La
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, liderada por
la expresidenta Michelle Bachelet, reunió centenares de relatos de
abusos contra ciudadanos.
por
Rocío Montes
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, dos veces presidenta de
Chile (2006-2010 y 2014-2018), ha publicado este viernes un informe
en el que denuncia que en el marco del estallido social chileno “se
ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos
humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza
que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la
tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones
arbitrarias”, indica el texto de la ONU. Entre el 30 de octubre y
el 22 de noviembre, la comisión desplegó una misión en Chile,
donde visitó siete regiones del país, se entrevistó con las
principales autoridades del Estado, 300 civiles y conoció los
relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos
humanos”.
A
la vez que reconoció que el Gobierno chileno cooperó, sostuvo un
“diálogo franco” y entregó “amplia información”
-facilitando el “acceso rápido y sin trabas” a los lugares de
detención-, la oficina de Naciones Unidas (ACNUDH, por su sigla en
inglés) denunció que tanto los Carabineros como el Ejército no se
han adherido a las normas y estándares internacionales sobre el uso
de la fuerza. El informe indica que de las 26 investigaciones de la
Fiscalía por personas fallecidas en el contexto de las
manifestaciones sociales en Chile, cuatro de estos casos se deberían
a acciones que involucran a agentes del Estado. Romario Veloz Cortés
pertenece al grupo de víctimas mortales: ciudadano ecuatoriano de 26
años, falleció en La Serena, a unos quinientos kilómetros al norte
de Santiago, a raíz de disparos con munición letal por parte de
personal militar, un hecho que está siendo investigado. “Busco
justicia…justicia para todos los que han muerto”, indicó su
madre, según el informe de ACNUDH.
Naciones
Unidas apunta a la cantidad de lesionados en el marco de las
protestas, incluyendo los heridos en los ojos por el uso de perdigones. “La ACNUDH considera que el número alarmantemente alto
de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350)
muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos
letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indica la
oficina. Naciones Unidas informa de que aunque el uso de perdigones
se encuentra suspendido mientras se conoce su composición real -solo
contenían un 20 % de goma, según dos estudios académicos- “esta
orden no se ha implementado completamente”.
El
organismo internacional menciona el caso de Gustavo Gatica, el
estudiante de 21 años que el 8 de noviembre fue herido en ambos ojos
por los perdigones de los Carabineros y perdió totalmente la vista.
“Las autoridades tenían información sobre el alcance de las
lesiones causadas en este contexto desde el 22 de octubre. Sin
embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas”,
indica la oficina liderada por Bachelet, la primera ministra de
Defensa mujer que tuvo Chile, en el Gobierno de Ricardo Lagos
(2000-2006).
Torturas
y malos tratos
La
ACNUDH dedica un espacio de su informe de 35 páginas a la “tortura
y malos tratos” y señala que pudo recopilar 133 casos. A 28 de
noviembre, la Fiscalía había iniciado 44 investigaciones en esta
línea. En la mayoría, dice la oficina de la ONU, “los presuntos
autores son miembros de Carabineros”. Enumera las formas más
comunes que se habrían empleado: golpes fuertes con los puños,
patadas, culatazos (golpe con la culata de un arma de fuego o con una
porra, a menudo llevado a cabo por varios agentes). “La ACNUDH
también recibió información sobre varios casos de personas
atropelladas por vehículos y motocicletas de las fuerzas de
seguridad” y detalla relatos que denuncian “tortura psicológica
como amenazas de muerte, amenazas de ‘desaparecer’ a la persona,
amenazas de violación, palizas de familiares y amigos frente a la
persona y amenazas de agresión contra los familiares”.
La
oficina que lidera Bachelet recibió “relatos aislados” de
ejecuciones simuladas por parte de los Carabineros y las fuerzas
militares, como la que describió un chileno de 28 años: “El
Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma
en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo
militar, nos seguían golpeando y dijeron: ‘Llevémoslos al cuartel
y veamos cuánto duran con la electricidad’. Les suplicamos que nos
dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que
estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner
nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos doce
soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron
gritar ‘perdóname, Chile’. En ese momento, pensé que nos iban a
disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos”.
Sobre
violencia sexual -reportada antes por HRW-, la ACNUDH recopiló 24
casos, que incluyeron “violación, amenazas de violación,
tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios
homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los
genitales o manoseos”. Naciones Unidas incluye el relato de Carla,
de 16 años: “Fue detenida por Carabineros en Viña del Mar con su
padre el 5 de noviembre. Al momento de la detención, su padre alertó
a Carabineros que ella tenía una discapacidad psicosocial. Ella
reportó haber sido forzada a mostrar sus senos, haber sido acosada
físicamente con un bastón/luma y haber sido amenazada con ser
‘desaparecida”.
Sobre
la base de datos del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da
cuenta que entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre hubo 28.210
personas detenidas, de las que 1.615 permanecen en prisión
preventiva. Al referirse a casos de detenciones ilegales o
arbitrarias, detalla el relato de Jacinto, de 20 años: “Informó
haber sido detenido por una camioneta roja a las 5 am, le colocaron
una capucha sobre su cabeza y lo llevaron a un edificio donde habría
sido interrogado, amenazado y torturado. Según los relatos, se le
insertaron agujas debajo de las uñas y se le pidió que dijera ‘todo
lo que sabía sobre las protestas”.
La
ACNUDH hizo mención de la destrucción de la infraestructura pública
y privada en el marco del estallido social y entrevistó a policías
heridos durante las manifestaciones, que de acuerdo con el Ministerio
del Interior llegan a los 2.705 efectivos. De forma adicional,
realizó 21 recomendaciones al Estado chileno, entre las que incluye
una serie de medidas con respecto a los Carabineros, como “establecer
un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la
información sobre violaciones a los derechos humanos” y asegurar
que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea
inclusivo, participativo y transparente, “incluso garantizando la
paridad de género -50 % hombres y 50 % mujeres- durante el proceso y
la participación de pueblos indígenas”. “Los derechos humanos
deben estar en el centro de este debate nacional”, concluyó la
oficina que lidera Bachelet desde Ginebra.
Las
precisiones de Piñera al informe
El
Gobierno chileno ha respondido este viernes en un escrito de cinco
páginas al informe de Naciones Unidas y, junto a la declaración de
que tomará “debida nota”, ha realizado algunas precisiones sobre
afirmaciones que hace el documento que, a su juicio, "no están
adecuadamente representadas o contienen información errada”.
El
Ejecutivo de Piñera ha incidido en que algunas de las situaciones
sobre las que se asegura que hubo violación a los derechos humanos
aún están bajo investigación. Acerca de los heridos oculares, el
Gobierno ha indicado que el informe no incluye las cifras oficiales
que indican que, hasta el 2 de diciembre, del total de los heridos,
“16 han sufrido pérdida total de la visión en un ojo, 75 tienen
visión normal y 148 pacientes están en evaluación”.
La
Administración chilena ha rechazado además el uso de la figura de
“ejecuciones extrajudiciales” y ha señalado que el escrito del
organismo internacional no prueba “las represalias o restricciones
al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de
libertad de expresión por parte del Estado”, como ha indicado
ACNUDH.
Fuente:
Rocío Montes, La ONU denuncia “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido social en Chile, 13 diciembre 2019, El País.
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