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| Central nuclear de Ascó, España. |
El
Gobierno trata de sortear in extremis la denuncia de Bruselas e
impulsa el nuevo plan general de residuos radiactivos. Enresa propone
un solo cementerio nuclear que esté listo en 2028, pero deja abierta
la posibilidad a que el Ejecutivo opte por varios emplazamientos.
por
David Page
El
Gobierno ha recibido la propuesta oficial de Enresa -la empresa
pública encargada de gestionar los desechos nucleares- para aprobar
un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Se trata de la
hoja de ruta a muy largo plazo sobre qué hacer con la basura nuclear
y cuánto va a costar gestionarla.
El
actual PGRR en vigor fue elaborado en 2006 y ha quedado totalmente
obsoleto, y ahora el Gobierno tiene que poner en marcha un nuevo plan
con las previsiones sobre cómo gestionar la basura nuclear, cómo
desmantelar las centrales nucleares y cómo financiar todas estas
actuaciones.
Y
lo hará bajo la amenaza de la Comisión Europea de denunciar a
España por el enorme retraso que acumula ya la aprobación del nuevo
plan. Todos los estados miembro estaban obligados a presentar el plan
en 2015. Bruselas dio el pasado noviembre un plazo de dos meses a
España para adoptar el nuevo plan de basura nuclear y, si no lo
hacía, denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.
Superado
ampliamente el plazo del ultimátum, el Gobierno español trata de
impulsar el nuevo programa de residuos nucleares y esgrime ante la
Comisión Europea la situación de interinidad en que ha estado
durante gran parte de 2019 para ganar tiempo. Pero ahora le espera
una larga tramitación.
En
la propuesta remitida al Ministerio para la Transición Ecológica,
Enresa apuesta por construir un solo cementerio nuclear temporal
(aunque deja abierta la posibilidad de que sean varios) que debe
estar listo en 2028 y que acogerá los residuos durante 60 años. Y
también propone construir un almacén geológico profundo (AGP) para
que esté operativo en 2073 y que guarde para siempre los desechos.
Las
estimaciones que maneja Enresa contemplan que entre lo ya gastado en
gestionar los residuos nucleares, lo que costará desmantelar todas
las centrales nucleares y el coste de la gestión a largo plazo de
todos los desechos España gastará 23.044 millones de euros hasta
2100.
De
ese importe, unos 6.300 millones de euros se han gastado ya (con euro
de 2019) y aún quedaría por gastar 16.745 millones, de los que
4.288 millones corresponde al coste de desmantelamiento de las
centrales nucleares y otros 8.219 millones corresponde a la gestión
del combustible nuclear gastado y los residuos de alta actividad
(procedentes singularmente de las plantas nucleares).
El
cementerio nuclear, en 2028
El
Gobierno debe decidir qué solución da al almacenamiento de los
residuos nucleares hasta que construya dentro de unas décadas un
almacén definitivo. La apuesta de Enresa pasa por construir un único
almacén temporal centralizado (ATC) y que esté plenamente operativo
en 2028, aunque dos años antes ya debería funcionar el edificio de
espera de contenedores y ya podría recibir residuos.
No
obstante, Enresa deja la pelota en el tejado del Gobierno y también
abre la posibilidad de construir varios emplazamientos temporales por
España. Si hay uno o varios almacenes se decidirá durante la
tramitación. Enresa se lava las manos y no se pronuncia sobre la
ubicación del almacén o almacenes, una decisión que es potestad
del Ejecutivo, ni sobre si hay que mantener el actual proyecto de
Villar de Cañas.
El
Gobierno da por descartado el proyecto de construir un almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca, y ahora tiene que buscar otra
solución. El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha
adoptado formalmente la decisión de finiquitar el proyecto del
cementerio nuclear conquense. Pero ya baraja diferentes opciones para
gestionar los residuos radiactivos de las centrales nucleares del
país.
El
Ejecutivo renuncia a continuar con la opción de Villar de Cañas,
aunque aún no lo reconozca explícitamente, y lo achaca a los
problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría
superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los
terrenos de la que ya alertaron los técnicos del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) y estudios independientes.
El
plan del Gobierno pasa por buscar otras ubicaciones alternativas para
construir el almacén donde se guardarán los residuos de las
centrales nucleares durante 60 o 70 años. E incluso se valora la
posibilidad de mantener la basura nuclear en varios almacenes (dos o
incluso tres) y no sólo en un único repositorio. Una opción, esta
última, que va ganando peso en el Ministerio comandado por Teresa
Ribera, según varias fuentes conocedoras de la situación.
El
Gobierno baraja ahora recuperar la antigua lista de municipios que se
ofrecieron hace más de una década para acoger el almacén nuclear
para encontrar otra localización que sustituya a Villar de Cañas.
En 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la
carrera para encontrar la ubicación para construir un almacén
nuclear central. Ocho municipios presentaron su candidatura.
Tres
pueblos obtuvieron una mejor puntuación que Villar de Cañas, pero
el primer Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer Consejo de
Ministros, eligió en diciembre de 2011 la localidad conquense para
acoger el silo. En esa lista de candidatos figuraban Zarra
(Valencia), Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) -estos tres
fueron los que superaron con mejor puntuación a Villar de Cañas-,
Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid),
Congosto de Valdivia (Palencia) y Albalá (Cáceres).
Oficialmente
el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que no está aún
en la fase de buscar ubicaciones alternativas y que no hay una
decisión adoptada aún acerca del almacén nuclear. El sector
nuclear exige al ministerio comandado por Teresa Ribera que haya un
solo almacén centralizado en el que se guarden todos los residuos
nucleares y además reclama que esté “cuanto antes” en marcha
una instalación que ya acumula un enorme retraso y que todo parece
indicar que el Gobierno arrancará de nuevo desde cero.
El
plan de Villar de Cañas, paralizado
El
Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa tras la moción
de censura, ya decidió paralizar el proceso de obtención de
licencia de construcción del proyecto de Villar de Cañas. Ahora de
dispone a dar por finiquitado el proyecto y buscar otras ubicaciones
para albergar el silo o los silos que guardarán los residuos
radiactivos.
El
consejo de administración de Enresa decidió hace un mes renunciar a
los procesos de adjudicación de cuatro grandes contratos
fundamentales para la construcción del almacén en Villar de Cañas
por un importe conjunto de unos 240 millones. Entre las licitaciones
finiquitadas está la del contrato principal para la construcción de
la obra civil del cementerio nuclear, por 217,7 millones de euros. En
la práctica, eso significa decir adiós por completo al proyecto.
La
hoja de ruta del Gobierno con los objetivos energéticos hasta 2030
ya está lista y se ha pactado con las eléctricas un calendario para
el cierre de cada central nuclear entre 2028 y 2035. Ahora toca tomar
una decisión definitiva sobre el cementerio nuclear y se va a
adoptar de manera paralela al nuevo Plan General de Residuos
Radiactivos (PGRR) que debe poner en marcha el Ejecutivo.
La
construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumula
ya un enorme retraso. El plan original contemplaba tenerlo listo a
finales de 2018. Pero más de ocho años después de que el Consejo
de Ministros designara el municipio de Villar de Cañas para instalar
el cementerio nuclear, las obras ni siquiera han empezado. Las 52
hectáreas elegidas para ubicarlo siguen siendo campo. Campo vallado,
y con un cartel oficial anticipando lo que habrá allí, o lo que
tendría que haber.
Fuente:
David Page, España gastará 23.000 millones en cerrar las nucleares y gestionar residuos radiactivos, 16 marzo 2020, El Independiente.
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