En
2011 Yanis Varoufakis -economista, académico y luego ex ministro de
finanzas griego- publicó El Minotauro Global, un ensayo que
reconstruye el recorrido de la economía mundial desde mediados de la
década de 1970 hasta el crash financiero del 2008 y sus
consecuencias inmediatas. Allí el autor sostiene que desde los 70’s
Estados Unidos alimentó a la economía global al consumir las
exportaciones provenientes del resto del mundo, para que luego las
ganancias de otros países regresaran nuevamente hacia las
instituciones que permitían sostener los déficits gemelos de la
gran potencia del norte: Wall Street y la deuda emitida por el Tesoro
de los Estados Unidos Varoufakis utiliza la metáfora del Minotauro para
caracterizar los flujos financieros a escala global que volvían a
los Estados Unidos en forma de ‘tributo’ a un gran poder.
Actualmente,
otro minotauro viene siendo alimentado desde la economía argentina,
y se llama Vaca Muerta, considerado una de las principales ‘bombas
de carbono’ del mundo. La ofrenda enviada para saciar el hambre del
principal yacimiento no convencional de petróleo y gas en la región
consiste de territorios -muchos de ellos indígenas- para que sean
convertidos en zonas de sacrificio en nombre de un supuesto bien
mayor: la soberanía o seguridad energética y la generación de
divisas y puestos de trabajo.
Un
reciente estudio publicado en el journal Nature Climate Change
advierte sobre la posible caída repentina del precio de los
combustibles fósiles para antes del 2035, con o sin intervención de
políticas climáticas, lo cual supone un cataclismo para proyectos
de alta demanda de infraestructura como Vaca Muerta que prometen
convertir a nuestro país en la próxima Arabia. Una pregunta
incómoda se anima a desafiar los esquemas de la mitología
neoextractivista: ¿podrá la Argentina encontrar la manera de dejar
atrás al minotauro y salir de su laberinto económico antes de que
reviente la próxima burbuja del precio del petróleo y repensar sus
estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable que le permita
afrontar los nuevos desafíos socioeconómicos que implica el cambio
climático?
A
falta de ambición climática por parte de algunos países más
desarrollados para reducir sus emisiones de carbono, la Argentina no
se encuentra lo suficientemente presionada desde su condición
periférica como para incrementar su acción climática en términos
de mitigación de proyectos de combustibles fósiles. Esto se vio
reflejado el pasado 12 de septiembre cuando el candidato a presidente
por el Frente de Todos declaró públicamente su alivio ante el
anuncio de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero
de los Estados Unidos (OPIC, por sus siglas en inglés) de un paquete
de inversiones valorado en USD 450 millones para el desarrollo de la
industria petrolera en yacimientos no convencionales, pero también
de USD 216 millones en proyectos de energía eólica. El problema del
minotauro nacional obliga a un diálogo entre disciplinas a veces
disímiles como la economía, la geopolítica y el derecho
internacional. A continuación se presentan algunos testimonios de
expertos sobre el fenómeno de Vaca Muerta desde sus respectivos
campos de estudio.
La
realpolitik económica
Tres
factores se conjugan en la actual coyuntura de Vaca Muerta: la
soberanía energética, la fragilidad del precio del petróleo a
nivel nacional y la crisis económica que agudiza la fuga de divisas
extranjeras. Consultado respecto a esta triada, el analista
geopolítico Julio Burdman opina que el tercer elemento es el que más
pesa dentro del debate nacional, ya que “YPF privatizada fue una
fuente de salida de divisas más que de soberanía energética, y
durante el último kirchnerismo la premisa fue no la salida sino la
entrada de dólares al sistema energético, y si bien la crisis
bélica en el Golfo Pérsico está impactando sobre el precio
internacional del barril, es una variable externa que nadie puede
manejar”.
Desde
el seminario Energía y Desarrollo de la carrera de Ciencia Política
de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Sargento explica que
Argentina se benefició con la curva de aprendizaje de Estados Unidos. en
materia de fracking, aunque si en nuestro país se repite la misma
desilusión que en el país del norte -donde según OilPrice 9 de
cada 10 empresas de shale tienen balances negativos- puede resultar
en catástrofe. Sargento recuerda que “hasta 2018 se podía retirar
los subsidios a la población y dárselos a los petroleros que
aumentasen la producción, pero a partir de la devaluación de mayo
del año pasado se frenó la estampida contra la gente”. Sin
embargo, sigue siendo un tabú la discusión sobre la dinámica de
los subsidios públicos y la fantasía, tal como informa OPSur, de
ser como Texas.
En
adición, Juan José Carbajales, señala que Vaca Muerta se inscribe
dentro de un territorio ya de por sí petrolero, con la novedad de
que ahora se sabe de la cuestionable rentabilidad en términos de
ganancias y los impactos ambientales en forma de sismos, derrames,
incendios y explosiones que ya le han costado a varios operarios.
Además, el experto considera que “la estrategia nacional apuntó,
en un primer momento, a asegurar el autoabastecimiento de gas, pero
que ahora debería pensar en el largo plazo y dirigir esfuerzos para
transicionar hacia las renovables, sobre todo teniendo en cuenta que
los nuevos contratos adjudicados dentro del plan RenovAr no están
consiguiendo financiamiento debido a la fragilidad del contexto
macroeconómico local”.
Dos
lecciones para el desarrollismo argentino
La
primera lección es la de Holanda y el yacimiento de gas Groningen,
responsable del denominado ‘síndrome holandés’, ya que desde
1963 generó una bonanza que fortaleció a la moneda en los 70’s
mientras que los ingresos fueron utilizados -sin mucha proyección a
futuro- para cubrir el gasto público, ocasionando una crisis
financiera a principios de los 80’s. Hoy en día está en fase
descendente y la clausura de las operaciones acaban de ser
adelantadas del 2030 al 2022 por presión de grupos ambientalistas
dado que su explotación va a contramano de los compromisos asumidos
para reducción de emisiones, además de que sería la causa de
temblores en la región. A esto hay que sumarle el caso de la ONG
Urgenda en representación de 900 ciudadanos holandeses contra el
gobierno de su propio país en el cual un Tribunal de Apelación de
La Haya ratificó una sentencia que ordena al gobierno holandés a
recortar las emisiones de gases con efecto invernadero en al menos un
25% para 2020, lo cual implica un fallo histórico ya que la acción
ciudadana logró que el tribunal establezca la existencia un “deber
de cuidado” por parte del Estado frente al cambio climático y lo
obligó a tomar medidas más ambiciosas de mitigación.
El
segundo ejemplo es el Fondo Soberano de Noruega, cuyo diseño
comienza en los ‘80s, se legisla en 1990 y entra en vigor en 1996
cuando el país ya era número uno en desarrollo humano. El sociólogo
Daniel Scheintgart, quien estudió en profundidad a este país del
norte, explica que “el fondo comienza a ser operativo cuando
Noruega ya era un país hiper rico, y revisando la historia previa,
vemos que la la política que tuvieron los noruegos respecto al
petróleo fue muy nacionalista, ya que en los años ‘60 comienza a
explorar el Mar del Norte y en 1969 se descubre un gran yacimiento
llamado Ecofisk, una especie de Vaca Muerta nórdico, entrando en
operaciones en 1971”. A las empresas extranjeras, que eran las que
dominaban la tecnología, se les asignan algunas licencias con muchas
condiciones, que incluían transferencia tecnológica contrato de
proveedores locales. Paralelamente, en 1972, se crea Statoil, la YPF
noruega, a la cual se le dieron muchos privilegios y los mejores
yacimientos para que sea un campeón nacional. Todo el periodo de los
‘70s y ‘80s, hasta los ‘90s, es un periodo en el que las
empresas transnacionales hacen transferencia tecnológica al tejido
local y Statoil va aprendiendo hasta que en el año 2000 es
parcialmente privatizada para poder internacionalizarse más fácil y
operar en otros lados: “el fondo es una suerte de conservadurismo
fiscal que redujo la tasa de crecimiento de Noruega, partiendo de un
nivel altísimo, pero el país tiene una cantidad de divisas tan
elevada lo cual hace que esté prácticamente blindada contra
restricciones externas”.
Hacia
fines de 2017, Noruega anunció que su fondo soberano prevé
deshacerse de sus inversiones en combustibles fósiles a modo de
reducir la exposición del Estado ante una posible caída permanente
en los precios del petróleo y el gas para reinvertirlo en sectores
más sustentables. En esta línea, Erico Spinadel, presidente de
Argentina Eólica, considera que el anuncio de la OPIC en proyectos
eólicos -hoy apenas un poco más del 4 % de la matriz-, debe ser
bienvenido y celebrado, aunque el monto sea inferior a lo destinado a
combustibles fósiles. Este divulgador sostiene que “en 70 % del
territorio nacional hay suficiente viento como para cubrir toda la
demanda de energía doméstica, pero lo que aún falta es
infraestructura en las líneas que permitan la distribución desde
los molinos a los consumidores”. Además, de impulsarse la
conversión a hidrógeno líquido a partir de los vientos
patagónicos, Spinadel cree que Argentina podría convertirse en la
Kuwait del siglo XXI.
La
crisis climática pone a prueba al derecho internacional
Sol
Meckievi, abogada especializada en derecho ambiental e investigadora
del Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance
(C-EENRG) de la Universidad de Cambridge, explica que según el
informe de Carbon Majors -la base de datos más completa de emisiones
históricas de gases de efecto invernadero a la fecha- “solo 100
empresas son fuente de más del el 71% de los gases de efecto de
invernadero (GEI) mundiales desde 1988, año en que el cambio
climático antropocénico fue reconocido oficialmente mediante el
establecimiento del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC)”.
Miguel
Saldivia, abogado y también doctorando del C-EENRG, aclara que “el
Acuerdo de París se diferencia del Protocolo de Kyoto en cuanto a
que son las propias partes signatarias las que establecen sus
objetivos de reducción de emisiones, a partir de la noción de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y en base a sus
capacidades respectivas.”. Los países se comprometen además a
revisar sus contribuciones para la reducción del calentamiento
global cada 5 años y en caso de ajustarlos, los nuevos objetivos
solo pueden ser más ambiciosos, es decir que no se puede reemplazar
las metas por otras que implique mayores emisiones que las ya
comprometidas. Los denominados ‘bonos de carbono’ dependen del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés)
establecido por el Protocolo de Kioto, el cual establece que por cada
tonelada de CO2 generada por países desarrollados se debe emitir un
bono que permita invertir en proyectos de energías limpias y/o
reforestación, principalmente en países subdesarrollados.
Este
esquema viene siendo cuestionado por su integridad, y además
actualmente se encuentra paralizado al ser más estricto que el
Artículo 6 del Acuerdo de París -el cual se refiere a la capacidad
de las partes para cooperar voluntariamente en la aplicación de sus
contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor
ambición. Este es uno de los temas que deberán tratarse en la
próxima conferencia de las partes (COP25) a realizarse en Santiago
de Chile en diciembre próximo, ya que actualmente existe una
superposición de marcos regulatorios entre lo establecido por el
Protocolo de Kioto (1998), la enmienda de Doha (2012) y el Acuerdo de
París (2015), lo cual puede resultar en un obstáculo para el
alineamiento de las obligaciones de reducción de emisiones entre los
países desarrollados y el Sur Global cuando se supone que los
compromisos asumidos en 2015 deben entrar en vigencia en 2020.
Un
nuevo pacto verde para salir del laberinto
Hoy
en día, Varoufakis está de vuelta en el parlamento helénico con
una agenda progresista e impulsa un Nuevo Pacto Verde que permita no
solo salvar a la humanidad de la catástrofe ecológica, sino también
evitar otro desplome del sistema económico y bancario que arrastre a
la economía global hacia un torbellino recesivo aún mayor que el
del 2008. Partiendo de una mirada realista respecto al actual
contexto de crisis financiera, difícilmente alguien pueda pretender
que del próximo gobierno argentino surja un guerrero como Teseo que
acabe con el Minotauro y luego escape del laberinto con la ayuda de
Ariadna.
El
dilema de contar con un stock de petróleo y gas como salvavidas
económico de nuestro país abre dos frentes insoslayables: por un
lado las demandas de la sociedad civil de un nuevo modo de producción
ambientalmente justo, y en paralelo la necesidad de implementar
políticas de Estado que permitan ir cerrando la mitología fósil de
Vaca Muerta durante esta próxima década con la implementación de
rigurosos controles ambientales y una reorientación de excedentes a
un fondo soberano que permita financiar progresivamente la transición
energética que la Argentina y el planeta desesperadamente necesitan.
El autor es sociólogo (UBA) y estudiante de MSc en Ambiente y Desarrollo Sostenible (UCL).
Fuentes:
Julián Reingold, Vaca Muerta o el Minotauro argentino, 26 septiembre 2019, Infobae. Consultado 27 septiembre 2019.
Dibujo Chelo Candia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario