Fuerte disputa entre una minera y el juez Casanello por el derrame de Veladero

La empresa Barrick Gold pidió recusar al juez federal Sebastián Casanello por "prejuzgamiento". El juez rechazó la recusación.

por Mariana Iglesias

Veladero, la mina a cielo abierto ubicada en San Juan, sigue generando controversias y disputas. Dos años atrás, fue el escenario del mayor desastre minero de la historia de nuestro país por un derrame de ciaunuro que volvió a repetirse en 2016. A principios de este año hubo otro derrame, y se suspendieron las actividades de la mina. Los reiterados incidentes generaron todo tipo de acusaciones entre vecinos, empresarios, funcionarios y jueces que forzaron la intervención de la Corte Suprema. Ahora la empresa pide apartar al juez federal Sebastián Casanello -que lleva adelante parte de la investigación- por “prejuzgamiento”. El juez rechaza su recusación y asegura que es imparcial.

El lunes, Fernando Hugo Giannoni, presidente de Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Minera Argentina Gold S.R.L., presentó un escrito en el que pedía la recusación de Casanello “por haber incurrido en un prejuzgamiento inadmisible... además de mostrar en todos los actos llevados a cabo... una marcada animosidad en contra de Barrick y una clara parcialidad en favor de la Asamblea denunciante Jáchal no toca... Este cúmulo de factores genera en mi representada un fuerte temor de parcialidad por parte de V.S., con afectación de la garantía a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.

Entre las causas, la empresa cuestiona que el juez en una resolución dijo que los eventos eran “graves” y contaminantes”, también dice que el magistrado llamó a indagatoria a varios funcionarios “sin escuchar a la empresa, ni dejarse defenderse”, que beneficia a la asamblea de vecinos porque se reunió con ellos y tomó en cuenta la opinión de un perito como si fuera oficial.

En su escrito, Casanello rechazó cada una de las acusaciones y marca que Giannoni no es parte en la causa, y por lo tanto, no corresponde que lo recuse. Y comienza: “Las argumentaciones que desarrolla el peticionante, en miras a sustentar su planteo, las efectúa sobre la base de elucubraciones contrarias a la realidad, al menos en lo que al suscripto concierne”. Explica que usó la palabra “gravedad” “por el potencial riesgo a un bien escaso como lo es la naturaleza”, sobre la audiencia con los asambleístas, explicó que “su intención era tan sólo expresarse, derecho que le asiste a toda víctima en el proceso penal”.

“Para sembrar dudas sobre mi imparcialidad el recusante también objeta el que haya citado la encíclica papal Laudato Si. La protesta es incomprensible. Aludí a ese mensaje con la intención de poner de relieve que en todos los ámbitos y contextos, a nivel nacional y mundial, el acceso al agua potable es reconocido como un derecho humano básico... El Papa expresamente dijo en la encíclica aludida que los glaciares eran importantes “para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad... Tener que aclarar cuestiones como estas sólo evidencia que existe un desesperado intento por apartar al suscripto de esta causa. El trabajo de recopilación de prueba en esta etapa es algo que se supone debe suceder por más fructífero y arduo que haya sido, ello no se traduce en favorecer o perjudicar a ninguna parte, sino al descubrimiento de la verdad como meta del proceso penal... Nada hay en lo que fue mi actuación en la presente causa, ni en mi comportamiento anterior o posterior, ya sea como juez o en mi vida privada, que implique una pérdida de imparcialidad o que razonablemente genere ese temor en el recusante... Lo dicho conduce al rechazo del planteo recusatorio”.

En mayo del año pasado, la Corte Suprema dividió la competencia en la causa y estableció que el juez provincial de Jáchal debía investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y Casanello a los funcionarios nacionales. Dos meses atrás, el juez federal citó a siete funcionarios y ex funcionarios a prestar declaración indagatoria por incumplimientos de la Ley Nacional de Glaciares: “En el ámbito de sus competencias varios organismos nacionales contribuyeron mediante sus omisiones a generar un ámbito de desprotección de los glaciares, vulnerando así las previsiones de la ley 26.639”. Los funcionarios declararon en septiembre, y cada uno se dedicó a echarle la culpa a los demás. Casanello además pidió al Departamento de Control de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación que haga un informe, pero aún no lo han hecho.

Los vecinos reunidos en la Asamblea Jáchal no se toca salieron a criticar la recusación del juez pedida por la empresa: “Repudiable el accionar de Barrick, no respetan las instituciones. Están tan acostumbrados a manejar todos los poderes, que al ver uno que investigue, ya es “imparcial”. Barrick contaminó las cuencas hídricas de Jáchal, además, luego de los análisis periódicos que se llevan a cabo en Jáchal, se continuó detectando altos valores de mercurio y otros metales en los resultados de las muestras de julio-agosto de 2017 como en análisis anteriores en nuestras cuencas y pozos. Barrick es responsable de dichos resultados, y necesitamos una justicia independiente a los intereses de la minera, Casanello no es Oritja”.

Pablo Oritja es el juez de Jáchal. Los vecinos lo acusan de favorecer a la empresa. En junio, el juez permitió a la empresa volver a operar.

Fuente:

Mariana Iglesias, Fuerte disputa entre una minera y el juez Casanello por el derrame de Veladero, 01/11/17, Clarín. Consultado 02/11/17.