La
iniciativa de instalar una planta nuclear en la zona atlántica de la
provincia de Río Negro permitirá verificar si el diálogo y el
debate tienen lugar dentro de las prácticas institucionales del
presente.
Asegurar
que los asuntos públicos sean resueltos conforme una discusión que
involucre a todos los potencialmente afectados por la decisión que
vaya a tomarse resulta una prueba de madurez política nada
desdeñable.
La
discusión pública permite el traspaso de información y propuestas
que son así sometidos a la opinión de los intervinientes en ese
intercambio.
Ella
requiere, sin embargo, que el acceso y las oportunidades de hacerse
escuchar sean iguales, y que no medien discriminaciones o coacciones
que limiten la voz de los implicados.
Según
el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la democracia
representativa, con su consabida elección de representantes
políticos, no basta para resolver los problemas relativos a la toma
de decisiones públicas.
Y tal
cosa por cuanto hay perspectivas de la realidad, aspiraciones e
intereses sectoriales, que no pueden incorporarse a través de la
sola acción de esos representantes políticos.
La
toma de decisiones políticas, según quienes postulan una democracia
deliberativa, se enriquece a través de la participación directa de
los propios grupos interesados en la temática de que se trate.
Por
ejemplo, para un adecuado trato legislativo relativo a las personas
discapacitadas, es indispensable contar con la voz y participación
de aquellas.
No
hacerlo, en tanto tema que los afecta directamente, puede conducir a
que la decisión final no contemple sus intereses y necesidades.
Las
formas de democracia participativa, a su vez, también suponen un
incremento sustancial de los espacios de involucramiento por parte de
los ciudadanos.
Tal
cosa se ha venido produciendo, en términos institucionales, mediante
la incorporación de las formas semidirectas de democracia, a modo de
referendos, plebiscitos, consultas populares y revocatorias de
mandato.
Luego,
mediante el dispositivo de las audiencias públicas, que ponen al
alcance de los miembros de una comunidad distintas posibilidades de
intervención durante los procesos de toma de decisión.
En
nuestro país, el derecho público provincial se anticipó al
nacional al receptar medios para canalizar la participación
ciudadana en las constituciones.
Prueba
de ello resulta el artículo 2º de la Constitución de la Provincia
de Río Negro, que estipula: “El poder emana del pueblo, quien
delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades
legalmente constituidas, con excepción de los casos del referéndum,
consulta, iniciativa y revocatoria populares”.
Suiza
y California son dos lugares emblemáticos en donde se ensayan modos
de la democracia directa, a través de referendos e iniciativas
populares vinculantes, que de algún modo condicionan la política
del Ejecutivo.
El
pueblo suizo, por ejemplo, goza del derecho de someter a referéndum
cualquier ley que aprueben sus representantes estatales, autonómicos
o municipales.
En
California, durante los años sesenta, el número de consultas
populares fueron nueve; en los noventa llegaron a 61 y desde 2000 a
2010 alcanzaron las 74.
En
nuestro ámbito cultural se destaca la experiencia uruguaya. Allí,
mecanismos inherentes a la democracia directa están a disposición
del Poder Ejecutivo, y también de la voluntad popular y de la del
parlamento.
A
punto tal de haber actuado como un notable factor de legitimación
política.
Suele
argumentarse que la participación colectiva complejiza y hace más
lentos los procesos de tomas de decisiones. Sin embargo, el criterio
para medir la calidad de las opciones políticas no debiera ser el
mismo que rige las adoptadas a nivel empresarial.
Las
más importantes medidas políticas merecen ser socialmente legítimas
y justifican mayores esfuerzos y tiempo en los procesos decisorios.
No sería conveniente perder de vista que, en muchos casos, son
momentos de aprendizaje colectivo que sirven para potenciar la
construcción de un determinado bien común.
Las
más importantes medidas políticas merecen ser socialmente legítimas
y justifican mayores esfuerzos y tiempo en los procesos decisorios.
Fuentes:
Martín Lozada, Desafío democrático ante la cuestión nuclear, 12/06/17, Río Negro. Consultado 13/06/17.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Nuclear Marsh" del artista Wolfang Ertl.
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