por Daniel Díaz
Romero
Redacción Sala
de Prensa Ambiental
El Departamento
Ischilín es el más desmontado en las 2 últimas décadas: perdió
el 73 % de sus bosques nativos.
Las fronteras
ganaderas en el norte de Córdoba se van corriendo a fuerza de
desmontes químicos ilegales, transformando extensiones de bosques
nativos protegidos por ley, en campos desérticos para las vacas de
los grandes empresarios y, aunque está expresamente prohibida en
toda la provincia, esta práctica arrincona a los ecosistemas y sigue
su impiadosa carrera en la región más pobre del territorio
cordobés. Siguen avanzando en geografías donde es habitual la
imagen de una topadora arrasando los bosques nativos y la
biodiversidad que los habita.
Pero la pérdida
de más de 35000 hectáreas de bosques desde el año 2001, no hubiese
sido posible sin el trípode que ha sostenido esta industria del
desmonte: la asociación entre un gobierno cómplice, empresarios
voraces sin conciencia y una pata judicial que mira para otro lado;
los 3 vértices que dibujan la verdadera trama del desmonte ilegal en
Córdoba, que va mucho más allá de la acción de una topadora
aislada que voltea el monte a su paso.
En septiembre
pasado, Sala de Prensa Ambiental publicaba un informe en el que
quedaba expuesto el accionar del empresario ruralista Walter Orodá,
quien había realizado un desmonte ilegal en su campo de más de 2000
hectáreas.
Hasta el día de
hoy, el empresario se niega a pagar la multa por esa infracción
cometida hace más de 2 años en su establecimiento, ubicado en el
departamento Ischilín, la región más castigada en las últimas
décadas en lo que se refiere a pérdida de bosques nativos. (Ver
http://www.periodismoambiental.com.ar/el-rey-del-ganado-y-el-bosque-perdido/)
Desmontador
serial
Según una
investigación de Sala de Prensa Ambiental, Walter Orodá no sólo no
ha regularizado su situación desde entonces, negándose a pagar la
multa, sino que posteriormente -en junio pasado- volvió a realizar
un desmonte en el mismo lugar, en zona protegida y con una
metodología expresamente prohibida por ley: dejó de utilizar
topadoras y las reemplazó con maquinaria que arroja sustancias
químicas, hiriendo de muerte al bosque nativo con herbicidas que
están diseñados para eliminar el estrato arbustivo y que, aplicados
en mayores dosis, pueden dañar los ejemplares de árboles adultos
provocando su muerte, también.
El objetivo final
del desmonte químico es transformar un bosque –y sus servicios
ambientales- en un campo “limpio” para los grandes empresarios
ganaderos amigos del poder: no quieren que el monte rebrote tras ser
desmontado con topadoras y por eso lo bañan con una lluvia de
químicos.
Sucede que el
desmonte químico es utilizado por grandes productores ganaderos para
eliminar el estrato arbustivo del bosque nativo -el conocido “churqui
o sotobosque”- que fue motivo de ásperas discusiones en el último
debate por la actualización de la Ley de Bosques propuesta por el
gobierno de Córdoba, hace 3 años (Ver:
https://www.periodismoambiental.com.ar/avanzan-las-modificaciones-a-la-ley-de-bosques-en-cordoba/)
El desmonte
químico está expresamente prohibido en todo el territorio
provincial: el decreto reglamentario 170/11 prohíbe el uso de
químicos para eliminar ejemplares vegetales en los bosques nativos.
Este fue uno de los puntos que los ruralistas quisieron imponer en el
intento por modificar la Ley (Ver:
http://www.periodismoambiental.com.ar/schiaretti-y-los-socios-del-desierto/).
Al no lograrlo, lo hacen igual, de manera ilegal y amparados por el
gobierno provincial.
No pagarás
Pese a que
pasaron 3 años desde que se le labraron las multas, allegados al
empresario Orodá sostienen que “no hubo forma de convencerlo que
regularice la situación, pagando la multa. Desmontó un montón, más
de 600 hectáreas y ahora le clavó desmonte químico”, comentan
desde su entorno.
El posterior
desmonte químico -que sucedió a otro en el que utilizaron
topadoras- no solamente “secó” la vegetación, sino que además
contaminó suelo, agua y aire, afectando la biodiversidad también
con un método prohibido por la ley.
Pero Walter Orodá
no es un simple chofer de topadoras: es una de las voces del
empresariado rural que viene reclamando controles “más flexibles”
argumentando que Córdoba necesita una nueva Ley de Bosques que le
permita extender la actividad ganadera en las zonas de máxima
protección, dentro de los ecosistemas del norte provincial.
Sucede que,
Orodá, es uno de los niños mimados del gobierno de Córdoba y, tal
vez por ello, desmontó con total impunidad y de modo ilegal.
El Expediente de
una infracción del 2015 sigue esperando que Orodá pague.
“Pastar”, el
químico preferido para desmontar
En junio pasado,
fue detectado un desmonte químico en el mismo campo de Orodá y la
aplicación se extendió a lo largo de unas 1200 hectáreas. Sin
embargo, eso pareciera no importarle al ministro de Agricultura y
Ganadería de la provincia, Sergio Busso, quien agasaja al empresario
a pesar de que ha estado utilizando maquinaria fuera de regla para
desmontes expresamente prohibidos por ley.
La sustancia
química utilizada en los campos, que contenían bosques protegidos,
fue el Pastar®, un herbicida producido por la multinacional Dow
Chemical Company, famosa por ser la creadora del tristemente
recordado Napalm, aplicado en bombardeos en la guerra de Vietnam.
Orodá aplicó el
Pastar® con maquinaria terrestre, matando el estrato arbustivo de
cientos de hectáreas de bosque nativo: lo que hizo fue deshacerse de
los renovales, que intentaban rebrotar en el campo tras ser diezmado
por el paso de las topadoras, meses atrás.
Pese a ello,
Orodá siguió siendo premiado y homenajeado por las principales
autoridades de la provincia.
La Datilera:
Primero con topadores, después desmonte químico y luego fuego
Orodá no es el
único que está aplicando la metodología química para el desmonte
en el norte provincial: meses antes, en el establecimiento La
Datilera (Ver:
https://www.periodismoambiental.com.ar/desmonte-en-la-datilera/)
aplicaron desmonte químico y después lo taparon con fuego. Si bien
hay un informe firmado por bomberos que indica que el incendio del
campo se desató por causas naturales, desde otros organismos señalan
que no fue así, ya que el fuego avanzó en dirección contraria al
viento, paradójicamente.
Más allá del
incidente, el encargado del predio La Datilera admitió haber
aplicado Pastar® sobre la vegetación nativa en distintos lotes,
entre los años 2013 y 2017, con el objetivo de “controlar” el
desarrollo de renovales: en el galpón del campo había bidones del
químico y un pulverizador de arrastre con aplicadores de 2 metros de
altura y -como si fuera poco y para sorpresa de quienes lo
presenciaron- descubrieron la existencia de una pista clandestina de
aterrizaje para aviones, dentro del mismo campo.
Al respecto, son
varias las hipótesis que se tejen insinuando que el aeródromo
ilegal fue construido para el despegue y aterrizaje de aviones que
arrojan químicos para desmontar desde el aire; también para otro
tipo de delitos relacionados con el narcotráfico. O, para ambas
cosas.
El caso de este
campo -citado en un Informe de Sala de Prensa Ambiental- es uno
de los que quedó al descubierto por recibir una autorización ilegal
de desmonte por parte del ex Secretario de Ambiente, Germán Pratto,
hoy precandidato a intendente de Morteros. (Ver:
http://www.periodismoambiental.com.ar/el-ex-secretario-de-ambiente-promovio-desmontes-ilegales/).
El caso de La Datilera es uno de los que obtuvo una resolución
favorable para desmontar con acusaciones de ilegalidad. Se discute
aún si ese desmonte tuvo autorización legal y si su propietario la
obtuvo utilizando prácticas ominosas.
La metodología
de desmonte utilizando sustancias químicas es más difícil de
detectar que el tradicional método que se sirve de topadoras y
maquinaria pesada porque es una aplicación sobre el renoval, sobre
lo ya desmontado. El renoval es un bosque joven, que se recupera tras
un desmonte y, en algunos casos ya documentados, se aplican lluvias
de químicos de forma aérea sobre los bosques, tras lo cual, queda
un monte en pie, pero muerto.
Viejos amigos del
desmonte
Miguel Mizzau es
titular de otro establecimiento, también en Quilino, como en el caso
de Orodá.
Los empleados de
Mizzau hablan de Orodá como un socio de su patrón. Según allegados
al ganadero, Orodá mantiene una relación de negocios con Miguel
Mizzau, poderoso empresario titular de Gatopa S.A y de Agroempresa
Colón.
Mizzau también
aplicó desmonte químico sobre 500 hectáreas de bosques nativos en
su campo, utilizando sustancias químicas como el Pastar® y el
Tordon®, productos que el empresario vende a otros productores
agropecuarios.
La empresa GATOPA
S.A, de Mizzau, fue otra de las que obtuvo una de las dudosas
autorizaciones de puño y letra del ex-titular del área ambiental de
la provincia, el Cr. Germán Pratto, para desmontar bosque nativo en
zona roja, categoría de máxima protección de bosques nativos en el
territorio cordobés.
Fuente:
Daniel Díaz Romero, El norte cordobés, asediado por desmontes químicos de los ganaderos, 11/03/19, Sala de Prensa Ambiental. Consultado 14/03/19.
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