La
organización Greenpeace irrumpe en el puerto de Montevideo, una
puerta de acceso a los buques extranjeros que operan en la zona.
por
Ramiro Barreiro
Una
noticia se repite cada verano en el Atlántico Sur, aunque casi nadie
repara en ella. Pesqueros que cruzan el límite de las 200 millas e ingresan a la zona exclusiva de pesca de Argentina se baten a duelo con los agentes de la Prefectura Naval. Cargan en sus bodegas
calamares, la estrella de cada temporada, pero también merluza y
merluza negra, y desechan toneladas de ecosistema marino, desde algas
hasta delfines y ballenas. A estos buques de actividad ilegal se le suman otros cientos con permiso de trabajo. Son tantas, que las
tripulaciones de las aerolíneas que unen Ushuaia [sur del país] con
Buenos Aires describen la escena nocturna que se ve desde el aire
como “ciudades marinas”.
Muchos
de los barcos que operan en el mar del sur encuentran una puerta de
acceso algo enclenque: el puerto de Montevideo, que a veces hace la
vista gorda cuando las embarcaciones tienen que declarar lo pescado.
Es por eso que la organización ambiental Greenpeace irrumpió el
jueves de la semana pasada en aguas uruguayas para señalar a siete
embarcaciones surcoreanas con una flecha de 25 metros sobre el agua
con el mensaje "Saqueadores de los Océanos". Junto a esta
denuncia, la organización ha presentado el informe Protejamos al Mar Argentino de la pesca destructiva, que revela los impactos de la
industria pesquera en la región, y el modo en que afecta a especies
icónicas como la ballena franca austral.
“El
Atlántico sur está completamente desprotegido y desregulado y eso
habilita a pesqueras de potencias mundiales y con equipamiento
industrial a venir a pescar indiscriminadamente y muy intensamente
durante todo el año”, plantea Luisina Vueso, coordinadora de la
campaña de océanos de Greenpeace Andino, con quien navegó El País
para registrar la denuncia. Según Vueso, los buques, al igual que
las excavadores en los bosques, arrasan con todo lo que hay en el
fondo marino con la técnica del arrastre, que consiste en rastrillar
el fondo marino con un saco de red con la intención de capturar
peces, crustáceos y moluscos. Muchas veces, las embarcaciones se
alejan de la zona para descargar en buques frigoríficos llamados
reefer y vuelven a su lugar, donde permanecen varios meses.
Pérdidas
millonarias
Según
cifras oficiales, unos 400 buques pesqueros entran de forma legal en
el mar argentino y dejan anualmente unos 2.000 millones de dólares
en exportaciones de pescado de todo tipo, pero Argentina también
pierde otros 2.500 millones de dólares en mercadería no declarada.
En 2018, las autoridades decomisaron unas 327 toneladas de pescado,
en su mayoría merluza no declarada, aunque la sangría es todavía
más grande. Es por eso que los Ministerios de Defensa y Seguridad
idearon un nuevo plan de control de pesca ilegal en el Atlántico Sur
que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de
seguridad.
Pero,
¿cuenta Argentina con recursos suficientes para vigilar una zona que
tiene 5.000 kilómetros de largo? La respuesta es negativa y por eso
hace algunos meses se reunieron en Lima 12 países latinoamericanos,
más Estados Unidos y España para enfrentar el problema de la pesca
ilegal, aunque de momento sin resultados. “La falta de control y
regulación de las aguas internacionales le permite a las pesqueras
saquear y vulnerar el Atlántico Sur; es por esto que desde
Greenpeace exponemos esta problemática, invisible para muchos (...)
Queremos generar toda la presión pública posible para que los
Gobiernos del mundo acuerden en la ONU un tratado global por los
océanos para proteger a la vida marina a través de la creación de
una red de santuarios”, finaliza Vueso.
Fuente:
Ramiro Barreiro, El mar argentino, víctima de la sobrepesca, 6 noviembre 2019, El País.
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