Un
nuevo Estudio de Impacto Ambiental evitará la persistencia de las
discrepancias.
El
conflicto por esta represa mendocina ha escalado a raíz de la
decisión del gobierno nacional de convocar a las provincias
involucradas en las consecuencias de este proyecto, con el fin de
acordar y consensuar su realización, y por lo tanto el manejo de las
aguas del Río Grande y del Río Colorado involucradas en la
controversia.
Está
en discusión la pretensión de la provincia de Mendoza de concretar
el inicio de las obras, su licitación, a pesar de los reparos
opuestos por las demás provincias que atraviesa o linda el Río
Colorado. Los ríos, con escasa regulación en nuestra Constitución,
se rigen en estos casos por el derecho al uso compartido por las
provincias ribereñas, sin preeminencia de la provincia en cuyo
territorio está la naciente, y con la obligación de consulta previa
para su represamiento a los territorios aguas abajo de esas
instalaciones. Este es, por otra parte, el derecho que esgrime
nuestro país respecto de los ríos internacionales en sus conflictos
de los últimos tiempos.
La
controversia por el proyecto Portezuelo del Viento actualiza esos
principios, a los que hay que añadir la facultad federal de
intervenir cuando existe interjurisdiccionalidad. Los acuerdos
regionales, como los del COIRCO, complementan este último principio
rector de nuestra jurisprudencia, pero no pueden modificar aquella
facultad federal. De allí que, además de lo previsto en esa
institución, la intervención nacional era necesaria, y así lo ha
entendido el gobierno nacional en defensa además de un federalismo
de consenso y concertación.
Lo
que ha ocurrido hasta ahora con los ríos que nacen o pasan por
Mendoza y desembocan o atraviesan La Pampa no ha tenido en cuenta
aquellos principios. Los conflictos por el aprovechamiento del Río
Atuel llevan decenas de años sin resolución final, a pesar de
reiteradas resoluciones de la Corte Suprema. La desconfianza de La
Pampa en este caso tiene motivos para impugnar estas obras sin los
requisitos de consulta previa y consenso. Resistencia que es
compartida por Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, afectadas en el
curso del Río Colorado por este proyecto hidroeléctrico.
Los
estudios de impacto ambiental esgrimidos por Mendoza no han tenido,
en sus términos de referencia, la consideración exhaustiva de la
cuenca que incluye, además del Río Grande a ser represado, su
carácter de afluente principal del Río Colorado y toda la cuenca de
este último. Tampoco ha quedado esclarecido el propósito declarado
reiteradamente por funcionarios de Mendoza de desviar eventualmente
aguas de esa represa hacia el Río Atuel para un mejor
aprovechamiento en su territorio de los beneficios del riego o
potencia hidroeléctrica. Todo ello exige una nueva instancia de
estudios ambientales y técnicos respecto del escurrimiento de las
aguas del Río Colorado y del uso del embalse respectivo, que tenga
el consenso de todas las provincias involucradas.
La
comprensible ansiedad por concretar las obras no puede obviar
instancias de acuerdo que eviten conflictos a futuro, como en el caso
del Atuel. Tampoco el uso compartido y acordado del agua de ese río,
recurso natural considerado “derecho humano” por las Naciones
Unidas (2010), puede reducirse a una mercancía monetizada, que
implícitamente reconoce futuros incumplimientos, y que vulnera los
derechos de los pueblos afectados por el uso de las aguas.
Un
nuevo Estudio de Impacto Ambiental amplio y con las reglas para el
uso de las aguas de la represa, tal como indica la ley, evitará la
persistencia de las discrepancias y la intervención de la Corte
Suprema, diferenciándose de lo ocurrido en los últimos años con
las represas de Santa Cruz, y fundamentalmente coadyuvará a la
adecuada tutela del río y a alcanzar el esperable acuerdo entre
todos los involucrados.
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Fuente:
Portezuelo del Viento, 28 junio 2020, El Cohete a la Luna. Consultado 30 junio 2020.
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