La
gestión municipal estudia modificar la ubicación de las fosas
dentro del predio. Tras el revés judicial, apelaría la decisión de
la Cámara con una nueva estrategia.
por
Juan Pablo Carranza
Cormecor
está replanteando su estrategia tras el fallo judicial que objetó
la instalación del predio en las cercanías de Villa Parque Santa
Ana. La primera decisión será apelar la sentencia de la Cámara
Contencioso Administrativa de 1ª Nominación que frenó el complejo
ambiental, junto con la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. La
segunda está vinculada con aspectos técnicos del proyecto.
Tres
fuentes calificadas le confirmaron a La Voz que los técnicos están
trabajando en una alternativa sobre el mismo terreno para que el
proyecto cumpla con el principal argumento contra su radicación al
sur de la Capital: la falta de cuatro kilómetros de distancia con el
radio urbano más cercano.
En
este marco, y por primera vez desde que comenzó a operar, la defensa
legal de Cormecor podría quedar en manos de un estudio particular.
Según pudo conocer este medio, desde el nuevo directorio analizan
contratar un bufete para que se haga cargo del recurso judicial que
definirá la suerte final del predio de enterramiento. Anteriormente,
la parte legal estaba a cargo de miembros del directorio.
La
feria judicial que comenzó un día después de que se conoció la
sentencia dilató la presentación. Cormecor cuenta con cinco días
hábiles para acercar el escrito al Palacio de Tribunales I. El
viernes 7 de febrero vence el plazo.
Tras
el fallo adverso se abre aquí un abanico de alternativas, que por el
momento los nuevos directores manejan con sumo hermetismo. Entienden
que cualquier paso en falso puede complicar el desenlace de la causa.
La decisión política por estos días es insistir en el predio de
512 hectáreas ubicado a 18 kilómetros de Córdoba.
La
definición final recaerá sobre el intendente Martín Llaryora. La
Municipalidad de Córdoba es la socia mayoritaria de Cormecor, la
comuna que más aporta en materia de recursos y también de residuos
y, por ende, es la principal interesada en lograr una solución
definitiva para la disposición final de la basura.
Este
medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el
flamante presidente del directorio, Julio Bañuelos, para consultarle
por estos puntos, pero fue imposible. El extitular de la Agencia
Córdoba Turismo remitió directamente al municipio para hablar del
tema.
Cambio
en el proyecto
Según
pudo conocer La Voz, la alternativa que estudian por estos días los
nuevos funcionarios es cambiar la distribución de las fosas dentro
del complejo para lograr un margen mayor entre el predio y el área
urbana de Villa Parque Santa Ana.
Eliminar
una de las dos fosas y reubicar la parte del enterramiento hacia el
norte del predio sería una de las principales opciones que se
barajan. Cómo aprovechar ese margen que hay dentro del lote que
equivale a cinco reservas San Martín es lo que estudian los
técnicos.
“Esa
fue siempre una alternativa, que ahora tiene chances de concretarse
en función de la sentencia”, explicó una fuente especializada.
“Ese es el mejor predio”, agregó otra fuente con terminales en
la Provincia.
Reducir
la capacidad del complejo impactaría en su vida útil. Además, la
modificación del plan provocaría que cambien las condiciones de
licitación de la construcción del predio. Recientemente se había
extendido el plazo de la oferta de las empresas interesadas.
Mientras
tanto, lo concreto es que aún no se puede dilucidar cuál será el
futuro de las dos mil toneladas diarias de basura que generan los
cordobeses. De apelar el rechazo y proponerse estos cambios, la
Justicia tendría que evaluar la propuesta y el primer interrogante
que se plantea es sobre la validez de los estudios previos del
proyecto, en caso de una reformulación importante del complejo.
Para
los vecinos de Villa Parque Santa Ana, una modificación como la que
se desliza aquí también sería inaceptable.
La
Justicia objetó que el proyecto no contemplaba los cuatro kilómetros
de distancia que establecía como recomendación el Instituto
Superior de Estudios Ambientales (Isea) entre el predio y el radio
urbano de Villa Parque Santa Ana.
Entretanto,
el tiempo sigue corriendo. A Piedra Blanca le queda poco más de un
año y medio de vida útil, según aseguraron desde Cormecor en
septiembre pasado. Los plazos son acotados para la instalación de un
nuevo complejo que cuente con todos los recursos y medidas de
seguridad necesarios. “Llevarlo a otro lugar implicaría empezar
todo desde cero”, dijo otra fuente.
Nuevo
patrocinio
Una
de las opciones que baraja el ente intercomunal es que la defensa
judicial de Cormecor esté a cargo de un estudio privado. Toda una
novedad para una firma que desde su creación siempre manejó con sus
propios recursos las cuestiones judiciales.
Según
pudo confirmar La Voz, desde el nuevo directorio contactaron al
abogado Daniel Segura, padre del actual presidente del Colegio de
Abogados, Ignacio Segura, para que se hiciera cargo de la apelación
ante el máximo tribunal. El mismo Daniel Segura le dijo a este medio
que hubo un contacto con “gente de la empresa”, aunque lo
calificó de informal. Esta semana podría cerrarse el acuerdo.
Nueva
etapa
La
nueva etapa de Cormecor a su vez se refleja en el cambio de
autoridades del directorio. Un día después de que se conoció el
fallo, el 31 de diciembre, la entidad renovó todos sus directores.
El
nuevo presidente es el expresidente de la Agencia Córdoba Turismo y
exintendente de Mina Clavero, Julio Bañuelos, quien reemplazó a
José Aiassa. El resto de las autoridades del directorio se compone
de Jorge De Nápoli (vicepresidente), José Vollenweider y Horacio
Tuminetti. Los tres fueron nombrados por la Ciudad de Córdoba.
Como
directores clase B –representantes de los municipios del interior–,
fueron elegidos Hugo Pesci, quien antes representaba a la Capital, y
Martín Miserachs. Por el Surrbac, ocupa ese lugar el exconcejal
Franco Saillén. Anteriormente la silla por el gremio la ocupaba
Pascual Catrambone, pero fue suspendido luego de quedar detenido por
lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación en agosto de
2019. Los tres síndicos son Marcelo Venturizzi, Rubén Correa y
Marcelo Urreta.
Desde
que empezó la nueva gestión, el sitio web con la información
oficial de Cormecor aún no se modificó. Desde hace unos meses, su
domicilio cambió de Corrientes 93 a Arturo M. Bas al 100.
La
distancia: La clave de los cambios
Analizan
modificar la disposición de las fosas.
Separación.
El límite del predio de 512 hectáreas de Cormecor está a un
kilómetro del radio urbano de Villa Parque Santa Ana.
Fosas.
El proyecto contempla la excavación de dos fosas en el predio para
el enterramiento de residuos.
La
distancia entre la primera de ellas y el límite del predio es de 800
metros. Cada fosa tiene un ancho de 700 metros aproximadamente. Ambas
están pensadas al sur del terreno.
Villa
Parque Santa Ana igual lo rechazaría
No
quieren que se instale el predio de Cormecor, inclusive si hay
cambios. Señalan que si se modifica el proyecto se debería hacer un
nuevo estudio de impacto ambiental.
La
sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación,
que frenó la instalación del predio de enterramiento de Cormecor,
fue bien recibida por los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que
presentaron el amparo en 2017 para impedir su radicación en esa
comuna del Gran Córdoba.
Consultados
por la posibilidad de que haya cambios en el proyecto del complejo
ambiental para adecuarse a los requerimientos de cuatro kilómetros
de distancia entre el sitio y el radio urbano, los vecinos son
concluyentes: no quieren que se instale allí bajo ninguna condición.
“Creemos
que el fallo de la Cámara ha sido muy claro. El predio no respeta la
distancia de cuatro kilómetros que establece el estudio de la
universidad y además tampoco se respetó el estudio socioambiental,
ni la licencia ambiental”, señaló Lorena Fernández Millacay,
abogada que representa a los vecinos.
Ante
la alternativa de que se modifique la ubicación de las fosas dentro
del terreno, Fernández Millacay anticipó que en ese caso se
tendrían que realizar nuevamente los estudios de impacto ambiental.
El proceso comenzaría nuevamente, entiende.
En
concreto, la recomendación del Instituto Superior de Estudios
Ambientales (Isea) de la UNC es que la distancia entre el predio de
enterramiento y el radio urbano sea de cuatro kilómetros. La
distancia está compuesta por dos kilómetros de exclusión absoluta
y otros dos de zona buffer.
“Lo
que está claro es que los vecinos no quieren el enterramiento allí.
Además de las distancias y de la falta de una consulta como
establece la ley, el terreno no es apto para la instalación.
Entendemos que hay cuestiones técnicas de inundabilidad que no lo
hacen viable”, señaló la abogada. No es lo que dice el fallo.
Beatriz
Rodríguez, vecina de Villa Parque Santa Ana, asegura que no quieren
la instalación del predio de Cormecor en esa localidad. “De
ninguna manera estamos dispuestos a tolerar este proyecto faraónico
que no tiene una mirada ambientalista sobre el proyecto de la
basura”, dijo.
Para
Rodríguez el proyecto carece de una mirada sustentable. “No se
plantea una real recuperación de los residuos. No se trata solamente
de impermeabilizar el suelo sino de generar un proyecto con una
visión que contemple el daño ecológico”, apuntó.
Sobre
la ubicación del predio, Rodríguez fue más allá y señaló que no
se debería colocar en la zona sur de la ciudad, donde ya funcionó
el predio de Bouwer y actualmente está Piedra Blanca.
La
basura que no se puede esconder
No
se puede construir un enterramiento sin una visión que incluya lo
sanitario, lo ambiental, lo social, lo comunitario. Cormecor apelará
y analiza cambios en el proyecto.
por
Edgardo Litvinoff
Ninguna
ciudad la tiene fácil. Disponer de la basura que genera una
población entera no es una tarea simple. Requiere mucha seriedad en
el análisis, además de estudios, acuerdos, planificación...
No
es algo que se pueda tomar a la ligera ni es una misión posible sin
una visión que incluya lo sanitario, lo ambiental, lo social, lo
comunitario.
Pero
hay algo seguro: hasta tanto se encuentren otras soluciones
integrales, globales y aplicables a cada territorio, se necesita un
espacio para instalar un vertedero. No hay otra forma –quizá
porque no se ideó un plan B– de solucionar ese problema sin un
lugar para realizar ese tratamiento.
El
Primer plano de esta edición sirve para recordar eso y para
visualizar el sinuoso recorrido judicial de Cormecor, que ya lleva
más de tres años. ¡Tres años! En algún momento habrá que
resolverlo porque, como bien se explica en el informe, el actual
predio, más que ser un enterramiento, se está convirtiendo en un
peligroso edificio de residuos. Ya no hay dónde seguir depositando
los desperdicios que generamos.
A
propósito, también recordamos el escaso aprovechamiento que se hace
en Córdoba de los residuos orgánicos, con el que no sólo podríamos
reducir volumen, sino también generar energía.
Este
complejo panorama se acentúa con la conducta de gran parte de los
habitantes de la ciudad, incapaces de alcanzar un mínimo de
conciencia ambiental: desde tirar todo sin diferenciar hasta arrojar
cosas en los lugares más insospechados, con lo que convierten
ciertos barrios en potenciales basurales.
Es
fácil esconder la basura bajo la alfombra, pero finalmente se pudre.
Más
en sentido metafórico, el editorial de hoy se refiere a esa otra
basura que solemos ocultar: la de la corrupción, un flagelo del país
que parece acompañarnos como la carne al hueso.
Por
eso, también suma valor la nota de la sección Política que se
refiere al control que la oposición debe ejercer sobre los
oficialismos, como en el caso de la Legislatura de Córdoba. Sin eso,
se corre el riesgo de hallar sorpresas cuando la alfombra se levanta.
Nadie
quiere la basura en su patio trasero
Desde
la Justicia aceptan que si Cormecor modifica el proyecto, se tendrá
que revisar el rechazo al complejo.
por
Ary Garbovetzky
Al
efecto se lo conoce por su acrónimo en inglés: Nimby. Significa Not
in my back yard: no en mi patio trasero. En el fallo que el último
día hábil de diciembre concedió el amparo a los vecinos de Villa
Parque Santa Ana, contra la instalación del complejo ambiental de la
Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los
Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), los jueces
dicen que además de no respetarse la distancia mínima de cuatro
kilómetros al lugar poblado más próximo, no se tuvieron en cuenta
las implicancias sociales del proyecto, para evitar que se genere el
efecto Nimby.
Nadie
quiere tener cerca un predio de enterramiento de basura, pero en
algún lado tiene que estar. El peritaje oficial, que los jueces
Leonardo Massimino y María Martha Angeloz, integrantes de la Cámara
Contenciosa Administrativa de 1ª Nominación, tomaron como
fundamento para rechazar a Cormecor, indicó “restringir el uso del
suelo en una distancia no inferior a los dos kilómetros alrededor
del predio y generar una zona buffer (de amortiguación) desde los
dos hasta los cuatro kilómetros desde el borde del predio con uso
especial para minimizar la presión de uso del suelo y los aspectos
sociales asociados (en especial, mal olor)”.
El
complejo ambiental de Cormecor sorteó todas las demás objeciones:
las napas están a 70 metros de profundidad, los riesgos de
inundabilidad están contenidos por las obras que forman parte del
proyecto y el canal Los Molinos-Córdoba ya está entubado en el
sector donde eventualmente llegarían las escorrentías del
enterramiento.
Es
decir: es apto desde un punto de vista geológico e hidrológico,
algo que no es tan fácil de encontrar en el área metropolitana de
Córdoba.
Los
jueces bocharon, entonces, por esta bolilla: “Se incumple la
recomendación de distancia hecha por el Instituto Superior de
Estudios Ambientales (Isea) de dos kilómetros de restricción
absoluta y otros dos kilómetros de zona de amortiguación,
eliminándose la zona de amortiguación y reduciendo la zona de
exclusión a sólo mil metros, o confundiéndose ambas. Esto hace que
no pueda asegurarse la no-afectación de la población más cercana
(Villa Parque Santa Ana) frente a los peligros por emisiones gaseosas
y olores, entre otros”, justificaron Massimino y Angeloz.
Una
fuente judicial anticipó a La Voz que de presentar Cormecor un
proyecto que corrija el punto objetado, se tendrá que estudiar de
nuevo el tema y allí sí podría abrirse una solución al estilo
Villa El Libertador, el inédito compromiso entre los estados
provincial y municipal y los vecinos que impulsó esta misma Cámara
para solucionar la crisis ambiental por hundimientos y contaminación
que afecta al barrio de zona sur de la Capital.
Ahora
bien, ¿qué pasaría si estos cuatro kilómetros que se le exigen al
futuro predio de tratamiento de residuos se le reclamaran a Piedra
Blanca, el terreno al que se lleva la basura de la ciudad de Córdoba
y de otros 22 municipios desde 2010 y que tiene, ahora sí, el
agotamiento final de su vida útil fijado para mediados de 2021?
Posando el compás desde el borde más cercano a la ciudad de Córdoba
de Piedra Blanca hay menos de cuatro kilómetros de distancia con la
propia Villa El Libertador, Comercial, Manantiales, Santa Isabel -incluso la planta de Renault-, Vicor, barrio ciudad Obispo
Angelelli y, por supuesto, todos los Nuestro Hogar, los barrios más
próximos al lugar. Hacia el sur, incluso el complejo carcelario de
Bouwer quedaría dentro del área de impacto.
“Si
este fallo de Cámara se tomara como indicativo para Piedra Blanca,
Córdoba no sólo no tendría dónde llevar sus residuos a futuro: se
quedaría sin poder hacerlo desde este momento”, confiaron desde el
interior de la gestión municipal.
Fuentes:
Juan Pablo Carranza, Cormecor apelará y analiza cambios en el proyecto, 26 enero 2020, La Voz del Interior.
Villa Parque Santa Ana igual lo rechazaría, 26 enero 2020, La Voz del Interior.
Edgardo Litvinoff, La basura que no se puede esconder, 26 enero 2020, La Voz del Interior.
Ary Garbovetzky, Nadie quiere la basura en su patio trasero, 26 enero 2020, La Voz del Interior.
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