Contaminación y
servicios cortados por falta de pago. El resultado de dicho proceso
es el rápido deterioro de las viviendas por falta de dinero para ser
mantenidas, gastos consorciales impagos y el corte de servicios
básicos por facturas adeudadas, provocando que muchos deban
abandonar la propiedad y volver a una casilla.
Cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la relocalización de las familias que habitan en los márgenes de la cuenca del Riachuelo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir los problemas de salud ocasionados por el alarmante nivel de contaminación, no tuvo en cuenta el factor tiempo.
Especialistas en
la materia aseguraron que “el tiempo es crucial” y “la dinámica
social del territorio es de crecimiento constante, si no se
relocaliza a las familias rápidamente, continúan apareciendo otros
que ocupan una y otra vez el mismo espacio”.
Desde aquel fallo
histórico, sólo se ha cubierto el 21 por ciento del total de 17.771
familias que debían ser reubicadas. No sólo ello, sino que las que
lograron moverse se encontraron ante escollos aún mayores. Nunca se
colocaron la mayoría de los sumideros, las ratas invadieron la zona
por los movimientos de suelo y el costo de los servicios públicos de
sus viviendas resulta imposible de pagar.
De este modo, el
resultado de dicho proceso es el rápido deterioro de las viviendas
por falta de dinero para ser mantenidas, gastos consorciales impagos
y el corte de servicios básicos por facturas adeudadas, provocando
que muchos deban abandonar la propiedad y volver a una casilla.
En consecuencia,
a raíz de una presentación conjunta realizada por el ministerio
público de la Defensa de la Ciudad y la Defensoría General de la
Nación ante los juzgados federales en lo Criminal y Correccional de
Morón, el juez Jorge Rodríguez le ordenó al estado nacional que
presente, en los próximos 45 días, alternativas que permitan a
estas familias la cancelación de las facturas de los servicios
públicos que deben, sin que esto les implique una nueva alteración
en sus economías domésticas. Al mismo tiempo, le ordenó al
gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que presente una propuesta
para mantener y evitar el deterioro de las viviendas.
De este modo, y
ante la presencia de un alto porcentaje de niños entre las familias
involucradas, el juez Rodríguez ordenó que el estado supla la
ausencia de ayuda de las empresas prestatarias, que en numerosas
ocasiones se negaron a brindar un subsidio a sus clientes en
problemas.
Fuente:
Fracasó la relocalización de familias en el Riachuelo y la Justicia ordenó al estado que las asista, 14/09/18, Real Politik.
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