Un estudio
confirmó daños genéticos en chicos expuestos a fumigaciones. El análisis se
realizó en Dique Chico, un pueblo cordobés en lucha contra las
pulverizaciones. Los niños del lugar tienen dañado su material
genético tres veces más que la media, lo que implica serios riesgos
de contraer cáncer.
por Darío Aranda
Niños cordobeses
expuestos a fumigaciones con agrotóxicos tienen daño genético tres
veces mayor a la media, lo que conlleva a mayores probabilidades de
contraer cáncer. Así lo confirmó un estudio que fue sumado como
prueba a la causa judicial para frenar fumigaciones en la comuna de
Dique Chico. El jefe comunal había limitado el uso de agroquímicos,
pero los empresarios del agro tuvieron luz verde de los jueces
Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz, quienes
permitieron pulverizar durante el verano. Ahora deben decidir el
fondo: qué derecho está primero, a la salud o a fumigar con
agrotóxicos.
Medir el daño
genético es una forma científica utilizada a nivel internacional
para evaluar la salud. A mayor daño genético, más posibilidades de
contraer cáncer, enfermedades cardiovascuales, sufrir malformaciones
y abortos espontáneos.
Dique Chico es
una comuna de 200 habitantes, a 50 kilómetros de la capital
cordobesa. A pedido de los padres, que exigen desde hace años que
dejen de fumigarlos, el Laboratorio Servicios y Diagnóstico en Salud
y Ambiente de Río Cuarto tomó muestras de seis niños de entre 7 y
11 años. Confirmó que todos tienen elevado daño en sus genes,
hasta tres veces por encima de los niños no expuestos a agrotóxicos.
El estudio se
basa en una técnica llamado “ensayo de micronúcleos (MN)” en la
mucosa bucal. Realizado por la doctora en ciencias biológicas Delia
Aiassa, determinó que “el 100 por ciento de los niños que
participaron en el estudio tuvieron un número de células con
micronúcleos (MN) mayor al valor considerado como basal para una
población referente”.
“La diferencia
de células con MN entre niños que habitan en cercanías de lugares
donde se pulveriza y niños sin esta exposición (referentes) señala
que los primeros se hallan expuestos a agentes genotóxicos”,
alerta el informe de nueve páginas.
Los análisis
fueron realizados en febrero pasado, y están firmados por Aiassa,
reconocida científica del Laboratorio GEMA (Genética y Mutagénesis
Ambiental), de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con más de
quince años en trabajos académicos sobre daño genético.
Los niños viven
a distancias de entre 100 y 400 metros de campos con transgénicos
donde se pulveriza con agroquímicos, y asisten a la escuela rodeada
de fumigaciones. En esos predios se hacen al menos cuatro
fumigaciones al año, principalmente con el herbicida glifosato.
La investigadora
explicó que un agente genotóxico es una sustancia que puede
interactuar con el material genético (ADN) de los organismos
causándole alteraciones, daños y rupturas. “Existe una estrecha
relación entre las alteraciones del ADN de las células con el
cáncer y las enfermedades degenerativas crónicas”.
El trabajo de
Aiassa analizó otras fuentes de contaminación posibles. Su
conclusión es contundente respecto a las causas del daño genético
en los niños: “No puede ser explicado por la influencia de otros
factores demográficos o ambientales, sino por la exposición
ambiental prolongada a pulverizaciones con sustancias químicas en
los campos aledaños”.
El estudio está
enmarcado en la lucha de la población de Dique Chico, organizados en
Vecinos Autoconvocados, que desde hace años piden retirar las
fumigaciones de las casas y escuela, alejar los silos y prohibir el
tránsito de “mosquitos” (tractores con brazos de aspersiones).
El jefe comunal, Nilo Pérez, emitió en noviembre de 2017 la
resolución 242 para priorizar la salud y prohibió las fumigaciones
aéreas con agrotóxicos a 2000 metros del ejido urbano (y 1000
metros sin son terrestres).
Los empresarios
del agro realizaron movilizaciones y hasta se encadenaron en el
pueblo para que les permitan seguir con las fumigaciones. Presentaron
un amparo contra la Comuna porque sienten que se vulnera su derecho
de propiedad privado, de libre comercio y producir. El Ministerio de
Agricultura de Córdoba (a cargo de Sergio Busso) se mostró a favor
de seguir fumigando.
Los jueces
Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz (Cámara
Contencioso Administrativo Nominación Segunda) emitieron una medida
cautelar para suspender la resolución comunal por treinta días y
permitir fumigaciones. Pero no se expidieron sobre el fondo, si la
decisión de la Comuna es constitucional y qué derecho se debe
priorizar: a la salud y el ambiente, o a fumigar. Un antecedente es
que los jueces permitieron en la causa (bajo la figura de “terceros
interesados”) que participe el Ministerio de Agricultura, que
impulsa el uso de agrotóxico. Pero los mismos jueces negaron la
participación del Defensor de los Derechos del Niño.
Los Vecinos
Autoconvocados exigen que se priorice el derecho a la salud y a la
vida. Presentaron ante los jueces un documento con 25 estudios
científicos y técnicos que confirman las consecuencias de los
agrotóxicos. También entregaron los análisis de los seis niños
con daño genético.
Los jueces Gavier
y Ortiz aún no tuvieron en cuenta esas investigaciones. Por otro
lado, los empresarios del agro y el gobierno provincial no han
exhibido ni un trabajo científico que afirme que el glifosato no
afecta a los niños.
Los Vecinos
Autoconvocados reclamaron que los jueces lean los estudios
científicos, las historias clínicas de los niños afectados y
“entiendan que la evidencia es más que suficiente para limitar las
fumigaciones”. Al pie del comunicado sobresalen dos consignas:
“Basta del Poder Judicial cómplice” y “tus negocios no valen
nuestras vidas”.
Fuente:
Darío Aranda, El ADN de los agrotóxicos, 22/03/18, Página/12.
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