por Raquel
Montón
La
catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi en 2011 puede sonar a
historia antigua en un mundo donde las noticias sobre desastres y
tragedias no cesan. Pero para las víctimas del peor desastre nuclear
de toda una generación, la crisis está lejos de terminar. Y son las
mujeres y la infancia las que han soportado el peso de las
violaciones de los derechos humanos que se derivan de ella, tanto en
el período inmediatamente posterior como por el resultado de la
política de reasentamiento del gobierno de Japón.
Japón
ha ratificado varios tratados internacionales que reconocen el
derecho a la salud como un derecho humano fundamental, que se define
como el “disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”, e incluye el derecho a la información y a la participación
como principios integrales de defensa de este derecho. Las personas
deben ser capaces de tomar decisiones informadas sobre sus decisiones
de política de salud y de influencia que les afectan.
Sin
embargo, a raíz del accidente, la política nuclear y la
planificación de emergencia no siguieron las advertencias del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ya había
advertido al gobierno en 2001, y que condujo a la violación directa
de los derechos de mujeres y de los niños y niñas. Y mientras que
las injusticias que afrontaron en el período inmediatamente
posterior al desastre fueron el resultado de la falta de políticas y
la falta de acción legislativa durante una la década anterior, las
violaciones de los derechos humanos como resultado de la política de
reasentamiento que ha sido desarrollada bajo el actual primer
ministro de Japón, Shinzo Abe, es calculada y deliberada.
Las
mujeres afectadas de Fukushima se enfrentaron con mayores obstáculos
para hacer frente a los impactos del desastre debido a una gran
brecha de género que existe en la sociedad japonesa. De hecho, en el
último ranking de los 34 países de la OCDE sobre la brecha salarial
de género, Japón se coloca en tercer lugar por detrás de Corea del
Sur y Estonia.
A
pesar de estos obstáculos financieros y sociales, muchas mujeres se
separaron de sus maridos, o incluso se divorciaron, cuando estos
optaron por permanecer en la región contaminada. Ellas se marcharon
con sus hijas e hijos, en un esfuerzo para protegerlos.
Por
todo ello hacen frente a un mayor riesgo de pobreza y son más
vulnerables a las presiones económicas, y es esta debilidad
económica la que el Gobierno de Abe está explotando ahora.
A
miles de supervivientes de Fukushima que se encuentran fuera de las
zonas designadas les será retirado el apoyo a la vivienda este mes.
El gobierno también se levantará las órdenes de evacuación en
algunas de las áreas más contaminadas este mes y el que viene, a
pesar de que los niveles de radiación todavía son muy superiores a
las metas de descontaminación a largo plazo, y al año que viene
perderán su derecho a los pagos de compensación.
De
acuerdo con los datos más recientes del gobierno, miles de los que
pierden el apoyo a la vivienda este mes no tendrán otro lugar a
donde ir. Esto significa que pueden verse obligados a regresar a las
zonas contaminadas, a pesar de que no quieren.
Eso
no sólo es una violación directa de sus derechos en virtud de las
obligaciones de los tratados internacionales, sino que también viola
el propio derecho japonés. En junio de 2012, el Parlamento japonés
aprobó por unanimidad los “actos de apoyo a las víctimas de
desastres nucleares”. La ley define claramente los compromisos del
gobierno con los supervivientes de Fukushima, incluyendo el apoyo
siempre y cuando es necesario, el derecho de las víctimas a elegir
libremente dónde vivir, y la obligación de tener en cuenta la mayor
vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y la infancia.
Pero
siendo clara, el reasentamiento es un cínico esfuerzo para evitar
una zona de exclusión a largo plazo, como la que existe en
Chernobyl, que sirve de recordatorio constante de que un desastre
nuclear causa un daño irreparable a vastas extensiones de tierra. En
Japón y en todo el mundo, la industria está desesperadamente
trabajando para crear una falsa realidad respecto a que la
contaminación puede ser eliminada y la vida de la gente puede
volver a la normalidad.
Se
realizaron grandes inversiones en las llamadas zonas de
“descontaminación”. Se dió prioridad a las Zonas evacuadas,
donde hay pocas posibilidades de éxito, y sin embargo en aquellas
áreas donde la gente todavía estaba viviendo, y la
descontaminación podrían haber tenido un impacto real en la
reducción de la exposición, no han sido prioritarias. Como
resultado, los puntos calientes en estas áreas pobladas se siguen
encontrando años después del desastre.
En
Iitate, que se encuentra a 30-50 km al noroeste de los reactores
accidentados y que está fuertemente contaminado por el desastre, los
esfuerzos de descontaminación tienen pocas posibilidades de éxito.
Aunque en la web del Ministerio de Medio Ambiente se declare que la
descontaminación de Iitate se ha completado en un 100 %, en realidad,
sólo el 24 % de Iitate ha sido intervenido (5600 ha sobre un total de
23.013 ha que tiene el municipio). El 76 % restante son bosques
montañosos que no pueden ser descontaminados, y que contaminaran las
zonas “limpias”. Sin embargo las órdenes de evacuación en gran
parte de Iitate serán levantadas a finales de este mes.
Mientras
que la exposición a la radiación ionizante supone un riesgo para
todas las personas, los estudios de los supervivientes de las bombas
atómicas y exposiciones a la radiación médica muestran claramente
que las mujeres y la infancia tienen mucho más riesgo de sufrir
efectos sobre su salud.
Pero
las mujeres no han sido víctimas silenciosas en todo este sistema
terriblemente injusto. Lo que los procesos políticos les han
negado, ellas lo están peleando en los tribunales. Las madres de
Fukushima madres que se evacuaron están viviendo por todo Japón, y
son miles de demandantes en pleitos para luchar por la continuación
del apoyo a la vivienda, por una indemnización justa, por la
rendición de cuentas por parte de TEPCO y del gobierno, e incluso en
los casos criminales contra TEPCO.
Ellas
han estado en la vanguardia de la organización de la resistencia -de marchas a las acciones directas no violentas. A la vista de sus
pocas probabilidades han demostrado realmente una impresionante
capacidad de recuperación y el liderazgo. Y Greenpeace como
comunidad internacional se coloca con ellas. Haciendo un llamamiento
al gobierno de Abe a tomar medidas urgentes para proteger a las
mujeres afectadas de Fukushima y los derechos humanos de la infancia.
Hemos enviado una carta conjunta con las organizaciones de la
sociedad civil japonesas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
pidiendo que relatores especiales evalúen la situación actual de
los supervivientes de Fukushima.
Y
vamos a seguir luchando junto a ellas por sus derechos, por la
justicia, y por un futuro libre de nucleares, saludable y sostenible.
Raquel Montón es responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace
Fuente:
Raquel Montón, Fukushima, 6 años de sufrimiento y errores, 11/03/17, Público.es. Consultado 16/03/17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario