
Llonch es ingeniera civil, ambientalista
Fuente:
Patricia Llonch, Replantear los estudios de impacto ambiental en la zona, 5 junio 2020, Río Negro. Consultado 6 junio 2020.
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