Estamos
felices y aun procesando lo que vivimos desde ayer al mediodía. La
justicia dictó sentencia y dio lugar al Amparo Ambiental presentado
por la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, más de 450 vecinos
del lugar y zonas rurales aledañas. Señaló que el lugar elegido
por CORMECOR para instalar el tercer enterramiento sanitario más
grande de Sudamérica, NO ES APTO. Por tanto no podrán instalar el
enterramiento sanitario allí. Esta victoria significa un antecedente
valioso para muchas comunidades que luchan por su calidad de vida
frente a enormes poderes empresariales y políticos. Es un bálsamo
luego de tantos años de angustia.
Aún
estamos procesando esta sentencia. Todo lo experimentado en estos
intensos años retorna a nosotros como una película que vemos desde
afuera… Como un sueño. Pedíamos anteayer un fallo a favor del
Ambiente, a favor de la vida y los derechos humanos. Teníamos mucho
miedo. Pero la Cámara I en lo Contencioso Administrativo determinó
-entre muchos otros considerandos-que un proyecto contaminante que
no involucra la participación ciudadana, como obliga la Ley General
de Ambiente, es ilegal.
Durante
mucho tiempo desde Cormecor presionaron a los jueces con el argumento
del colapso del vertedero de Piedras Blancas. Un argumento extorsivo,
porque mientras decían que el vertedero estaba colapsado, sumaron
más y más municipios para que arrojen su basura en el lugar. En los
seis años que llevan los Amparos los responsables de la gestión de
la basura de todos esos Municipios que arrojan su basura en el
colapsado predio de Piedras Blancas, no tomaron una sola medida para
disminuir sus residuos a través de planes de reciclado y se negaron
obstinadamente a diseñar un plan B. A pesar que hace tres años los
contundentes informes técnicos de las Defensoría del Pueblo de la
Provincia y de la Nación, recomendaron no instalar el enterramiento
en el predio en cuestión. E incluso recomendaron quitarle la
licencia ambiental porque el proyecto de Cormecor –centrado en la
acumulación de basura de toda la zona metropolitana en un solo lugar
sin plan de educación ni recolección diferenciada- no se ajusta a
los lineamientos básicos de la Ley de Tratamiento Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
La
Justicia falló conforme a la prueba acumulada, conforme a derecho.
Nos
queda mucho por procesar. Pero no queremos dejar de preguntarnos ¿Por
qué la clase política no aprende de los errores del pasado? ¿Por
qué, luego del padecimiento socio-ambiental al que expusieron a la
comunidad de Potrero del Estado y Bouwer, insisten con el mismo
modelo de mega-enterramiento próximo a poblaciones? Disfrazan sus
proyectos con promesas tecnológicas, pero en realidad es lo mismo de
siempre. ¿Cuándo aprenderán de sus errores?
¿Quiénes
deben responder por las prácticas corruptas develadas en el proceso
de revisión del otorgamiento de licencia ambiental a Cormecor?
Aquí,
los responsables de realizar el Estudio de Impacto Ambiental
fraguaron datos, dibujaron mapas dónde las localidades aparecen más
alejadas de lo que verdaderamente están, se hizo girar al viento y
hasta hablaron en nombre de las comunidades cercanas, diciendo que
estaban sumamente de acuerdo con el proyecto… Omitieron la
existencia del canal Los Molinos aguas abajo…
Aquí
la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de
Ambiente citó a un organismo internacional (EPA) para hacerle decir
que 1 km de distancia de apartamiento de vertederos a zonas urbanas
era suficiente, y los peritos confirmaron que el organismo citado
jamás había establecido eso. Además, los peritos señalaron que el
Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la UNC, en un
estudio específico, había recomendado un apartamiento mínimo de 4
km que no estaban respetando.
De
estas maniobras corruptas hay responsables. Responsables que cobran
sueldos para representarnos, para controlar los EIA; que cobran
sueldos para hacer un trabajo profesional que bastardean. Hay
responsables, y hasta que no sean llamados a proceso, las mismas
injusticias y corrupciones se van a repetir. Habrá entonces,
también, más y más resistencias sociales.
En
2016 denunciamos a los funcionarios públicos que aprobaron de manera
irregular a Cormecor. La causa lleva casi 4 años “cajoneada” en
la (mal)llamada «Fiscalía Anticorrupción”, que en 15 años no ha
avanzado con ningún caso. Una vergüenza institucional del
«cordobesismo» absurdamente naturalizada.
Es
la ciudadanía sistemáticamente estafada por estos funcionarios
públicos la que debe exigir que den cuenta ante la ley. Mientras se
sigan encubriendo, naturalizando y minimizando estas prácticas
corruptas, seguiremos estando en peligro.
Aún
estamos procesando todo lo vivido. No confiábamos en la Justicia.
Teníamos nuestros motivos. Nos han tratado durante mucho tiempo como
“ciudadanos de segunda”, argumentando por ejemplo que debíamos
sacrificar nuestro derecho a vivir en un ambiente sano en nombre de
una mayoría que necesita deshacerse de sus residuos. Una falacia
increíblemente efectiva, que hasta se ha hecho cuerpo en una teoría
fascista que llama a los movimientos ambientales como “efecto
NIMBY”. La sustenta un presupuesto “esclavista” que sostiene
que la comodidad de unos debe ser sustentada por el sufrimiento de
otros; a los que considera sacrificables, de menor jerarquía,
(racial, social, ciudadana, de género, etc.). La Revolución
Francesa parece no haber hecho mella en cierta encumbrada “ciencia
ambiental”.
La
verdad es que cada uno debe hacerse integralmente responsable de su
propia basura y es el Estado quien debe garantizar educación,
infraestructura, normativa y control para hacer posible la
erradicación de los megabasurales. Para hacer posible una
civilización sin personas ni ambientes sacrificados.
Nadie
tiene que sufrir por mi basura. NUNCA MÁS
QUE
ESTE 2020 VENGA CON LOS CAMBIOS RADICALES EN POLÍTICA AMBIENTAL QUE
TODXS VITALMENTE NECESITAMOS.
AL
GRAN PUEBLO DE VILLA PARQUE SANTA ANA, ¡SALUD!
ASAMBLEA
SANTA MARÍA SIN BASURA
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