Los buenos propósitos no bastan: la deforestación avanza

Un informe de defensores de las comunidades forestales insta a la UE a tomar medidas para frenar las pérdidas de bosque que persisten en las zonas tropicales.

por Carlos Laorden

Los programas, iniciativas y compromisos para frenar la destrucción de bosques -y los abusos adyacentes- parecen infinitos: obligación de comprar madera certificada, establecimiento de áreas protegidas, leyes de deforestación cero... Y, sin embargo, la realidad institucional de algunos países tropicales y la creciente demanda de soja, palma, madera o carne -entre otros- parecen desbordar todas esas buenas intenciones. El año pasado, el Chaco paraguayo taló 500 hectáreas de bosque al día (principalmente para que pastara el ganado) y los incendios dañaron o destruyeron 26.000 kilómetros cuadrados (más que la superficie de la Comunidad Valenciana) en las islas indonesias de Sumatra y Kalimantán.

Un estudio de Forest People's Program, una organización británica que defiende los derechos de las comunidades forestales, ha analizado la situación en nueve países tropicales afectados por el problema y ha concluido que solo en uno de ellos (Malasia, donde además las cifras están bajo sospecha) se ha frenado la pérdida de bosque. "Hay muchos esquemas gubernamentales, industriales, multilaterales y voluntarios, pero vemos una brecha creciente entre lo que se ha prometido y lo que ocurre sobre el terreno", han dicho los líderes de esas comunidades al presentar el documento este jueves en Ámsterdam (Holanda).

El lanzamiento del informe se realiza intencionadamente mientras la Unión Europea decide si toma medidas adicionales para frenar su propia influencia en la tala de bosques. El texto señala como principal responsable a la agricultura comercial, a la que achaca más del 80 % de la deforestación en países tropicales (en concreto, le atribuye dos tercios de la pérdida de árboles en América Latina, un tercio de la de África y la mitad de la asiática). La obtención de madera y energía, la minería o a construcción de carreteras e infraestructuras son otros importantes matabosques.

La mayor parte de los productos relacionados con la tala de bosques (la propia madera, pero tambien la carne o la soja que obliga a despejar espacio para el pasto de animales o el cultivo) se queda en el propio país de producción o se exporta a otros países de su región. Pero el resto se vende internacionalmente, y la UE importa y consume más de un tercio de esos productos (casi el doble que el Este de Asia y cuatro veces más que Norteamérica). Por ejemplo, es (tras China) el segundo importador mundial de soja.

Por eso los autores del estudio insisten en la necesidad de que Bruselas -y los ciudadanos- refuercen los mecanismos de control de su demanda y usen su fuerza política y comercial para combatir la deforestación. "Si los consumidores europeos no saben de dónde vienen sus productos, es el fin de la humanidad", ha dicho Shapiom Noningo Sesén, un líder wampii de la Amazonia peruana. "Deben preguntarse de dónde vienen las materias primas y hacen falta cambios en la demanda por parte de empresas y Gobiernos", ha añadido. A raíz de un informe de 2013, y tras solicitar varias investigaciones y propuestas de planes de acción, la Comisión ha anunciado que tomará una decisión al respecto en las próximas semanas.

Los nueve casos analizados (de Perú a República Democráctica del Congo y de Indonesia a Guyana) revelan, según sus redactores que la corrupción y la fragilidad de las instituciones de muchos de esos países son otros grandes obstáculos en la lucha contra la pérdida de bosques. Una muestra del desinterés por superarlos es, según los autores, que desde 2010 la financiación dirigida a monocultivos y explotaciones agrícolas que no tienen en cuenta estas cuestiones ha sido 40 veces superior a la destinada a proteger la superficie boscosa.

“Para asegurarnos de que todos esos proyectos climáticos consiguen lo que pretenden, recomendamos que se evalúen y audite su cumplimiento de los derechos humanos y la tenencia de la tierra en cada etapa", ha apuntado Edi Sutrisno, de la organización pro comunidades forestales Tuk Indonesia. "Todo el proceso debe hacerse con transparencia y respetando los derechos de estos colectivos", ha añadido.

Porque el informe, promovido precisamente por estos grupos, insiste en el perjuicio -añadido al ambiental- que la deforestación (y sus prácticas relacionadas, como la apropiación o explotación de tierras) genera a las comunidades que viven de ellas, y cómo muchas veces se acompañan de abusos o acciones violentas. En 2016 se contaron más de 200 asesinatos de defensores de los bosques y los derechos humanos en 25 países distintos.

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Fuente:

Carlos Laorden, Los buenos propósitos no bastan: la deforestación avanza, 15/02/18, El País. Consultado 20/02/18.