Nuevos
ataques a la naturaleza latinoamericana por parte de gobiernos de
esta región están sucediendo sin respiro. En Brasil, la bancada
ruralista en el congreso promueve cambios a la ley de demarcación de
tierras indígenas y cambiar la ley que prohíbe la caza de especies
silvestres. En Ecuador, el estado reprime pueblos originarios para
expulsarlos de sus tierras con el objetivo de establecer allí un
gran emprendimiento minero. Y en Chile, los incendios forestales
sirven de excusa al estado para culpar a los pueblos Mapuches y
ocupar con fuerzas militares sus comunidades.
por
Laura Borsellino
Chile:
Mapuches e intereses forestales
Los
incendios forestales que están arrasando con grandes áreas de los
bosques del centro de Chile están siendo utilizados por algunos
sectores de la sociedad como argumento para criminalizar y reprimir a
los pueblos Mapuches. Sin prueba alguna y utilizando medios como
Twitter y Facebook, personajes como el ex-comandante en Jefe de la
Armada chilena, Edmundo González, difundió a través de su cuenta
un mensaje de “indignación” por los incendios. Allí dio a
entender que serían provocados intencionalmente por pueblos
originarios como acto de “reivindicación”. Estas insinuaciones
hechas sin respaldo alguno de pruebas certeras provocaron la
inmediata respuesta de los usuarios de la red que no tardaron en
exigirle que demuestre los fundamentos de la acusación, y de paso,
recordarle su ausencia durante el terremoto del 2010.
Lo
más grave es que la avanzada militar contra los pueblos mapuches no
termina en los mensajes virtuales, sino que el Estado envía tropas
del ejército a ocupar territorios donde habitan comunidades
originarias y donde no se verifican focos de incendio que lo
justifiquen. Hechos de este tipo fueron reportados por la Comunidad
Autónoma de Temucuicui, originarios de la zona de Ercilla. Las
tropas entran con uniforme y armamento de guerra e intimidan a los
pobladores, según denunció a una radio el werken (vocero), Jorge
Huenchullan. El gobierno chileno se excusa en la declaración de
Estado de Catástrofe para imponer el estado de excepción y permitir
el ingreso de las fuerzas militares para “colaborar” en las
regiones del Maule, Biobió y la Araucanía, a causa de los incendios
forestales registrados en estas áreas.
Ecuador:
El pueblo shuar contra megaminería
En
Ecuador las cosas no están para nada mejor. El país que en su
Constitución Nacional reconoce “derechos a la naturaleza”, ahora
parece estar más decidido a desconocerlos. En agosto del año
pasado, las fuerzas represivas del Estado desalojaron de manera
violenta a los pobladores de la comunidad Nankints, ubicada en la
zona sur de la cordillera del Cóndor, para dar lugar a la
construcción del campamento de la minera china ExplorCobres (EXSA).
El pasado 21 de noviembre de 2016, disparando perdigonazos al aire,
miembros de la comunidad Shuar ocuparon las instalaciones de la
empresa. Al día siguiente, el Gobierno respondió militarizando el
área y los desalojó. Como informó SERVINDI, la consecuencia de
este atropello sobre el pueblo indígena fue de varios detenidos y la
muerte -en circunstancias poco claras- de un policía.
Por
lo pronto, lo único que ha dejado este emprendimiento minero en
Ecuador es una polarización social que terminó enfrentando al
Estado ecuatoriano con el pueblo Shuar, al que criminaliza y
responsabiliza por la muerte del policía. En este punto, desde el
gobierno también se intentó denunciar que los indígenas conforman
"grupo para-militares y semi-delincuentes". Asimismo, el
Ministerio del Interior de Ecuador, en sintonía con la corporación
ExplorCobres, solicitó la disolución de la reconocida organización
"Acción Ecologista" por apoyar la lucha de los Shuar
contra la megaminería. Sin embargo, a partir de la gran presión
internacional realizada la ONG, el Ministerio de Ambiente terminó
desestimando la medida. Por el momento el proyecto minero se
encuentra suspendido pero el Gobierno demuestra voluntad de seguir
adelante con el emprendimiento.
Brasil:
El agronegocio sobre tierras indígenas
En
Brasil, el gobierno golpista de Michel Temer no pierde un segundo
para saciar su codicia sobre la naturaleza. Mediante el Ministerio de
Justicia, pretende cambiar la demarcación de tierras indígenas,
transfiriendo la responsabilidad de las normas para efectuar la
delimitación del FUNAI (Fundación Nacional del Indio) hacia el
Congreso, donde los grupos parlamentarios ligados a los intereses
empresariales agropecuarios son muy fuertes.
Diversas
organizaciones ligadas a los derechos humanos, pueblos indígenas y
educadores de Brasil repudiaron esta lamentable decisión del
gobierno. Denunciaron la ausencia de diálogo con el Consejo nacional
de Política Indigenista y el no cumplimiento del derecho a consulta
libre, previa e informada como retrocesos flagrantes a la legislación
de Demarcación de tierras indígenas, lo que sin dudas contribuirá
a la ampliación y perpetuación de los ya muchos conflictos
territoriales que existen en la región.
Caza
de especies silvestres en Brasil
Otra
Ley que se encuentra en peligro de ser cambiada es la que regula la
caza de especies silvestres en Brasil. Prohibida desde 1967, la caza
de animales silvestres nunca dejó de existir en la región y es uno
de los principales factores que ponen en riesgo a las poblaciones de
animales nativos amenazados. Pero el diputado Valdir Colatto
(PMDB-SC), miembro de la bancada ruralista, a través de la cámara
de diputados, tramita un proyecto que prevee la regulación del
manejo, control y ejercicio de la cacería en el país. Conocido como
“Projeto de Lei 6268/16”, revocaría la ley de protección de
fauna 5.197/67, que prohíbe el ejercicio de caza profesional.
El
argumento más fuerte a favor de la nueva ley es que se hace
necesario regular a las poblaciones de animales exóticos,
principalmente el jabalí, que fue introducido desde Europa a América
Latina y está causando serios problemas a nivel ambiental. Sin
embargo, Ambientalistas y grupos organizados en defensa de los
animales se han expresado en contra de esta propuesta y ya están juntando firmas online para impedir que la ley sea sancionada, Estas
organizaciones entienden que fomentar que la población practique la
caza de animales silvestres es una medida arriesgada e inmoral, que
va contra los esfuerzos que se realizan para promover el bienestar
animal y permitirá que se legalicen otras atrocidades que ellos
vienen denunciando hace mucho tiempo, como la cría y utilización de
perros para la caza de jabalíes que terminan heridos y abandonados,
o la caza de animales protegidos que no podrá ser controlada.
Para leer el resto del artículo dirigirse a ComAmbiental
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