Un inventario de
glaciares que excluye los menores a un kilómetro cuadrado.La Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca
criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de
Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
por Nicolás
Romero
Con bombos y
platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares
que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo
en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país
del continente sudamericano (después de Chile) en términos de
extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial.
Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el
relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos
nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está
incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un
kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las
zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que
el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios,
entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la
presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por
el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639
(Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los
glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos
ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene
el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos
ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en
sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores
advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a
los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para
que sea preciso”.
El jefe de
Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos
glaciares hay para tener una política de protección” y explicó
que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas
de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha
contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es
achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las
organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace
Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron
contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el
artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo
perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y
reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los
asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es
una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y
recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex
funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba
–en una causa que se desprendió de la investigación del derrame
de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares
de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que
pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario
no es legal”, afirmó el letrado.
El representante
del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale,
dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero
incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares,
cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son
objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el
Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con
emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata
del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas
zonas”.
Para la directora
de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que
estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que
“hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la
interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se
complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la
herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y
hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si
tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los
funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay
glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra
libre”.
Por su parte, el
coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo
Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas
fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal,
le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se
cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que
molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace
dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos
mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que
estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se
contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la
ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Fuente:
Nicolás Romero, A veces el tamaño sí importa, 16/05/18, Página/12.
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