A días de que
venza el plazo que dio la Corte, la Nación propuso a ambas
provincias una solución para el río Atuel.
El gobierno
nacional les hizo ayer una propuesta a Mendoza y a La Pampa para
cumplir con la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a
fin de resolver el diferendo por el río Atuel, a menos de una semana
de que el martes se cumpla el plazo dado por el máximo tribunal.
La propuesta fue
presentada por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica
de la Nación, Pablo Bereciartua, a las delegaciones de funcionarios
mendocinos (encabezados por el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri)
y pampeanos, en una reunión del comité ejecutivo del CIAI (Comisión
Interprovincial del Atuel Inferior).
Si bien la
propuesta de la Nación apuntó a acercar las históricamente
enfrentadas posiciones de ambas provincias, tanto Mendoza como La
Pampa dejaron sentadas sus diferencias e hicieron contrapropuestas
que se encargarán de presentar de acá al martes ante la Corte.
Al oficializar la
propuesta del Ejecutivo nacional, Bereciartua dijo que “no se trata
de resolver la agenda política de distintos gobiernos que vamos
pasando sino un esfuerzo por encontrar una forma de administrar
recursos y un territorio”.
En primer lugar
la propuesta consiste en tratar de arribar en lo inmediato a un
caudal inicial mínimo del río Atuel de 2,2 metros cúbicos por
segundo en tres meses, para luego avanzar hacia los 3,2 al año, más
acorde con la recomposición del ecosistema en el noroeste pampeano.
Ese valor inicial propuesto por la Nación está por encima del 1,33
sostenido por Mendoza, pero lejos del 4,5 que reclama La Pampa.
Sobre este punto,
la delegación pampeana pidió precisiones acerca de la calidad del
agua de ese caudal, a lo que el director de Proyectos Hídricos,
Ricardo Ferreyra, dijo que será o estará próximo a la de Valle
Grande, es decir con una salinidad como demanda La Pampa.
También incluye
poner a disposición inmediata 700 millones de pesos provenientes del
Fondo Hídrico para financiar obras que acuerden las tres
jurisdicciones a fin de alcanzar el objetivo propuesto por la Corte.
Ese monto sería inicial: la Nación asume el compromiso de que sea
equivalente al 70 por ciento de la inversión requerida, en tanto el
resto correría por cuenta de las provincias.
Además, prevé
la instalación de los cinco censores requeridos, dos de los cuales
empezarán a funcionar este mes. Y la elevación institucional del
organismo arbitral: será una comisión interjurisdiccional con
participación de la Nación.
Así, aunque
pareció haber uhn acercamiento (mínimo) entre las partes, lo cierto
es que la décimo octava reunión del comité del CIAI terminó una
vez más sin un acuerdo, sobre el filo del plazo que la Corte le puso
a ambas provincias para acordar.
Hay que recordar
que el conflicto se generó por una demanda que inició la provincia
pampeana para que Mendoza le dé agua al oeste de esa región. En la
última reunión, Mendoza había presentado la información con las
obras que proponía para realizar en conjunto.
Fuente:
Propuesta para destrabar el conflicto con La Pampa, 11/10/18, Los Andes. Consultado 13/10/18.
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