Suscribieron un acta por la que se permite nuevamente la fabricación de dióxido de uranio. A la firma se le posibilita operar por dos años más.
La Municipalidad
de Córdoba y la empresa Dioxitek llegaron a un acuerdo en la
Justicia federal por el que se permite que se retome la producción
de dióxido de uranio en la planta de Alta Córdoba.
La empresa
Dioxitek es propiedad, en el 99 por ciento de sus acciones, de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Y el uno por ciento
es de la provincia de Mendoza.
La planta de
Rodríguez Peña al 3200, de barrio Alta Córdoba, permanece cerrada
desde el 10 de noviembre del año pasado, cuando la Municipalidad de
Córdoba colocó la faja de clausura definitiva por violar la
ordenanza N° 8.133 de uso de suelo, que prohíbe ese tipo de
industrias en la ciudad.
Allí se produce
dióxido de uranio, que luego se envía a Ezeiza (Buenos Aires) para
la elaboración del combustible de las centrales nucleares
argentinas.
En ese momento,
venció el plazo de un acuerdo suscrito con el exministro de
Planificación Federal, Julio de Vido, en 2012, por el cual la planta
se debía trasladar.
Así se empezó a
construir una nueva fábrica en la provincia de Formosa, que hoy
presenta un avance del 40 por ciento. Se confía en que en dos años
estará lista.
Según informaron
fuentes municipales, a principios del año pasado, Dioxitek y la Cnea
pidieron a la Justicia federal una declaración de derecho.
En ese marco, el
municipio asegura que llegó a un acuerdo, en el que el juez federal
Miguel Vaca Narvaja es garante, por el que se permite retomar la
producción del dióxido de uranio.
Como contraparte,
la empresa se “obliga a cumplir con el retiro completo de servicio”
de la planta en un plazo de 24 meses desde diciembre pasado.
Transcurrido ese tiempo, “se revaluará una eventual prórroga”.
En 60 días, se
deben definir las etapas del cierre, cuya factibilidad debe ser
aprobada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) “u otro
organismo técnico” que acuerden las partes.
También se
retoma el acuerdo de 2012, por lo que se obliga a avanzar en el
“retiro definitivo” de Dioxitek y del chichón de uranio. Son 58
mil toneladas de residuos con radiación baja enterradas en un predio
contiguo.
Otro de los
puntos del convenio es que Dioxitek tiene 90 días para acreditar que
la Nación dispone de los recursos económicos para la clausura de la
planta y la remediación del chichón.
En caso de
incumplimiento, se puede rescindir el acuerdo.
La empresa y la
Cnea se comprometen a proveer de 400 luminarias solares para instalar
en plazas y a realizar los trámites para que la Nación done al
municipio el predio ubicado frente a la excervecería Río Segundo,
donde hay un enorme basural y se expande un asentamiento. Allí, la
CNEA y Dioxitek deben construir y equipar un parque, según dice el
acuerdo judicial.
Sexta promesa
Se trata de la
sexta promesa de la empresa de relocalizar la planta de dióxido de
uranio. La primera vez fue en 1994. Desde entonces, en otras cuatro
oportunidades (1997, 2004, 2006 y 2014) se anunció la mudanza.
En la
Municipalidad aseguran que la Justicia podía considerar a Dioxitek
como “establecimiento de utilidad nacional” y limitar la acción
sobre el futuro del predio.
Sostienen que el
acuerdo establece un compromiso de cierre, clausura y posclausura de
la planta, además de la remediación del chichón, con un juez
federal como garante. También aseguran que el municipio tiene la
última palabra para permitir que se retome la producción y para
interrumpirla si el convenio no se cumple.
Se “permitirá”,
pero no se “habilitará”. 57 mil tn de desechos minerales de baja
radioactividad están enterrados en el predio de Alta Córdoba. Desde
hace una década, se espera la remediación ambiental.
Para creer sólo
cuando se haga la mudanza
Sólo será
creíble cuando se inaugure la planta en la provincia de Formosa y se
cuelgue el cartel de “cerrado” en la de Alta Córdoba.
por Diego
Marconetti
Desde noviembre
de 2014, cuando la Municipalidad de Córdoba realizó la “clausura
definitiva” -que ahora no es tal- de la planta de dióxido de
uranio de Dioxitek, se podía deducir lo que finalmente sucederá en
las próximas semanas: hasta que no haya otra fábrica para ese
insumo, las instalaciones de Alta Córdoba son indispensables.
Es que sin el
dióxido no se pueden fabricar los tubos de combustible que utilizan
las centrales nucleares argentinas. Hoy están activas Atucha I y II,
ya que Embalse está siendo repotenciada.
A finales de
2015, desde la empresa habían advertido que se contaba con un stock
limitado y que el material no puede ser importado, ya que se produce
“a medida” de los reactores nacionales.
En mayo pasado,
el Ministerio de Energía de la Nación dijo públicamente que quería
reactivar la producción en Alta Córdoba, ya que advertía que
todavía restaban al menos dos años para terminar la planta de
Formosa.
El final de la
historia, entonces, estaba cantado. Sólo restaba que se
materializara de manera tal que no parezca una marcha atrás, sino un
poco más de espera.
Se podría pensar
que el acuerdo en la Justicia es una salida elegante a una situación
que era insostenible, debido a que era imposible pensar que se
paralizaran las centrales nucleares por una decisión de la
Municipalidad de Córdoba.
Ahora, hay que
volver a esperar que la Nación cumpla el compromiso. Y la
desconfianza está totalmente justificada en los antecedentes de
acuerdos parecidos y que no se cumplieron. El primero, hace ya 23
años.
Sólo será
creíble cuando se inaugure la planta en la provincia de Formosa y se
cuelgue el cartel de “cerrado” en la de Alta Córdoba.
Fuentes:
Tras un acuerdo en la Justicia, Dioxitek volverá a producir en Alta Córdoba, 11/01/17, La Voz del Interior. Consultado 11/01/17.
Diego Marconetti, Para creer sólo cuando se haga la mudanza, 11/01/17, La Voz del Interior. Consultado 11/01/17.
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