Prohibido
por ordenanza en el ejido de la ciudad de Cosquín. Los vecinos lo
consideraron “un paso adelante”. Reclamaban desde 2018.
por
Leonardo Rossi
Acostumbrada
a ser noticia por la presencia de notables personalidades del
folclore, Cosquín amplificó su voz pero esta vez en clave
colectiva: “Basta de agroquímicos”, dicen mujeres y hombres de
la ciudad serrana de Punilla. La lucha realizada en los últimos años
por vecinas y vecinos que claman por un ambiente sano tuvo su primera
repercusión institucional concreta. El 17 de abril pasado, el
Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe el uso del
herbicida glifosato en todo el ejido municipal. “Es un triunfo,
pero la lucha es más amplia, es por un ambiente sano en todo su
sentido”, sostiene Virginia Racino, de Barrios Fumigados Cosquín.
A
partir de conversaciones entre habitantes de barrios linderos a un
campo, situado al noreste de la ciudad, se empezó a instalar la
sospecha de que el uso de agroquímicos podía generar una serie de
afecciones en la salud. A principios de abril, impulsada por el
colectivo Barrios Fumigados Cosquín, se presentó una denuncia
contra quienes explotan la Estancia San Jorge-Kumte, ubicada entre el
faldeo de la montaña y la ruta 38, que colinda con barrios de
Cosquín, y de las localidades de Molinari y Casa Grande. En ese
momento, desde la organización social se planteó estar “sufriendo
casos de afecciones respiratorias, cáncer, abortos espontáneos,
alergias en la piel”, entre otros impactos sanitarios que podrían
vincularse con la práctica agronómica de ese campo. Asimismo, la
denuncia apuntó a las autoridades locales “al permitir
fumigaciones a menos de 500 metros de las viviendas”.
Desde
el año pasado, este colectivo se vinculó con otras asambleas como
la de Dique Chico y Barrio Ituzaingó para conocer otras experiencias
de lucha contra el uso masivo de plaguicidas en la provincia. En este
recorrido, realizaron diversos reclamos administrativos, pero sobre
todo acciones de concientización, como ferias de alimentos
agroecológicos para sensibilizar a más sectores de la población en
torno a otras formas de agricultura. En el mismo sentido, apuntan a
construir datos que den cuenta del ordenamiento territorial de la
zona y sus vínculos con la calidad ambiental que hoy atraviesan los
cuerpos que habitan la región.
En
la insistencia por la instalación del tema dentro de la comunidad,
este sector logró que el año pasado ingresara un proyecto de
ordenanza que permaneció durante más de seis meses en comisión.
Finalmente, días atrás con cuatro votos opositores y sin apoyo del
oficialismo se aprobó la normativa local. Aún no ha sido promulgada
por el Ejecutivo municipal, que enfrenta elecciones por estas horas.
La ordenanza, que se ampara en legislación ambiental nacional y
provincial, insta en su primer artículo a “prohibir la
comercialización y el uso (aéreo y terrestre) del herbicida
glifosato” en todas sus variantes en todo el ejido de Cosquín.
La
centralidad del glifosato en el modelo agrícola argentino puede
sintetizarse con algunos datos de la Antología Toxicológica de este
herbicida, recopilada por Eduardo Martín Rossi y publicada por
Naturaleza de Derechos, donde se explica que el uso de este
agroquímico representa “entre un 60 y 70 por ciento” del total
de pesticidas que utiliza toda la agroindustria cada año. La
estimación indica que se aplican entre 240 y 260 millones de
kilos-litros de glifosato cada año en Argentina. Frente a quienes
aún niegan el daño que causa su uso corriente, esta compilación da
cuenta de más de 800 trabajos científicos y artículos de
investigación sobre los graves impactos sanitarios y ambientales de
esta formulación.
Esta
ordenanza coscoína se enmarca en una provincia que tiene más de una
veintena de regulaciones comunales y municipales que directamente
prohíben el uso de plaguicidas en áreas urbanas y periurbanas.
Estas normativas dejan más de 30.000 hectáreas en diversas zonas de
la provincia que de una forma u otra deben transitar hacia otra forma
de agricultura frente a la otra opción que es la urbanización de
áreas rurales, y recrear otra vez el problema de tener barrios
linderos a campos donde se aplican agroquímicos. El trabajo “Mapeo
de zonas de resguardo ambiental...” (2017), firmado por Beatriz
Giobellina, Marcelo Lerussi y Victoria Marinelli, entre otros,
sostiene que en Córdoba “es posible encontrar comités asesores
del propio municipio para definir productos posibles, mientras que es
poco habitual que dichos municipios establezcan programas de
desarrollo, acompañamiento o mucho menos promoción de una
producción alternativa, se la llame sustentable, agroecológica u
orgánica”.
Desde
Barrios Fumigados Cosquín marcaron que “este es un primer paso de
gran importancia para toda la comunidad, resultado del trabajo
colectivo que apunta a la visibilizar la problemática de las
fumigaciones y la participación directa para lograr su prohibición”.
La particularidad de la normativa es que sólo se ha centrado en el
glifosato y no en otros herbicidas ni en insecticidas o fungicidas de
síntesis química. Para la asamblea este punto de partida es un
avance porque limita “el paquete” que se aplica sobre todo en
soja y maíz transgénico. Pero, el mayor logro es la cuestión de
fondo, “que se instale el tema y se empuja a que ese campo y otras
áreas transiten hacia una mirada agroecológica”, que armonice con
el perfil territorial que busca la ciudad. Esta prohibición del
glifosato marca un camino de “dar prioridad a la preservación de
la vida, la salud y el ambiente por sobre los intereses mercantiles y
ser coherente con el perfil de ciudad turística y municipio verde”,
expresaron en un comunicado.
El
concejal que presentó la ordenanza, Raúl Cardinali (FPV), también
marcó que “este es un punto de partida, para avanzar hacia
fumigación cero, dado que se debe priorizar la salud y ya hay
bastante evidencia de que este modelo no va bien, a pesar del fuerte
lobby que tienen estos productos”. En diálogo con PáginaI12,
Racino expresó que lo que se busca es “dejar en claro que hay
otras formas de trabajar el campo, más sanas, que cuidan la vida, la
salud, justamente donde se están produciendo alimentos, que es el
todo que nos constituye.” Esta integrante del colectivo vecinal
sostuvo que “ahora esperamos que se haga efectiva la ordenanza,
porque venga el gobierno municipal que venga ahí vamos a estar con
el reclamo”. Y aclaró que “las leyes son sólo un paso más
dentro de una lucha más larga, que implica pensar el territorio en
su conjunto, contra el desarrollismo, las autovías, los desmontes,
las fumigaciones para tener verdaderamente un ambiente sano”.
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