La Municipalidad
de Córdoba volvió a extender la emergencia ambiental y sanitaria en
el Establecimiento Depurador de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Bajo
Grande y en las zonas aguas abajo. Lo hizo a través del Decreto N°
3413 y la medida rige por 180 días. Vecinas de Chacras de la Merced
reclaman que las acciones comprometidas no se están cumpliendo.
El pasado 1 de
noviembre, el intendente Ramón J. Mestre firmó el Decreto_3413 que
vuelve a poner a esta parte de la ciudad de Córdoba en estado de
emergencia ambiental y sanitaria, en virtud del estado de la planta
de Bajo Grande.
La medida rige
por el término de 180 días, a partir del vencimiento de los
términos del Decreto N° 15 de fecha 12 de enero de 2018 (que
prorrogaba la emergencia ambiental y sanitaria dispuesta en abril de
2017). Por ello, el plazo para que las distintas reparticiones de la
Municipalidad realicen todas las acciones contempladas en el Plan de
Mitigación habría finalizado el pasado mes de noviembre.
Esta nueva
declaración de emergencia reconoce la compleja situación por la
contaminación del Río Suquía, que continúa recibiendo efluentes
cloacales con mínimo tratamiento o directamente sin tratar. Por este
motivo, ya la misma determinación había comenzado a tomar el
municipio al menos desde 2014.
La decisión de
entonces se concretó luego de conocerse un fallo judicial que ordenó
al municipio y a la provincia que instrumentaran una serie de medidas
para mitigar los efectos de la contaminación que produce la planta
sobre la población, particularmente en el Suquía y zonas aledañas.
Luego, la medida fue prorrogada por los Decretos N° 1220/15,
3745/15, 1292/2017, 015/18, y ahora por el Decreto N° 3413 con el
fin de dar continuidad al plan de mitigación de efectos ambientales
y sanitarios propuestos para la planta de Bajo Grande, ubicada en el
barrio Chacras de la Merced.
Por otro lado,
continúan las obras de ampliación de la planta que según lo
informado por la Provincia una vez terminadas beneficiarán a unos
960 mil cordobeses. Estas obras concluirían en la segunda mitad del
año 2019.
Pedidos de
información: sin respuestas satisfactorias
En el mes de
marzo, y en el marco de la emergencia decretada por el gobierno
municipal, junto a Las Omas, asociación civil de vecinas del barrio
Chacras de las Merced, realizamos diversas presentaciones ante la
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo
Social, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Públicos,
la Secretaría de Salud y la Secretaría de Planeamiento e
Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba. Los pedidos
realizados solicitaban información acerca del estado de avance del
plan de mitigación dispuesto en Bajo Grande y zonas aguas abajo.
Ante la falta de respuesta por parte de la administración municipal,
presentamos sendos prontos despacho en el mes de junio.
La Secretaría de
Salud fue la única repartición que contestó, pero lo hizo de
manera incompleta y con información que contradice lo reportado por
las personas vecinas de la planta. Mientras el municipio sostiene que
en los centros de salud de la zona no se registra déficit de stock e
insumos y que los recursos humanos son suficientes para dar respuesta
a las problemáticas y afecciones del barrio, las vecinas denuncian
que “nunca hay suficientes medicamentos, las ambulancias no quieren
entrar al barrio por el estado de los caminos y que sólo hay un
médico en la zona que no da abasto. Además, el centro de salud del
barrio sólo atiende por la mañana y cuando el médico no va, no hay
reemplazo”.
Según lo
informado por la Municipalidad de Córdoba, los casos de Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA) disminuyeron entre los años 2012 y 2017. Sin
embargo, en el Centro de Salud N° 84 del Barrio Chacras de la
Merced, en el 2017 los casos de diarrea aumentaron respecto del 2015
y 2016, lo que demuestra que las enfermedades que pudieran ser
producto de la contaminación del agua, persisten y continúan
afectando a la comunidad.
Con respecto a
esto, Alida Weht, presidenta de Las Omas, manifiesta que “las
afecciones no disminuyeron, lo que pasa es que debido a la gran
cantidad de casos que hay, la gente comienza a naturalizarlas y dejan
de consultar a los centros de salud del sector, por la falta de
respuesta y de medicamentos para el tratamiento de dichas
enfermedades.”
Las acciones
sanitarias contempladas en el Plan de Mitigación son: continuar con
las evaluaciones semanales de patologías trazadoras (diarrea,
hepatitis, conjuntivitis, meningoencefalitis, SUH y otras); asegurar
la provisión de medicamentos e insumos de enfermería en forma
oportuna y suficiente; garantizar la disponibilidad del recurso
humano para la atención de pacientes del área afectada, con
acompañamiento y participación de la comunidad; continuar con el
trabajo en red con otros Centros de Salud cercanos e Instituciones,
entre otras.
Sin embargo,
Alida Weht, declaró que en la actualidad existen numerosos casos de
gastroenteritis, dermatitis, conjuntivitis, irritación de piel y
ojos, afecciones respiratorias y que las acciones comprometidas en el
plan de mitigación no se estarían cumpliendo. “Son enfermedades
propias de la zona, tener neumonía todos los años ya es una
normalidad”, agrega.
La situación de
vulnerabilidad que vive la comunidad ubicada a la vera de la estación
depuradora, es hoy por hoy, insostenible y degradante. De igual modo,
el mal funcionamiento de la planta persiste desde hace años, incluso
lo han reconocido los propios empleados de la planta que aseguran que
han llegado a arrojar al Río Suquía casi el 100 por ciento de los
líquidos sin tratar.
Desde FUNDEPS nos
preocupa la continuidad de una situación de degradación ambiental y
violación de derechos humanos. Como expresa Juan Carballo, Director
Ejecutivo de FUNDEPS, “la situación es muy preocupante: un
contexto de graves y continuados impactos ambientales exigirían
mínimanente que las autoridades rindan cuentas de la situación en
forma permanente. Eso no sucede en la actualidad; una ampliación de
la planta sin adecuada participación ciudadana, un funcionamiento
deficitario pero sin datos ciertos y pedidos de información no
respondidos agravan aún más la situación”.
La situación es
aún más preocupante, si tenemos en cuenta que hay ocho funcionarios
municipales imputados por la justicia federal por la situación del
Río Suquía, atento podría existir evidencia que la contaminación
ha llegado hasta la desembocadura del Río Primero en la Laguna de
Mar Chiquita.
Esto demuestra el
fracaso de los planes de mitigación asumidos cada vez que se ha
decretado la emergencia ambiental desde el año 2014. También, ha
quedado claro que las acciones implementadas no han sido suficientes
para mitigar los efectos de la contaminación del Río Suquía; y de
la situación de desprotección que sufre la gente del barrio Chacras
de la Merced.
Renovamos una vez
más el reclamo por una solución definitiva a la contaminación del
Río Suquía y, especialmente, por la garantía de los derechos de
aquellos que han sido y siguen siendo afectados.
Más info:
Contacto:
María Pérez Alsina - mariaperezalsina@fundeps.org
Agustina Palencia - agustinapalencia@fundeps.org
Fuente:
Bajo Grande nuevamente en emergencia ambiental y sanitaria, 19/12/18, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.
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