por
Ary Garbovetzky
El
27 por ciento de la bolsa de residuos que cada cordobés deja en el
cesto o en un contenedor contiene restos secos; es decir,
reciclables. Casi un 50 por ciento más son residuos orgánicos, que
podrían destinarse a compost, domiciliario o público. También
potencialmente reciclable. Y lo que queda, imposible de reusar o
volver a la tierra, puede ser utilizado, con diversas tecnologías,
para producir energía.
Sin
embargo, apenas se reciclan 315 toneladas de residuos secos por mes:
un 0,5 por ciento del volumen total generado por el 1,4 millón de
habitantes de la Capital. Todo lo demás, 62 mil toneladas por mes en
promedio durante 2019, se entierra en el agotado predio de Piedra
Blanca.
En
una ciudad como Rosario, comparable en población y por padecer los
mismos contextos socioeconómicos del país, ya se separa en tres
fracciones, para darle destino al residuo orgánico, y en tres días
se recicla lo mismo que en Córdoba en un mes: recuperan a razón de
150 toneladas diarias, que no van al enterramiento.
¿Es
posible hablar de la localización del Complejo Ambiental de Cormecor
sin incluir en la conversación cuál será la política para reducir
el volumen del enterramiento de residuos sólidos urbanos (RSU)?
Los
abogados de Cormecor, con mucha habilidad, transformaron en parcial
el rechazo de la Cámara Contenciosa de Primera Nominación a la
instalación del predio, que admitió el amparo de los vecinos de
Villa Parque Santa Ana.
Es
una lectura pícara: como el fallo está fundado en que no se
respetaron los requisitos socioambientales ni las recomendaciones de
los estudios de la Universidad Nacional de Córdoba sobre la
distancia mínima de cuatro kilómetros con el borde urbano más
cercano, Cormecor propone avanzar en lo que en los considerandos del
propio tribunal y las observaciones de los peritos no se cuestionó.
Para resolver el tema de la distancia, pidió empezar por la fosa más
alejada, que según los vecinos amparistas igualmente está a menos
de cuatro kilómetros del perímetro de la comuna.
Para
resolver el impacto en la población, no hay nada. Y para la doctora
Eliana Lacombe, representante de la Asamblea de Villa Parque Santa
Ana, es un aspecto injustamente infravalorado, en relación con los
“datos duros” de las pericias geológicas o hídricas. Como en
los proyectos mineros, también muy resistidos por cuestiones
ambientales, la promesa para los vecinos del área de impacto son
potenciales puestos de empleo.
“¿En
qué sentido y sobre qué presupuestos se construye la afirmación
por la cual una población de característica socioeconómica baja
resultaría beneficiada por la instalación de un megabasural en sus
inmediaciones? Estas afirmaciones parecen sostenerse en prejuicios de
clase que asignan a los pobres mayor aceptabilidad de los pasivos
ambientales en su entorno”, plantea Lacombe.
Hace
una década, cuando tras el rechazo de los vecinos de Bouwer se
decidió el reemplazo del enterramiento de Potrero del Estado por un
terreno provisorio, por un año, en Piedra Blanca, la urgencia
impidió la discusión sobre un modelo de gestión más sustentable
para los RSU.
Con
la vida útil de Piedra Blanca a un año y medio vista actuando como
mecha corta, ¿será posible discutir más que enterramiento en el
predio en litigio o donde finalmente logre instalarse Cormecor?
Fuente:
Ary Garbovetzky, Lo único que va todo junto en la basura es la discusión, 9 febrero 2020, La Voz del Interior.
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