El
titular del organismo, Raúl Lamberto, presentó ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación un escrito con tres propuestas, que
tienen como premisa el acuerdo entre las partes involucradas, en el
marco de la audiencia pública que el máximo tribunal convocó para
el próximo 8 de noviembre y del que participarán los gobiernos de
Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, además de un representante del
Estado nacional.
El
defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto,
presentó este viernes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación
con propuestas tendientes a que las provincias de Santa Fe, Buenos
Aires y Córdoba, con la participación del Estado nacional, arriben
a consensos sobre aspectos básicos y obras necesarias para
solucionar los problemas hídricos generados en la cuenca de La
Picasa. La presentación de la Defensoría santafesina se realizó en
el marco de la audiencia pública que el Máximo Tribunal convocó
para el 8 de noviembre por esta cuestión.
El
escrito presentado por Lamberto consta de tres propuestas puntuales.
En la primera de ellas, se propone la "creación de un ente
operativo con participación de todas las provincias y de la Nación
dentro del Comité de Cuenca Interjuridisccional, con competencia en
el manejo de aguas, planificación, estudios, control de obras y
monitoreo permanente de la cuenca (conforme a recomendación de las
Defensorías del Pueblo de la Región Centro en Jornadas realizadas
en el mes de marzo de 2017)".
En
este caso, el planteo se basa en lo señalado en los Principios
Rectores de la Política Hídrica de la Argentina, proclamados en el
marco del Acuerdo Federal del Agua concertado dentro del Consejo
Hídrico Federal del cual forman parte las 23 provincias y la ciudad
de Buenos Aires. Allí se expresa que "dado que el movimiento de
las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes
físicas, las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la
unidad territorial más apta para la planificación y gestión
coordinada de los recursos hídricos", y más adelante se señala
que "para cuencas hidrográficas de carácter
interjurisdiccional es recomendable conformar 'organizaciones
interjurisdiccionales de cuenca' para consensuar la distribución, el
manejo coordinado y la protección de las aguas compartidas".
"Resulta
incontrovertido que La Picasa se alimenta de aguas aportadas por las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y las consecuencias
son padecidas principalmente por los habitantes de las dos últimas,
ergo, las soluciones inmediatas deben surgir de un Comité de Cuenca
Interjuridisccional con una fuerte intervención del gobierno
federal", reafirma Lamberto en el texto elevado a la Corte
Suprema.
La
segunda propuesta aportada por la Defensoría del Pueblo santafesina
consiste en solicitar que se autorice a las "Defensorías del
Pueblo de la Nación y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba a
firmar convenio donde las partes se comprometan a desarrollar
procedimientos de consulta convocando a las partes interesadas y
damnificadas, organizaciones sociales, vecinales y productivas".
En
este caso, lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la
Cuenca del Río Salí-Dulce donde las partes, en el marco del juicio
ante Suprema Corte firmaron un acta acuerdo y establecieron el
compromiso de "instruir un procedimiento de consultas o
participación ciudadana". En esa oportunidad, las Defensorías
del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago
del Estero firmaron un convenio para establecer un sistema
participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se
comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar
procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales,
sectores sociales ONG y asociaciones.
Finalmente,
el defensor del Pueblo santafesino solicitó a la Corte que, "si
lo estima pertinente, disponga las medidas que considere adecuadas a
los fines de poder expedirse respecto a la interjurisdiccionalidad de
la cuenca del río Salado bonaerense", dado que en este caso
está suscitada una controversia: la provincia de Buenos Aires
consideró en 1997 que se trata de un río provincial, mientras que
Santa Fe alega que el mencionado curso es interjurisdiccional porque
ingresa a la provincia de forma natural a través del sistema de Las
Encadenadas llegando hasta las proximidades de la ciudad santafesina
de Venado Tuerto. En este contexto, Lamberto sugirió: "La
creación de una cuenca hidrográfica de carácter
interjurisdiccional y que las decisiones respecto a ella sean
adoptadas por consenso de las partes que la conforman".
Fuente:
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe busca consensos para abordar la problemática de La Picasa, 05/11/17, UNO Santa Fe.
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