La
segunda muerte en el marco del conflicto mapuche en la Patagonia pone
en duda la capacidad del Gobierno de resolver conflictos por la vía
política.
por
Ernesto Tenembaum
En
medio de la crisis por el caso Maldonado, un alto funcionario del
Gobierno se atrevió a decir off the record lo que nadie dice en
público: "Acá lo que falta es política. Los problemas con
comunidades originarias se han resuelto por vía de la negociación
en distintos países del mundo, incluso en Estados Unidos. Y cuando
no hay política, o sea, negociación, empiezan las tomas, las
violencia y los muertos. La Patagonia es un territorio inmenso y
despoblado. Seguro que hay espacio para negociar entre todas las
partes. Apenas se aquiete el caso Maldonado, la política debería
volver a conducir el conflicto". Ese acercamiento, por entonces,
contrastaba con las posiciones públicas del Gobierno, que estaba
tratando de encontrar un rumbo, en aquellos días de agosto, cuando
nadie sabía aún lo que había ocurrido con Maldonado. La política,
como se pudo ver en estos últimos días, aun no conduce el conflicto
con los mapuches y entonces aparecen las balas, las tomas, los
tiroteos. Rafael Nahuel, un joven de 27 años, es el segundo muerto
en este contexto en apenas tres meses. El primero fue Santiago
Maldonado. ¿Cuántos siguen?
Gobernar
un país es algo parecido a estar sentado sobre un polvorín. Un día
desaparece un joven durante una protesta en la Patagonia, otro va
detenido un ex vicepresidente, la semana siguiente se hunde un
submarino y el país entero se enluta, en el medio hay un proceso
electoral dramático, de repente los Estados Unidos frenan la
importación argentina de biodiesel, se negocia contra reloj reformas
laborales y previsionales, y cuando algo parece calmarse llegan
noticias desde el Sur: otro mapuche cae muerto, esta vez, por las
balas de fuerzas federales. Quienes conducen el Estado se ven
desbordados: tienen que saber de economía, entender qué pasa con
comunidades que invocan órdenes de espíritus para tomar territorios
que según la legalidad vigente no les pertenecen, especializarse en
baterías de submarinos, todo al mismo tiempo. No parece una tarea
para humanos. Pero la sociedad argentina, afortunadamente, es muy
sensible ante la muerte ajena. Y, si no se lo atiende seriamente a
tiempo, el conflicto mapuche está destinado a producir más
violencia, más angustia, más pérdida de vidas: no importa lo que
digan hoy las encuestas, a nadie le gusta vivir en un país donde los
conflictos se resuelven a tiros.
Las
muertes de Maldonado y Nahuel tienen entre sí rasgos comunes y otros
que las distinguen. Maldonado, ahora se sabe, murió ahogado. Aunque
su muerte se produjo en el marco de un operativo de Gendarmería,
nadie lo lastimó, ni le pegó, ni lo baleó. Quienes denuncian al
gobierno nacional, sostienen que, de todas maneras, hay
responsabilidad de Gendarmería porque Maldonado se tiró a un río
helado sin saber nadar porque quería salvar su vida en medio de una
represión salvaje. Es, por supuesto, una visión de los hechos.
Otras personas consideran que fue una decisión personal errada en un
contexto que no lo justificaba, ya que ninguna otra persona fue
lastimada en ese operativo. Es una discusión muy fina que deberá
dirimir la Justicia. Sea como fuere, se trató de un operativo donde
las fuerzas de seguridad, como mínimo, quintuplicaban a los
rebeldes. En ese contexto, murió una persona.
Los
caprichos del destino quisieron que en el mismo momento en que el
cuerpo de Santiago Maldonado encontraba finalmente descanso se
conociera la noticia de otra muerte, en un contexto similar. Las
diferencias, entre uno y otros caso, son palpables porque Nahuel, a
diferencia de Maldonado, cayó baleado. Es difícil pisar sobre
terreno firme respecto de qué ocurrió, en parte, porque las
versiones que surgieron de la comunidad mapuche luego de la
desaparición de Maldonado quedaron completamente desacreditadas.
Entonces, al Gobierno le es más sencillo instalar la clásica
versión del enfrentamiento. ¿Fue una cacería, como denuncia la
Coordinadora contra la Represión Institucional? ¿O fue en legítima
defensa, como sostienen "voceros oficiales", en distintos
medios?
Lo
que se sabe es que un grupo de familias mapuches, a mediados de
noviembre, se había instalado en un parque nacional, que la semana
pasada fueron desalojados por fuerzas de seguridad, que un grupo de
los rebeldes logró esconderse en el predio y que, en el marco de la
búsqueda de estos últimos, Nahuel cayó, herido de muerte por balas
de la Prefectura. El Gobierno difunde que Prefectura respondió con
ráfagas de ametralladora para defenderse de un ataque con pistolas
de calibre menor. Las organizaciones mapuches sostienen que
directamente les tiraron a matar.
Si se
abre un poco más el cuadro, es difícil de entender la magnitud a la
que ha llegado el conflicto. Durante el arduo debate que se produjo
alrededor del caso Maldonado, el Gobierno y varios colegas expresaron
su preocupación ante lo que percibían como una creciente amenaza
terrorista mapuche. Esa construcción se desarmaba ante el contacto
con preguntas muy elementales. ¿Cuantos son? ¿Qué armas tienen?
¿Qué poder económico los financia? Probablemente, alrededor de
cincuenta adultos, sin armas peligrosas salvo las molotov
rudimentarias que han usado para incendiar algún predio, y no se
percibe ninguna señal de respaldo económico.
En
esos diálogos, algunos funcionarios señalaban que en Chile hay un
problema de violencia muy serio alrededor del mismo conflicto. Eso
parece ser así, pero aun en ese caso, las víctimas fatales, en la
última década y media, fueron solo tres.
Lo
que se ve a simple vista de las comunidades rebeldes es una situación
de alta vulnerabilidad, en la que viven muchos menores de edad. El
desnivel de poder entre el Estado argentino y los grupos de mapuches
que simpatizan con las tomas y las amenazas es enorme. Los segundos
no tienen ninguna chance. Su desarticulación parece más una
cuestión de pericia que de estrategia bélica.
En
los hechos concretos, cualquier barra brava del conurbano cuenta con
más recursos humanos y materiales, y mucho más entrenamiento para
enfrentar a la policía, que lo mapuches del sur. Todo tiene su
complejidad, pero a primera vista el desafío de las comunidades
mapuches no parece ser de los más complejos que enfrente un Estado.
No poder resolverlo sin que muera gente revela problemas muy serios.
Esos problemas pueden ser de larga data, como la falta de preparación
de las fuerzas de seguridad. En ese caso, sería conveniente no
darles mensajes confusos: quizás el acercamiento promovido por el
ala dura del Gobierno -"meterle bala a esos delincuentes
comunes"- esté contribuyendo a la trasnsformación de un
problema menor en una crisis. Dos muertos en tres meses es una fuerte
señal de alerta.
Pese
a los prejuicios, y a la agitación propia del cambio de Gobierno, es
difícil sostener que en estos dos años la situación de los
derechos humanos en la Argentina se agravó desde el período previo
al 2015. Hasta la muerte del mapuche conocida en las últimas horas,
no habían existido asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad, o
paraoficiales, como parte de la represión del conflicto social. No
se había producido un caso Mariano Ferreyra, una represión con
muertos como la del Parque Indoamericano, patotas vinculadas al
oficialismo no habían asesinado gente como ocurrió en Humahuaca en
el año 2012, y las policías provinciales no habían reprimido
saqueos con balas de plomo como en diciembre de 2013. El Gobierno
había quitado el respaldo a los asesinos de las barras bravas,
además, y detenido a muchos de ellos. Tampoco se conocían
asesinatos de miembros de las comunidades originarias, como había
ocurrido en Formosa en los años previos.
Los
hechos ocurridos en el día de ayer cambian esa perspectiva, porque
se produjeron en el marco de un conflicto muy conocido por el
Gobierno. Macri deberá tomar una decisión que será toda una
definición de la identidad de su Gobierno. Algunos recomiendan
"meterle bala a esos delincuentes". Otros, los menos,
aconsejan una negociación, que no sería sencilla, pero tal vez
evite la multiplicación de cadáveres. En el medio, hay un
integrante de las fuerzas de seguridad que disparó con balas de
plomo y mató a una persona. ¿Quién es? ¿Quiénes fueron? Mientras
la Justicia resuelve si actuó por legítima defensa o no, ¿qué
señal envía el Gobierno sobre qué cosas pueden hacer sus agentes?
Lo
dicho: decisiones dramáticas sobre la identidad de un Gobierno.
Fuente:
Ernesto Tenembaum, Mapuches: un nuevo y terrible dilema para Mauricio Macri, 26/11/17, Infobae.
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