Muchas
investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete
el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de
las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara
7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que
se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia
sigue siendo materia pendiente.
por Silvina
Bazterrechea
Las causas
ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecución
penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las
investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio
oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio-
por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más
emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”.
La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se
encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate,
cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el
juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se
buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la
muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de
contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor
agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los
hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de
la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha
firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya,
también aviador.
En el caso de que
Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena
efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la
Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las
fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas
por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En
2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto
llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel
Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y
distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue
acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio,
Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de
funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería
peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a
los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de
imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional
Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y
otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión
de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio
en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la
Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa
para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un
sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de
residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue
la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación
dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a
la espera del debate oral.
En el mismo año,
53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron
imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación
del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una
resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de
gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016,
el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para
dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el
ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los
acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la
limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y
larga distancias de Córdoba.
En esta causa,
Matheu -quien ahora preside una fundación dedicada a combatir
estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue
rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la
imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta
contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a
Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen
pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en
hospitales
La última
investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la
denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos
de Córdoba.
Allí, el por
entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el
director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia
de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños
del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano,
Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental
dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de
la mencionada firma; y el mencionado director de compras del
Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de
funcionario público y contaminación ambiental en calidad de
partícipe necesario.
A raíz de la
partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
Primera condena
En septiembre de
2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por
las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión
nacional.
Investigaciones
El por entonces
fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por
delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
Designación
fallida
En junio de 2016,
el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una
fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu
pero luego el nombramiento no se concretó.
Fuente:
Silvina Bazterrechea - sbazterrechea@comercioyjusticia.info, Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba, 15/01/18, Comercio y Justicia.
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