por Mauricio
Giambartolomei
El 7 de julio de
2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la
Nación, la provincia y la Ciudad limpiar el Riachuelo, la cuenca más
contaminada de la Argentina, pero el saneamiento parece cada vez más
lejano y el futuro asoma desolador. Eso es lo que se desprende de un
informe elaborado por las organizaciones sociales y ambientales que
forman el Cuerpo Colegiado al cumplirse nueve años de aquel fallo
por el que los titulares de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(Acumar) debieron responder ante el máximo tribunal en diciembre
pasado.
Cuestionamientos
sobre el control de vertidos y emisiones, la presencia de basurales a
cielo abierto, el plan de relocalización de las familias que viven
sobre el lecho del río y las dificultades para identificar la
población en riesgo, entre otros, son los puntos salientes del
documento firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace
Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y
la Asociación Vecinos La Boca.
"La
resolución adoptada por Acumar (Nº 46/2017) permite verter en el
agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), a la cual nuestro país
ha adherido", se lee en el documento difundido ayer. Desde el
organismo rechazaron esta acusación y argumentaron que se cumple con
la ley nacional 26.011 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,
que obliga a fijar medidas para reducir o eliminar la producción y
uso de los distintos productos químicos.
"Es una de
las deudas ambientales más grandes del país. Y es el reflejo claro
del fracaso de las políticas que heredamos. La intervención de la
Justicia es una prueba de que esa forma de hacer política fracasó.
Hoy, vemos el fracaso cada vez que caminamos la cuenca",
argumentó Dorina Bonetti, directora general de Gestión Política y
Social de Acumar.
De acuerdo con
las organizaciones sociales y ambientales, el cumplimiento del Plan
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo
Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo de 2010 que prevía la
construcción de 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy
bajo" y de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca sólo
fueron realojados una parte. Según indicaron, esta situación cuenta
con el agravante de que más de la mitad de los basurales a cielo
abierto que habían sido removidos volvieron a estar en actividad.
Para el Cuerpo
Colegiado, a casi una década del fallo de la Corte Suprema, no se
logró "identificar de manera específica la población en
riesgo" y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la
situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de
las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de
poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la
contaminación".
Acumar se
encuentra bajo la dirección de Gladys González desde diciembre de
2016 cuando reemplazó a Julio Torti. Hasta ese momento Acumar
dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación bajo la órbita de Sergio Bergman. González dejará su cargo
para asumir los compromisos de candidata a senadora.
"Pasa el
tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%.
Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que
esto es una sentencia judicial", dijo el presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti, en diciembre de 2016 durante la
audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se
rindan cuentas sobre el fallo de 2008.
El diagnóstico
de los funcionarios de la Acumar fue alarmante: un tercio de los
chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la
Villa Inflamable, con problemas psicomotores; 5200 millones de
dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su
destino, y sólo el 20% de la sentencia cumplida.
Dos siglos de
promesas
Los planes de
limpieza comenzaron hace 200 años
1811 El Primer
Triunvirato se compromete a limpiar el Riachuelo debido a la
contaminación producida por curtiembres, mataderos y saladeros. Fue
la primera promesa.
1987 Los
gobiernos de la Nación, Provincia y Ciudad firman un convenio para
resolver, en 20 años, los problemas ambientales con una inversión
de 1000 millones de dólares.
1993 María Julia
Alsogaray, por entonces secretaria de Ambiente y Recursos Naturales,
prometió la limpieza y saneamiento del Riachuelo en 1000 días.
2008 La Corte
Suprema ordena que los tres gobiernos lleven adelante las tareas de
saneamiento.
Fuentes:
Mauricio Giambartolomei, Riachuelo: fuertes críticas al organismo encargado de sanearlo, 08/07/17, La Nación. Consultado 08/07/17.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Fin de Jornada" del artista Vicente Bento.
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