Se
perdieron más de 135.000 ha, lo que equivale a seis veces la
superficie de la Capital; ambientalistas piden mayores controles.
por Javier Drovetto
Un cementerio de
árboles. Eso fue a mediados de año la chacra Las Rejas, en el
noroeste chaqueño. Algarrobos, quebrachos y guayacanes esparcidos en
2900 hectáreas. Los tumbó una topadora. La empresa agropecuaria
Cuenca del Salado preparaba el terreno para sembrar. La compañía
consiguió que Chaco autorizara un cambio de zonificación con el que
logró que parte del bosque ya no deba ser conservada. El desmonte es
uno de los más grandes registrados este año y resulta
representativo del avance sobre el bosque nativo hoy, diez años
después de la aprobación de ley que consiguió desacelerar la
deforestación, pero que está lejos de detenerla.
El año pasado
desaparecieron 136.470 ha de bosques, una superficie que equivale a
seis veces la Capital, según datos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación surgidos del monitoreo de las 16
provincias que abarcan las cuatro regionales forestales más
amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor medida yungas,
selva paranaense y espinal. Y lo que resulta dramático es que 58.281
de esas hectáreas eran de bosques que las provincias habían
catalogado como "rojos" y "amarillos" por su
valor de conservación. Según parámetros que instauró la ley, se
categorizan como rojos los bosques que no deben sufrir ninguna
transformación; como amarillos los que presentaban alguna
degradación, pero pueden ser restaurados, y como verde los sectores
poco conservados, por lo que se pueden hacer desmontes con permisos
previos.
Al analizar las
cifras de pérdida de bosques en los últimos 19 años, se
diferencian dos períodos. Uno, entre 1998 y 2007, con una pérdida
promedio de 300.000 ha por año. Y otro después de la sanción de la
ley, entre 2008 y 2016, con una deforestación anual de 267.000 ha,
pero con un marcado ritmo de descenso a partir de 2014, cuando baja a
190.000 ha y alcanza su mínimo histórico en 2016, con 136.000 ha.
Esta cifra representa una tasa anual de deforestación del 0,5 % de
los bosques del país, que ocupan 27 millones de hectáreas. Ese
descenso le permitiría a la Argentina salir del noveno puesto en el
ranking, elaborado por la FAO, de las naciones que más pérdidas de
bosques reportaron entre 2010 y 2015.
Para el Gobierno,
la baja está dentro de lo razonable. Y prometió que antes de 2030
se llegará a la meta de deforestación cero.
El avance de la
siembra, principalmente de soja, y el de la ganadería son los
principales motivos de desmontes. Mientras que las recategorizaciones
irregulares de predios inicialmente protegidos para tipificarlos como
verdes; las frágiles multas por desmontar sin permiso o en lugares
prohibidos, y la falta de financiamiento del fondo nacional con el
que se debe compensar a los dueños de bosques por preservarlos son
las causas que colaboran con la deforestación.
"Muchas
empresas sojeras compran campos en zonas amarillas, solicitan que
cataloguen el predio como verde, lo consiguen y logran desmontar",
describió Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, un
organismo dedicado a la investigación social que denunció al
gobierno chaqueño porque, según establecen las pautas para
actualizar las categorizaciones de bosques, los ajustes no pueden
implicar un retroceso respecto de los niveles de protección.
Claudio Andreoli,
titular de Cuenca del Salado y del predio Las Rejas, afirmó que la
empresa no empezó ningún trabajo hasta que no consiguió los
permisos. "El desmonte estuvo autorizado y cumplió todos los
trámites que debe atravesar. Se hizo una audiencia pública en la
que no hubo ningún tipo de oposición, un estudio de impacto
ambiental, calicatas y otras tareas previas a que se autorice el
cambio de zonificación por ser un terreno apto para la actividad
agrícola", señaló.
Infractores
Según
Greenpeace, luego del ordenamiento territorial hecho por las
provincias, el 80 % de los bosques fue catalogado como zona roja o
amarilla. "Eso fue importante, pero la presión y el avance de
la agricultura y la ganadería sobre la región de bosque chaqueño
son muy grandes", indicó Hernán Giardini, coordinador de la
campaña de bosques de Greenpeace.
"Muchas
veces la deforestación se frena porque el clima lluvioso no lo
permite o porque no cierran los números para invertir en un
desmonte", advirtió Fernando Miñarro, director de conservación
de la Fundación Vida Silvestre.
Las multas para
quienes desmontan en zonas prohibidas suelen ser altas, pero señalan
que son difíciles de cobrar. En Santiago del Estero rondan los $
16.000 por hectárea afectada. Sin embargo, según reconocieron en
esa provincia, recaen sobre grandes empresas sojeras que judicializan
el castigo. Esa situación, que se repite en Chaco y Salta, llevó a
que Greenpeace reclamara que el desmonte y el otorgamiento de
permisos de desmontes en zonas protegidas sean considerados delitos
penales. "Hay una impunidad que las multas no resuelven",
consideró Giardini. El Registro de Infractores Forestales creado por
la ley de bosques, presenta información en sólo siete provincias.
La falta de
financiamiento de la ley es otro de los puntos que las ONG marcan
como determinantes para explicar por qué la deforestación ilegal no
se detuvo. "Cada vez se comprometen menos recursos que podrían
servir para recuperar bosques degradados, controlar que no haya
deforestación ilegal y también para compensar a aquellos titulares
de tierras con bosques", señaló Ana di Pangracio, directora
ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La pérdida de
bosques tiene varias consecuencias: incremento de gases de efecto
invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de
suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de
agua de lluvia, pérdida de biodiversidad y migración y desarraigo
de las poblaciones rurales.
Desmonte cero: el
gobierno nacional fijó esa meta para 2030
Bergman celebró
la caída en los números de la deforestación; admitió que hay
fallas en la ley.
Funcionarios
nacionales y provinciales destacaron el descenso de la deforestación
desde la aprobación de la ley de bosques, aunque reconocieron que
existen problemas para fomentar el uso sustentable de los bosques y
evitar desmontes.
El ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,
consideró que haber pasado de 300.000 hectáreas deforestadas por
año a 136.000 en 2016 es "un descenso razonable". Y
añadió: "Para un país en desarrollo, tener una tasa de
pérdida de bosques de alrededor del 0,5 % resulta razonable".
Adelantó que la meta es "alcanzar antes de 2030 una
deforestación cero".
Respecto de los
fondos que deberían destinarse por ley para fomentar en las
provincias la conservación de bosques, que representa el 8 % de lo
que debería ser, Bergman explicó que "hay jurisdicciones que
adeudaban rendiciones desde 2009", por lo que "continuar
inyectando fondos en un sistema de esas características, que no
garantiza ni la eficiencia ni la transparencia, no tenía sentido".
Y agregó: "Estamos firmando convenios con las provincias que
adeudan rendiciones para encontrar mecanismos para sanear esos
pasivos, y acordando lineamientos estratégicos para que el
financiamiento baje al territorio con mayor efectividad".
En Chaco hicieron
una lectura positiva de lo ocurrido en los últimos diez años,
aunque remarcaron que existe un desfinanciamiento de la ley. "Si
el fondo se hubiese constituido como correspondía, en lugar de tener
este año $ 10 millones para repartir entre 128 proyectos que buscan
conservar bosques nativos, deberíamos tener $ 300 millones para
repartir en 1000 proyectos. Al no tener todas las herramientas, tal
como indica la ley, uno tampoco le puede exigir a la ley el mayor
rendimiento", afirmó el subsecretario de Recursos Naturales de
Chaco, Luciano Olivares.
Indicó, en
tanto, que los cambios de categorías de varios predios, como es el
caso de Las Rejas, en su provincia, se hicieron respetando "la
resolución 236/12 del Consejo Federal de Medio Ambiente que
estableció un mecanismo para aquellos predios que, por diferentes
cuestiones, como errores o falta de información técnica, se le
asignaron erróneamente una categoría de conservación".
En Santiago del
Estero también destacaron un descenso leve desde 2007 y más
pronunciado desde 2009, aunque reconocieron que la mitad de las
26.000 hectáreas deforestadas el año pasado fueron ilegales. "El
50 % han sido desmontes con permiso para sistemas de ganadería
silvopastoril, donde se sacan los arbustos y quedan los árboles
grandes. Y el otro 50 % son desmontes sin autorización, y en todos
los casos se iniciaron sumarios. Esos campos están cautelados, por
lo que no los pueden vender ni producir", expuso Abel Rosales,
director de Bosques del gobierno provincial, y enfatizó que "con
el 5 %" de los fondos que debieron haber recibido por ley de
Nación para fomentar el uso sustentable de los bosques lograron
"reducir un 80% el desmonte", al pasar de una deforestación
de 113.000 hectáreas anuales para el período 2008-2011 a las 26.000
de 2016.
Cinco planes
oficiales para proteger los bosques
El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable trabaja en cinco planes, aún en
etapa experimental, para proteger los bosques nativos y colaborar con
la restauración de aquellos degradados.
Por un lado
impulsa que los dueños de campos con bosques tipificados como
amarillos (con alguna degradación y que pueden ser restaurados)
adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un
plan de producción que permite la plantación de forrajes, pero en
espacios limitados, que autoriza el aprovechamiento forestal con
zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años. El sistema
exige un área de reserva de biodiversidad del 10 % del predio. Ya hay
unos 50 productores interesados o con experiencias avanzadas.
Otro plan piloto
es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con ocho
experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos
Aires, Chubut y Santiago del Estero.
La tercera
estrategia busca lograr que las explotaciones forestales incorporen
mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e
inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya
hay dos experiencias en marcha, una en la cuenca de Monte Quemado, en
Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
Finalmente, el
ministerio busca que los propietarios de chacras con bosques
desarrollen prácticas para prevenir incendios y trabaja en un plan
enfocado en financiar la implementación de programas de manejo en
áreas protegidas bajo la categoría roja, la de máxima protección
de bosques.
"Los cinco
lineamientos están en etapa experimental. Los tres primeros, con
experiencias concretas que nosotros estamos financiando. La
expectativa es que a partir del año que viene y el siguiente se
puedan instrumentar con lineamientos bien claros", aseguró
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente.
Fuentes:
Javier Drovetto, Deforestación: pese a que tuvo el nivel más bajo en 2016, alertan que sigue siendo alta, 02/11/17, La Nación. Consultado 03/11/17.
Desmonte cero: el gobierno nacional fijó esa meta para 2030, 02/11/17, La Nación. Consultado 03/11/17.
Cinco planes oficiales para proteger los bosques, 02/11/17, La Nación. Consultado 03/11/17.
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